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Poco antes de finalizar el pasado cierre de sesión legislativo, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 245, que busca crear una unidad adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales para fortalecer la acción del gobierno dirigida a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

La pieza legislativa que fue presentada por el representante José E. «Quiquito» Meléndez Ortiz, y llevada a votación el 1ro de noviembre de 2022, siendo aprobada con 46 votos a favor y un voto en contra, enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública. 

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La enmienda de ley dispone que el Negociado de Investigaciones Especiales y su Comisionado, tendrán como deberes y facultades el crear una Unidad dirigida a fortalecer la acción del Gobierno de Puerto Rico frente a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.  Además, autoriza al Comisionado para que, a nombre del Departamento de Seguridad Pública y el Gobierno, concierte convenios con el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América o con cualquier otro país, con el fin de aunar esfuerzos y/u obtener ayuda técnica sobre dicha explotación sexual comercial.

Esta nueva unidad de investigación deberá:

(i) Tener conocimiento de las características y dimensiones del fenómeno, que contribuya a identificarlo y a generar estrategias para su intervención a nivel estatal;
(ii) Contar con normas que regulen la protección integral de los derechos de la población afectada o en riesgo, así como con herramientas normativas específicas, armónicas entre si, en materia penal, administrativa y policial, que respondan a las características actuales de la problemática;
(iii) Garantizar atención integral, de calidad, eficaz y oportuna, que permita la restitución y reparación de los derechos vulnerados a las víctimas de la explotación sexual y comercial en todas sus formas;
(iv) Prevenir el problema, aumentando y fortaleciendo los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo tanto en la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, como en la sociedad en general;
(v) Articular esfuerzos entre las instituciones del Gobierno de Puerto Rico y las organizaciones no gubernamentales, las entidades de cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil para generar políticas públicas y trabajar por la erradicación del problema;
(vi) Incluir la participación activa e informada de niños, niñas y adolescentes y sus familias en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del problema, así como en todas las políticas, proyectos y programas relacionados con la problemática.

La propuesta pasó ante la consideración del Senado.