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Por el Lcdo. Carlos Chévere Lugo
El Tribunal Supremo emitió 32 fallos no unánimes en este período. La alineación más común tuvo a los seis jueces designados por republicanos en la mayoría y a los tres designados por demócratas en disenso, ocurriendo esto 11 veces, más dos fallos de 5-4 con los tres demócratas en disenso.
Muchas de las decisiones más importantes estuvieron entre los 11 casos con divisiones ideológicas de 6-3. La lección principal de casos como Rahimi y Trump v. US es que el compromiso de los jueces conservadores con la «historia y tradición» se detiene cuando esa metodología produce resultados reales que no les gustan.
Criminalización del sinhogarismo
En el caso de City of Grants Pass v. Johnson, el tribunal debía determinar si la aplicación de prohibiciones de acampar en público contra personas sin hogar involuntarias en Grants Pass, Oregón, viola la protección de la 8va Enmienda contra castigos crueles e inusuales. La mayoría conservadora del Tribunal encontró que no viola esta prohibición que las ciudades hagan cumplir prohibiciones de acampar en público, incluso cuando estas criminalizan a las personas sin hogar.
Este precedente podría permitir que ciudades y estados en todo el país criminalicen la indigencia mediante prohibiciones de acampar en público. El tribunal sostuvo que castigar a una persona por dormir en público, incluso si no tiene otra opción, castiga la conducta, no el estatus, y por lo tanto, Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962), que establece que es cruel e inusual criminalizar el estatus de una persona, no se aplica.
La jueza Sotomayor escribió una opinión disidente, diciendo: «Este Tribunal tiene un papel que desempeñar en la fiel aplicación de la Constitución para prohibir castigar la mera existencia de aquellos sin refugio. Mantengo la esperanza de que algún día en el futuro cercano, este Tribunal desempeñará su papel en la protección de las libertades constitucionales para los más vulnerables entre nosotros. Porque hoy el Tribunal abdica de ese papel, disiento respetuosamente».
Esta perspectiva esperanzadora invita a los lectores a considerar las implicaciones futuras de la decisión.
En Trump v. United States, el Tribunal debía determinar si un expresidente debe ser inmune a la persecución penal por conductas «alegadas como actos oficiales durante su mandato». El caso surgió de la acusación de Trump en 2023 por la insurrección del 6 de enero de 2021. Trump argumentó que no podía ser procesado por «actos oficiales como presidente» a menos que primero fuera destituido por la Cámara y condenado por el Senado (fue destituido por la Cámara dos veces pero nunca condenado por el Senado).
La mayoría conservadora del Tribunal dictaminó que los presidentes son «absolutamente» inmunes a la persecución penal cuando sus acciones implican actos oficiales mientras están en el cargo. La decisión del Tribunal «dejó abierta la posibilidad de que los cargos presentados contra el expresidente Donald Trump por el fiscal especial Jack Smith – alegando que Trump conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 – puedan seguir adelante en la medida en que los cargos se basen en su conducta privada, y no en sus actos oficiales».
Distritos electorales
En Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACP, el Tribunal debía determinar si el mapa de redistribución de distritos de 2022 de la legislatura de Carolina del Sur, que efectivamente movió a decenas de miles de votantes negros a un distrito diferente, constituye una manipulación de distritos racial, incluso si los legisladores afirmaron que su intención era una manipulación política.
La mayoría conservadora del Tribunal revirtió la decisión anterior de un tribunal de primera instancia que había encontrado que el mapa de redistribución de distritos era inconstitucional por ser una manipulación racial. La decisión del Tribunal permite que el estado de Carolina del Sur continúe utilizando su mapa congresional de 2022. También dificultará exponencialmente que los votantes desafíen la manipulación de distritos racial en los tribunales federales. El Tribunal continúa con su jurisprudencia antidemocrática.
En Fischer v. U.S., el Tribunal debía determinar si un tribunal de distrito en D.C. aplicó adecuadamente el 18 U.S.C. § 1512(c)(2) al procesar a individuos por obstrucción de justicia relacionada con la insurrección del 6 de enero de 2021. La mayoría conservadora del Tribunal falló a favor de Joseph Fischer, un exoficial de policía que apeló al Tribunal para desestimar su cargo de obstrucción por unirse a la insurrección del 6 de enero de 2021.
El Tribunal encontró que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia no pudo probar que Fischer había violado el 18 U.S.C. § 1512(c)(2), sosteniendo que el gobierno debe «establecer que el acusado impidió la disponibilidad o integridad para uso en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo». El fallo del Tribunal podría tener un impacto en los cientos de acusados del 6 de enero, incluido Trump, que han sido acusados de obstruir un procedimiento oficial en el esfuerzo por impedir la certificación de la victoria electoral de Biden por parte del Congreso. El Tribunal restringió la aplicación del estatuto a registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial.
En Food and Drug Administration v. Alliance for Hippocratic Medicine, el medicamento para el aborto mifepristona fue impugnado por el grupo antiaborto Alliance for Hippocratic Medicine. El grupo argumentó que las aprobaciones de la FDA de 2016 y 2021 de mifepristona eran «arbitrarias y caprichosas».
El Tribunal dictaminó por unanimidad que Alliance for Hippocratic Medicine carecía de legitimación legal para demandar a la FDA por su aprobación de mifepristona y sus acciones recientes para aumentar el acceso del consumidor al medicamento. Este caso había amenazado con restringir el acceso a mifepristona en todo el país, incluyendo en los estados donde el aborto sigue siendo legal.
Un alivio por razones diversas el fallo del Supremo federal sobre la píldora abortiva
Regulación federal
En Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Relentless v. Department of Commerce, el Tribunal debía resolver un desafío a la doctrina Chevron, un precedente de 40 años establecido por Chevron v. Natural Resources Defense Council que afecta cómo todas las agencias federales llevan a cabo leyes.
La mayoría conservadora del Tribunal falló a favor de las pesquerías que presentaron el caso, con el presidente del Tribunal Roberts escribiendo para la mayoría, «Los tribunales deben ejercer su juicio independiente al decidir si una agencia ha actuado dentro de su autoridad estatutaria».
¿Qué decidió el Supremo federal sobre la doctrina de Chevron y qué significa para Puerto Rico?
Como señaló la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, la decisión del Tribunal en este caso «podría poner en duda miles de regulaciones que afectan los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la seguridad aérea, la protección al consumidor, la atención médica, la educación y muchos otros aspectos de la vida. Y las disputas sobre estas regulaciones pasarán mucho más tiempo en los tribunales, entorpeciendo el proceso y obligando a los jueces a desempeñar el papel de expertos en políticas».
Armas
En Garland v. Cargill, el Tribunal debía determinar si la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos excedió su autoridad estatutaria al emitir una regla de la era Trump que clasificaba un dispositivo de conversión de arma como una «ametralladora».
La mayoría conservadora del Tribunal sostuvo que los dispositivos de conversión no cumplen con la definición de una ametralladora y que la ATF excedió su autoridad estatutaria al emitir la regla. La prohibición federal de los dispositivos de conversión había sido aprobada por el expresidente Trump después del tiroteo masivo en Las Vegas en 2017, que mató a 58 personas. En una disidencia, la jueza Sotomayor escribió que el fallo de la mayoría «tendrá consecuencias mortales. Cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, llamo a ese pájaro un pato. Un rifle semiautomático equipado con un dispositivo de conversión dispara automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, con una sola función del gatillo. Porque yo, como el Congreso, llamo a eso una ametralladora, disiento respetuosamente».
Mientras, en U.S. v. Rahimi, la Corte tenía la tarea de determinar si es una violación de la Segunda Enmienda prohibir la posesión de armas de fuego por individuos sujetos a órdenes de restricción por violencia doméstica.
En una decisión de 8-1, la Corte confirmó una ley federal que prohíbe a cualquier persona sujeta a una orden de restricción por violencia doméstica poseer un arma, encontrando que la ley no viola la Segunda Enmienda de la Constitución. En su opinión, la Corte también proporcionó orientación a los tribunales inferiores para aplicar el fallo del año pasado en New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen, en el que encontraron que las personas en los EE. UU. tienen el derecho individual de poseer y portar armas en público para autodefensa.
El presidente del Tribunal Supremo Roberts señaló la aplicación histórica de la Segunda Enmienda en su opinión, escribiendo que «las leyes sobre armas de fuego siempre han incluido disposiciones que impiden que los individuos que amenazan con dañar físicamente a otros usen indebidamente las armas de fuego».
Protesta
En el caso Mckesson v. Doe, un oficial de policía afirmó que el activista por los derechos civiles Deray Mckesson debería ser responsable de las lesiones personales que sufrió después de que un individuo desconocido (que no era Mckesson) le arrojara un objeto durante una protesta tras el asesinato policial de Alton Sterling en 2016 en Luisiana.
La Corte se negó a escuchar el caso, lo que habría afirmado la protección de la Primera Enmienda para los líderes y organizadores de protestas de ser considerados responsables si un tercero presente en una protesta hiciera algo ilegal. La negativa de la Corte a escuchar el caso confirmó el fallo del Quinto Circuito, que efectivamente limitó el derecho a organizar una protesta masiva en Luisiana, Mississippi y Texas.
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