La sociedad desde las estadísticas de un tribunal

25 de abril de 2024
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Por Daniel Rivera Vargas 

El Poder Judicial de Puerto Rico publicó recientemente el Anuario Estadístico correspondiente al año fiscal 2021-2022. El informe compila en un solo documento información estadística validada sobre una gama de asuntos relacionados con la actividad judicial durante el año fiscal.

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Del informe se desprende que las decisiones de los jueces del Tribunal de Primera Instancia son revocadas en el Tribunal de Apelaciones cerca de un 20% y son confirmadas cerca de un 30%.

Sin embargo, el Anuario Estadístico no ofrece explicaciones sobre los resultados porque es un instrumento en el cual se agrupa información variada respecto a lo que pasa en los tribunales de Puerto Rico.

Del mismo modo, en una de las 130 páginas del documento se detallan las cantidades de casos resueltos durante un periodo de cinco años, junto con cifras relacionadas con diversas categorías, comenzando por los casos confirmados y revocados. Durante el periodo 2021-2022, el Tribunal de Apelaciones resolvió un total de 3,633 casos.

De estos, 1,170 decisiones de instancia fueron confirmadas y 693 fueron revocadas. Aunque el Poder Judicial no proporciona el porcentaje exacto, esto representa aproximadamente el 32% de los casos confirmados y el 19% de los revocados. En ese periodo se presentaron ante el Tribunal de Apelaciones unos 3,293 casos.

El año en que se presenta una apelación o cualquier recurso judicial no tiene que coincidir con el momento en que el caso se resuelve o concluye, por que un caso puede tomar varios años en resolverse luego de que se presenta Alrededor del 50% de los casos resueltos en el Tribunal de Apelaciones caen en otras categorías, como denegados, desestimados, desistidos, archivados, trasladados, modificados, mandamus expedidos o casos certificados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Estas diversas categorías responden a variedad de razones y no necesariamente que es un resultado adverso para alguna de las partes. Estas categorías pueden implicar asuntos tan variados como que el caso se transó, que las partes perdieron interés en continuar litigando, que el caso se cambió de sala, entre otras.

Otro dato destacable es que en el Tribunal de Primera Instancia se pueden resolver, en un año, aproximadamente 49,222 casos civiles, como ocurrió en el periodo 2021-2022. Sin embargo, durante ese mismo periodo, quedaron pendientes otros 27,176 casos. De estos casos civiles, se archivaron 13,158 debido a razones como desestimación, desistimiento o inactividad, entre otros.

La principal causa de acción civil son las declaratorias de herederos, con 21,026 casos presentados.

Asimismo, en cuanto a las pensiones alimentarias, se informa que se registraron un total de 7,609 casos nuevos durante el periodo 2021-2022. Según los datos proporcionados, la pensión alimentaria aumentó en 1,481 casos y se mantuvo igual en 2,022 casos. Además, hubo 509 reclamaciones de pensión que no prosperaron.

En relación a los casos penales, también se aproximaron a los 30,000 durante el año. Específicamente, durante el periodo 2021-2022, se registraron 32,423 casos pendientes de resolución, de los cuales 8,693 quedaron pendientes al concluir ese año fiscal. Sin embargo, se logró resolver un total de 20,730 casos, con 12,141 condenas y 7,124 casos archivados.

«Faltas» de menores

En el renglón de «faltas», que es la jerga que se usa para los delitos cuando los presuntos infractores son menores de edad, llama también la atención que, solo en el periodo 2021-2022, hay dos niñas -ambas son descritas como féminas- de 9 años de edad o menos que han sido llevados al Tribunal de Primera Instancia.

Las estadísticas dan cuenta de que uno de estos casos es por hurtar mercancía de un establecimiento comercial y el otro por resistencia a la autoridad. Los varones comienzan a aparecer en la próxima categoría de menores, los que tienen 10 a 13 años de edad, cuando hubo 49 varones y 10 féminas llevadas a un Tribunal de Primera Instancia por una «falta».

A diez de esos menores se le imputo faltas por Ley de Armas, ocho por agresiones sexuales y nueve actos lascivos, pero hay uno por tentativa de asesinato. Todos los infractores en estos casos son varones.

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