A través de los años las consecuencias del cambio climático en Puerto Rico han representado violaciones de derechos humanos, provocando, a su vez, que suframos las consecuencias del impacto de la falta de energía, de la contaminación ambiental, de índices de calor exagerados, debido al efecto del calentamiento global y la falta de voluntad política para atender este asunto.

Verónica González Rodríguez,  activista, abogada, y profesora universitaria conversó con Microjuris durante el Día Internacional de la Madre Tierra, el cual se celebra hoy, 22 de abril del 2022, y aseguró que la justicia ambiental debe ser una prioridad para Puerto Rico así como la necesidad de reevaluar el término legal de la zona marítimo terrestre.

"La justicia ambiental es un reclamo principalmente político, que se basa en el reconocimiento de que no todas las personas se afectan por la crisis ambiental y tampoco se afectan de la misma forma. Es un poco de reacción al gobierno como a los movimientos ambientales, que tal vez antes priorizaban otro tipo de esfuerzos de que los problemas ambientales no nos afectan a todos. En esa idea se basaban originalmente, y no era cierta. Las personas que más se afectaban ya eran personas que se encontraban en estados vulnerables como personas pobres, marginadas y con diversidad funcional, que el estado ni el movimiento ambiental estaban atendiendo esa realidad. El movimiento ambiental viene del concepto de derechos civiles", destacó la licenciada.

Pero, ¿qué es la justicia ambiental? La justicia ambiental es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas ambientales.

"Parte, entonces, de los reclamos se vuelven dos vertientes principales. La principal es que se tienen que reducir los impactos ambientales para asegurar que las personas no se afecten, la idea no es distribuirlo mejor, sino eliminarlo. También existen unos reclamos que son procesales en la participación de la toma de decisiones", agregó la abogada.

González Rodríguez aseguró que es importante que las comunidades sean parte esencial en la toma de decisiones que las afectan. Dijo que es importante que lo puedan hacer con conocimiento de las consecuencias de sus decisiones y, asimismo, es  esencial que el gobierno atienda los reclamos y identifiquen alternativas.

"Muchos de estos casos (que estamos viendo recientemente) se pueden enmarcar como luchas de acceso a la justicia ambiental. Son reclamos ante esas injusticias", manifestó González Rodríguez. Ejemplificó casos como el alegado crimen ambiental en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos (JBNERR, por sus siglas en inglés) en Salinas

El Estuario de la Bahía de Jobos en el Barrio de las Mareas está formando por islotes y cayos, y es una de las 27 reservas que forman la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Sistema de Reservas Nacionales de Investigación del Estuarinas. Cabe destacar que la reserva es operada en conjunto con el DRNA.

Analizan el alegado crimen ambiental en Bahía de Jobos en Salinas

"Encima de todo eso, tenemos un problema de acceso a recursos naturales, que se han criminalizado por décadas a las personas que viven en las comunidades cerca de algún mangle, cerca de la costa. Ellos dependen de esa cercanía, como han sido los pescadores, y que de manera despectiva se les llama ‘invasores’, cuando realmente son rescatistas de esos terrenos, y que muchas veces han tenido que enfrentar la violencia más fuerte del Estado para poder permanecer en sus comunidades", detalló.

Necesidad de reevaluar la Zona Marítimo Terrestre

Otro tema, en el cual puntualizó la abogada fue en la necesidad de reevaluar la Zona Marítimo Terrestre.

"Por décadas la comunidad científica ha dicho que es necesario reevaluar cómo nosotros preferimos la zona marítimo terrestre en términos legales, y detener las construcciones cerca de la zona marítimo terrestre, que se supone que allí no haya ninguna construcción, pero eso también está sujeto a debate", abundó.

La Ley de Muelles y Puertos de 1968 define la zona marítimo terrestre como: "el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles".

Es necesario un cambio de la visión ambiental

Para González Rodríguez es necesario la paralización inmediata de las construcciones en las costas y establecer un diálogo nacional sobre el tema.

"¿Cómo podemos cambiar? Primero debemos cambiar la norma, que no refleja nuestra sociedad en el siglo XXI, porque viene del siglo XIX, y que pone a la naturaleza, los ecosistemas y a la gente que viven cerca de la costa en estado de riesgo. Debemos detener la construcción en las costas mientras tenemos esa discusión porque, de lo contrario, seguiremos poniendo parchos", manifestó.