Por Daniel Rivera Vargas

El alcance de la inmunidad soberana del gobierno de Puerto Rico fue debatido el pasado viernes, 11 de enero de 2023, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como parte de una vista oral en un caso entre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en un pleito legal donde varios de los jueces plantearon que ciertas partes del debate debían atenderse en foros judiciales inferiores.

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El cuestionamiento directamente planteado al Supremo federal es si el Tribunal de Apelaciones para el primer Circuito resolvió correctamente que con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) el Congreso le quitó a la JSF su inmunidad para no responder en pleitos federales.

El caso surge porque la junta se niega a entregar miles de documentos solicitados por el CPI. La organización de periodistas ha prevalecido en los tribunales inferiores, como el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, y el tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, pero la JSF logró que el Supremo federal accediera a considerar la controversia.

Se espera que una decisión del alto foro federal se emita antes de junio del 2023.

En la vista oral de hoy, que se extendió por cerca de una hora, entre 11:00 a.m. y mediodía, hora de Puerto Rico, el abogado de la JSF sostuvo que fallar en contra de su cliente afecta la inmunidad no de la junta, sino del gobierno de Puerto Rico en futuros pleitos judiciales.

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«Puerto Rico tiene inmunidad», planteó Harris.

Como es costumbre, por ser el de mayor antigüedad, el primer juez en preguntar fue Clarence Thomas y quiso que Harris dijera si habría diferencia si el argumento fuera planteado por «un estado».

«No habría diferencia», fue parte de la respuesta del abogado de la JSF. «Nuestra posición es que la inmunidad soberana del estado es parte de la constitución, del derecho común (Common Law)... la idea es que una vez el Congreso le da ciertos atributos de soberanía a un territorio, entonces el Common Law dictamina que debe tener inmunidad en el foro federal y estatal», planteó el letrado.

Añadió que el debate de la inmunidad soberana no fue traído en los tribunales inferiores, Boston y en San Juan, pero su posición es que debe extenderse en este caso, porque el alto foro la ha extendido en situaciones que son apropiadas.

Los jueces John Roberts y Ketanji Brown Jackson hicieron cuestionamientos sobre el concepto de la inmunidad soberana de Puerto Rico como territorio, como por ejemplo, el juez presidente quiso que el abogado expusiera su posición sobre si la Constitución crea esa inmunidad, y poco después la jueza Sonia Sotomayor llamó la atención al alcance potencial de ese debate.

«Si traemos este punto, tiene tremendas repercusiones más allá de Promesa», mencionó Sotomayor.

Por su parte, la abogada Aimee W. Brown, por la administración Biden, recordó que por más de un siglo el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido la inmunidad soberana en Puerto Rico.

Asimismo, dijo que para la doctrina es clara en que se requiere una expresión clara quitando esa inmunidad por parte del Congreso, y eso está ausente en este caso porque PROMESA no dice que se pierde esa inmunidad.

En el intercambio de Brown, en medio de un intercambio que incluyó a Sotomayor y Elena Kagan se dijo que el caso no debía enfocarse en ciertas presunciones porque usualmente ese alto foro no entra en esos debates si tendría efectos en el caso ante ellos. «Parecería una opinión consultiva», se indicó.

Y es que, en varias partes de la vista oral, se argumentó que el debate sobre el alcance de la inmunidad soberana afectaba no solo a la JSF, sino al gobierno de Puerto Rico, a otros territorios, y a las naciones tribales, y que estos no son partes de este pleito y no están siendo escuchados en la vista.

«Una decisión sobre la soberanía afectaría no solo a Puerto Rico, sino a otros territorios», sostuvo el juez Neil Gorsuch. «No tenemos otros territorios ante nosotros, es un asunto importante», dijo Jackson.

Se indicó que puede haber diferencias en los términos de las soberanías de los territorios, pero Brown entiende que hay un mínimo común de soberanía. En el caso de Puerto Rico, dijo, esta está reconocida desde 1930.

Mientras, el juez Brett Kavanaugh cuestionó si era más apropiado que esta controversia se atendiera en las cortes inferiores, o sea en el tribunal de distrito en San Juan o en Boston.

Poco después, Sarah M. Harris, abogada del CPI, dijo que la JSF no es inmune a demandas porque PROMESA claramente dice que el tribunal puede defenderse de acciones judiciales, incluso constitucionales, y que la ley de relaciones federales reconoce la inmunidad del gobierno de Puerto Rico.

«PROMESA no suspendió la constitución de Puerto Rico o su inmunidad soberana», dijo Harris.
Los jueces se expresaron de forma diversa sobre el tema de la inmunidad soberana de la Isla.

«Puerto Rico de forma general tiene inmunidad», dijo Gorsuch. «Creo que el Congreso no entiende sobre la inmunidad soberana en Puerto Rico», mencionó Kagan. «Usted compara a Puerto Rico como un municipio, pero no lo es», afirmó Sotomayor.

Luego, la jueza Amy Conney Barret planteó que el caso debía regresar a tribunales inferiores para atender diversas partes de estas controversias.

Otros asuntos que se indicaron es que bajo PROMESA, tampoco la JSF tendría protección bajo la ley federal de quiebras.