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Por el Lcdo. Eliseo Roques-Arroyo
Profesor de Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y socio administrador de EDGE Legal LLC

Como profesor de derecho en inteligencia artificial, observo con gran cautela el reciente anuncio del gobierno sobre la implementación de un programa piloto que utilizará la IA en el proceso de contratación de empleados gubernamentales. El gobernador ha elogiado el sistema por su «avanzado algoritmo» que impediría que personas sin las habilidades necesarias («batatas») compitan por un empleo. Este entusiasmo debe moderarse con precaución y un compromiso con la evaluación rigurosa. 

La IA tiene el potencial de transformar la contratación pública, haciendo los procesos más eficientes y posiblemente más justos. Sin embargo, es preocupante que el gobierno haya anunciado la implementación de un sistema de IA para la evaluación de candidatos a puestos públicos sin ofrecer detalles sobre las pruebas o validaciones realizadas, aquellas que se estarán realizando y por quién. Para fortalecer la confianza en estos sistemas, conviene revelar públicamente la metodología, los criterios y los resultados de estas pruebas y los mecanismos de supervisión establecidos para evitar abusos o discrimen. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utiliza la IA en la contratación pública y qué garantías se ofrecen para proteger su privacidad y sus oportunidades de empleo. 

En Estados Unidos, diversas jurisdicciones están tomando medidas para regular el uso de la IA en la contratación de empleados. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York ha establecido requisitos para que las empresas que utilizan software de IA en la contratación notifiquen a los candidatos sobre el uso de sistemas automatizados. Además, estas empresas deben realizar auditorías independientes anuales para detectar parcialidad («bias») y proveer a los candidatos información sobre los datos recopilados y analizados. Las violaciones a estos reglamentos conllevan multas. Otros estados, como Illinois y Maryland, también han promulgado leyes que exigen el consentimiento de los candidatos si se utiliza IA durante ciertas partes del proceso de contratación.  Estas iniciativas legislativas reflejan una creciente preocupación por la equidad y la privacidad en la era digital. 

Estas medidas son un paso en la dirección correcta para garantizar que la IA se utilice de manera ética y justa. Puerto Rico podría considerar adoptar enfoques similares para proteger a los solicitantes de empleo y asegurar la transparencia en el proceso de contratación. 

Es crucial que Puerto Rico, más allá de considerar un puñado de proyectos de ley presentados, que atienden algunos aspectos sobre el uso de IA, establezca un marco regulatorio robusto y comprehensivo que incluya pruebas rigurosas, transparencia y la posibilidad de revisión humana en las decisiones de contratación gubernamental o privada. La IA no debe reemplazar el juicio humano, sino complementarlo, asegurando que se respeten los derechos de todos los candidatos y se promueva una verdadera meritocracia. 

La tecnología de IA ofrece un futuro prometedor para la gestión pública, pero solo si se implementa con cuidado y responsabilidad. La prudencia y la protección de los derechos de los ciudadanos deben ser la piedra angular en la adopción de cualquier tecnología emergente como la IA, especialmente en el sector público, donde la confianza y la equidad son fundamentales.

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