Por Daniel Rivera Vargas

Es poco probable que en el futuro cercano se presenten acusaciones federales contra candidatos a cargos electivos en Puerto Rico o Estados Unidos, debido a una normativa interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La figura del expresidente Donald Trump ha generado debate, ya que en uno de los cuatro casos criminales en su contra se ha revelado que un juez federal autorizó a la fiscalía a presentar nueva evidencia relacionada con la participación del exmandatario en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, la norma general es que, para proteger la integridad pública, no se deben presentar acusaciones cerca de un proceso electoral. Esto se establece en la sección 9-85.00 del Manual del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que prohíbe «acciones que puedan impactar una elección» y requiere que cualquier decisión al respecto sea consultada con los niveles más altos de la agencia.

«Fiscales y agentes federales no pueden elegir el momento de ninguna acción, incluidos los pasos de investigación, presentación de cargos o declaraciones públicas, con el objetivo de influir en una elección o beneficiar o perjudicar a cualquier candidato o partido político. Este propósito es incompatible con la misión del Departamento y con los Principios de Enjuiciamiento Federal. Cualquier acción que pueda generar un problema o percepción de conflicto bajo esta disposición requiere la consulta previa con la Sección de Integridad Pública, y no se llevará a cabo sin su recomendación, ni sin consultas adicionales con el Fiscal General Adjunto o el Fiscal General», reza la sección.

La norma fue descrita como «fundamental» en una ponencia elaborada por la Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos, en relación con las actuaciones del FBI semanas antes de las elecciones de 2016, que involucraron a Hillary Clinton, quien finalmente perdió la contienda electoral.

«Para proteger a las instituciones de las acusaciones de abuso, interferencia política y aplicación sesgada de la ley, el Departamento (de Justicia) y el FBI han desarrollado políticas y prácticas que guían sus decisiones», lee la ponencia de OIG.

 El exfiscal federal Ignacio Rivera y el abogado litigante Leonardo Aldridge explicaron el alcance de esta directriz.

«Son normativas internas del Departamento de Justicia, no crea derecho. Son unas guías y eso gobierna muchas de las acciones que toman las fiscales. Siempre se ha mencionado que durante cierto tiempo antes de las elecciones no se radican acciones contra políticas porque la idea, la filosofía es que sus actuaciones no intervengan con el derecho electoral, con escoger a las personas que ellos quieren», indicó Aldridge.

«Lo que te dice un fiscal siempre, la línea, el moto, el lema, es que los casos se radican cuando están listos. Esto es contrario a esa norma general: esta política interna plantea que un tiempo antes de las elecciones no se radica cargos para evitar la apariencia de que se busca influencias elecciones», sostuvo.

Como parte de esa visión, Aldridge explicó que existe una política que requiere que, en casos que involucren a un funcionario de alto nivel, como un gobernador, el fiscal federal debe consultar previamente con el secretario de Justicia de los Estados Unidos y obtener su aprobación antes de presentar cargos. «Lo que está en juego es la posible alteración de una decisión democrática tomada por el pueblo al elegir a esa persona», señaló.

Cuando se le preguntó si lo ideal sería que el público tuviera toda la información sobre sus candidatos antes de un proceso electoral, Aldridge expresó que, aunque su instinto inicial es favorecer la mayor transparencia posible, «entiendo la filosofía» de evitar afectar la imagen del Departamento, que depende en gran medida de la percepción pública.

«Se está haciendo un fino balance, se está trabajando con la médula de la democracia», añadió.

Por su parte, el exfiscal Rivera recordó que esta práctica se originó durante la presidencia de John F. Kennedy como un memorando de entendimiento, en una época marcada por el desarrollo de los derechos civiles. En ese entonces, en algunos estados del sur de Estados Unidos, sucedía que de repente un candidato afroamericano prominente era acusado, y luego de perder las elecciones, el caso se desestimaba.

«Cuando yo era fiscal federal, lo que viví casi 10 años, es que, en el año de las elecciones de enero a noviembre, para acusar a un ‘elected official’, un oficial electo por votos, tienes que pedirle permiso al secretario de justicia. Tú fiscal no puedes acusar a menos que el secretario de Justicia diga ‘eche para adelante». Ya eso era un detente. Tú obtener que el secretario de justicia te atienda un caso tuyo, para eso esperas a que pase el proceso electoral", indicó.

«Eso tiene una razón de ser muy válida, es que no pueden acusar en una acusación frívola, a un rival político», mencionó Rivera. «Deja que el pueblo elija. Si sale y hay que acusarlo, se acusa», agregó.