El Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, Jesús M. Alvarado Rivera, reaccionó a la decisión de la Corte Federal para el Distrito de Nueva York que encontró responsable a Apple, Inc. de violar las leyes de competencia federales y estatales al conspirar con las principales compañías editoriales en los Estados Unidos con la intención de fijar precios en el mercado de eBooks.

La referida corte encontró que Apple ejerció un rol principal al facilitar y ejecutar la conspiración para aumentar los precios de los libros electrónicos, y que esta orquestación de Apple en la conspiración fue necesaria para lograr su éxito.

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"Puerto Rico y otros estados presentaron este caso porque Apple violó la ley, teniendo como resultado que los consumidores pagaran más por los eBooks que aquello que hubiesen podido pagar de estar ausente la conspiración. La corte, luego de examinar toda la evidencia, así lo ha concluido. En el juicio, un grupo de 33 estados y el Departamento de Justicia Federal demostraron que Apple y sus ejecutivos no estaban dispuestos a competir en precios con el resto de los distribuidores de eBooks, y conspiraron con las editoriales para fijar y aumentar los precios. Cuando las empresas llevan a cabo actuaciones ilegales, en detrimento de los consumidores puertorriqueños, es necesario que sean procesados y respondan por ello. Estamos ansiosos de llevar a cabo la próxima fase del litigio que consistirá en la recuperación de daños para los consumidores afectados por esta conspiración", dijo Alvarado Rivera.

La determinación de la Corte se produce después de un juicio que duró tres semanas ante la juez Denise Cote, y que comenzó el 3 de junio y finalizó el 20 de junio. La determinación no atendió la controversia relativa a los daños, y que será objeto de un procedimiento posterior.

Antes de iniciado el juicio, las editoriales, Hachette Book Group Inc.; HarperCollins Publishers L.L.C.; Simon & Schuster Inc.; Holtzbrinck Publishers LLC; Macmillan; y Penguin Group (USA), Inc., transaron las reclamaciones que los Estados hicieran en su contra y pagaron a Puerto Rico su parte correspondiente. Estas transacciones tuvieron como consecuencia una compensación para los consumidores de todos los Estados Unidos ascendente a sobre $166 millones.