Justicia federal validó la vacunación obligatoria

27 de julio de 2021

NOTICIAS | Constitucional , COVID-19 , Educación , Joe Biden , Judicial , Relaciones Federales , Salud , Seguridad

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por voz de su Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) presentó un memorando al consejo del presidente Joe Biden, aclarando que los patronos, las universidades y otras entidades pueden exigir la vacunación contra el COVID-19, aunque la vacuna se haya aprobado de emergencia.

Aunque el memorando de la OLC no es una fuente de derecho vinculante (es decir, que no obliga a los tribunales a determinar de cierta forma), podría significar un descanso para patronos u organizaciones que han exigido la vacunación como condición para preservar el empleo o volver al lugar de estudio.

De acuerdo con el memorando firmado por Dawn Johnsen, asistente del secretario de justicia en funciones, la aclaración surge luego que el consejo les preguntó si la sección 564 de la Ley del Food, Drug, and Cosmetic (FDA) —que permite la opción de aceptar o rechazar una vacuna sujeta a una autorización de uso de emergencia, como la del COVID-19— impide que organizaciones impongan requisitos de vacunación.

Vacunación obligatoria es respaldada en dos determinaciones federales

Esta discusión comenzó desde que se facilitó el acceso a las vacunas contra la COVID-19.

Desde entonces, numerosas instituciones educativas, patronos y otras entidades han anunciado que exigirán a las personas que se vacunen contra la COVID-19 como condición de empleo, inscripción, participación o algún otro beneficio, servicio, relación o acceso.

Algunos grupos han cuestionado si las entidades pueden imponer legalmente la vacunación, ya que la sección 564 de la Ley de la FDA permite la «opción de aceptar o rechazar» cierto tipo de vacuna.

En los últimos meses, también se han presentado varias demandas en las que se impugnan los requisitos de vacunación de diversas entidades.

De acuerdo con el memorando, la única decisión judicial que ha abordado esta discusión es Bridges v. Houston Methodist Hospital.