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Por Daniel Rivera Vargas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este viernes tiempo adicional para expresarse en el caso Fitisemanu v. Estados Unidos, en el que se pide al Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogue la controversial doctrina de los casos insulares.

A través de una carta firmada por la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth B. Prelogar, se aseguró que los abogados de los demandantes han sido consultados sobre la petición y consienten al pedido. El gobierno federal pide hasta el 29 de agosto para presentar su posición al pedido de certiorari de Fitisemanu.

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«Esta extensión es necesaria porque los abogados con responsabilidad principal de la preparación de la respuesta del gobierno han estado muy comprometidos en asuntos asignados con fechas de vencimiento próximas», dijo Prelogar en la misiva.

Aún es incierta la posición que asumirá la administración de Joe Biden en este caso a través del Departamento de Justicia estadounidense. Mediante comunicado de prensa, la organización Equally American recordó que desde principios de mes los abogados de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, que representan a los peticionarios, le pidieron a Prelogar que se expresara a favor de derogar los casos insulares.

«Existen abundantes razones legales, de política pública y morales para hacerlo», reza la misiva de los abogados, según la carta del 11 de julio de 2022 y firmada por Matthew D. McGill.

«Algunos de los momentos de mayor orgullo para nuestro gobierno ha sido confesar graves errores como este (casos insulares)», agrega la misiva.

Según Equally American, "se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida si intervendrá en el caso Fitisemanu y el argumento de los casos insulares este otoño".

El caso Fitisemanu se presentó mediante certiorari al Tribunal Supremo federal el pasado 27 de abril. Previo al pedido del viernes, ya se habrían concedido dos extensiones de tiempo para que el gobierno responda. Independientemente de la posicion de la administración Biden, aún es incierto si el Supremo decida intervenir en este certiorari porque estadísticamente el alto foro federal solo atiende cerca del 1% de los casos que le presentan en certiorari.

Un caso de gran importancia para Puerto Rico

Se trata de un caso de gran importancia para Puerto Rico, según profesores, abogados, exjueces, exgobernadores y otras figuras que han acudido mediante recursos de amigo de la corte en este caso. Uno de los argumentos medulares en este caso es que se plantea la derogación de los casos insulares, la doctrina considerada racista en la que algunos entienden que es base para que jurisdicciones como Puerto Rico puedan ser tratadas discriminatoriamente.

El caso Fitisemanu v. United States fue llevado por ciudadanos de Samoa Estadounidense que disputan una ley que no les reconoce ciudadanía americana a las personas nacidas en ese territorio. En 2019, un juez de distrito de Utah determinó que esas personas eran ciudadanos estadounidenses bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero el caso fue apelado y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en diciembre no les reconoció esa ciudadanía. Entonces, pidieron mediante certiorari, en abril pasado, al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La doctrina de los casos insulares ha captado algo de atención del ojo público y del debate legal, luego que en el reciente Vaello v. Estados Unidos, en el que se le denegó a los puertorriqueños el acceso al Seguro Social Complementario (SSI), pero al menos uno de los jueces del Supremo federal, Neil Gorsuch, solicitó directamente la derogación de la polémica doctrina por ser «ley podrida».