Descarga el documento: Orden Administrativa Núm. 2019-04

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, emitió una nueva Orden Administrativa 2019-04 llamada Protocolo para la Atención de los Asuntos Bajo la Competencia de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, la cual revisa los protocolos a los fines de que sea más efectiva la labor de las instrumentalidades de seguridad al atender estos casos.

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La Titular de Justicia destacó que firmó dicha orden para revisar el proceder en los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores para que los mismos sean una prioridad, acorde a la política pública del Gobierno de Puerto Rico. La misma sustituye una orden administrativa sobre estos fines emitida en 2007.

«El manejo de los casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores es un asunto de alta prioridad para todo el componente de procesamiento criminal. El Departamento de Justicia venía trabajando una orden administrativa donde estableciéramos un protocolo para la atención de estos casos, y el mismo se presentó a todos los Fiscales de Distrito, Coordinadores de las Divisiones Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, y con el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía de Puerto Rico para asegurar el trabajo estructurado y en conjunto», destacó Vázquez Garced.

La Secretaria de Justicia destacó algunos de los puntos más importantes de la orden administrativa, que busca mayor rigurosidad en el análisis de los casos al momento de la consulta que hace la Policía con Fiscalía.

«Al momento de atender los casos, se establece que una vez el fiscal reciba la llamada del agente de la Policía, las instrucciones son entrevistar siempre a la víctima. Esta orden administrativa es basada en la parte perjudicada. Este proceso es crucial para poder auscultar los elementos de peligrosidad que pueda padecer la víctima dentro del ciclo de la victimización. De no poder entrevistarla, esta orden obliga al fiscal consultar los detalles del caso con el Fiscal de Distrito para su radicación», explicó Vázquez Garced.

La Titular de Justicia agregó que la orden administrativa que estuvo vigente hasta el 13 de junio de 2019 establecía que el fiscal tenía 24 horas para radicar el caso. Ahora se hace hincapié en que no será citado, sino que se debe de citar el mismo día de la consulta.

"Los fiscales son adiestrados y han salvado cientos de vidas. Contamos con una plantilla de fiscales comprometidos, sensibles y que dan la milla extra. Aquellos que pasen por alto las disposiciones de esta orden, se expondrán a consecuencias disciplinarias. Con el fin de que sigan realizando una labor encomiable e intachable, la orden contempla que al menos cada dos años reciban adiestramientos relacionados a atender estos casos para refrescar sus conocimientos", agregó la Secretaria de Justicia.

La Orden Administrativa reafirma la política pública de que el interés es del Estado. Aún si la víctima no tiene interés, el Estado deberá seguir adelante con el caso. Indica además que no se archivarán casos de violencia doméstica, sino que se verán en su fondo o, de hacer una alegación preacordada, deberá ser por un delito contemplado dentro de la Ley 54 y no otros delitos. Esto para poder identificar reincidencias y problemas de conducta en este tipo de casos.

«El Departamento de Justicia, como parte integral del sistema de justicia criminal, rechaza enérgicamente los actos constitutivos de violencia doméstica y reitera su compromiso de atender a cada víctima en forma sensible, responsable, velando por el respeto a su dignidad y promoviendo su seguridad física. Le corresponde a nuestro Departamento promover que los empleados y funcionarios de la agencia desplieguen actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el derecho de los ciudadanos a recibir un trato justo, digno y respetuoso, y velen por el cumplimiento de las leyes en protección a las víctimas de delito. Por tal razón es indispensable que los Fiscales conozcan e implementen de manera adecuada y rigurosa las disposiciones de ley en la investigación y procesamiento de los casos de violencia doméstica. Además, se requiere que puedan reconocer las distintas manifestaciones de la violencia doméstica durante el manejo de estos casos», lee la orden firmada.