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En momentos en que se ponderaba en la Legislatura la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 534 que propone suspender por un período de 120 días el arbitrio sobre automóviles importados o fabricados en Puerto Rico a causa del estado de emergencia por el COVID-19, la Junta de Supervisión Fiscal adelantó que la propuesta no cuenta con su aval.

En una misiva enviada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos, la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, indicó que las ventas de automóviles no están relacionadas directa ni indirectamente con la emergencia por el COVID-19.

Según expresa la carta, la exención  de los impuestos especiales por un período de 120 días sin pago no estaría cumpliendo con el requisito de neutralidad de los ingresos del Plan Fiscal Certificado, pues las ventas de automóviles no están relacionadas con la actual crisis de pandemia por el COVID-19.

Esta exención es propuesta con el objetivo de proporcionar un alivio a la industria de ventas de automóviles bajo el contexto de la emergencia por el COVID-19 y alentar así a los consumidores a comprar vehículos a un precio más bajo.

Ante ello, Jaresko expresó en la misiva que «dicha resolución no aborda ninguna necesidad primaria social, económica o relacionada con la salud. En consecuencia, la Junta de Supervisión insta a que el proyecto no sea aprobado por la Cámara de Representantes ni firmado por la gobernadora».

La directora de la JSF expresó también que, «la junta de supervisión continuará trabajando estrechamente con la gobernadora, la Legislatura y los municipios para mitigar la crisis en la medida de lo que sea posible. La Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos para anular y ordenar la aplicación de la legislación de conformidad con los artículos 204(a) y 108(a)(2) de PROMESA».

La referida carta enviada a la gobernadora y a los presidentes legislativos se da a solo días antes de la publicación del más reciente informe de ventas de autos para el mes de abril, el cual registró una caída de 96.2 %, considerado un registro dramático para dicha industria y, levantó un llamado por parte del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), que representa la industria automotriz en Puerto Rico para reactivar a este sector.

Según los datos reportados, el mes de abril finalizó con un total de 280 unidades vendidas en contraste con las 7,352 para ese mismo mes el año pasado. Eso representa una merma de un 96.2 % en la comparativa mensual y de 43.2% en el acumulativo del 2020.

El presidente de GUIA, Ricardo M. García, recientemente expresó mediante algunos medios de prensa del país que ese mes fue el peor en la historia de ventas de autos en Puerto Rico.

De acuerdo con datos provistos por la Asociación de Dealers de Autos de Puerto Rico (PRADA), el Departamento de Hacienda había informado que el precio promedio de venta en la isla rondaba en $26,825, del cual el 14.13% son en arbitrios. Aunque la tasa de arbitrios depende del tipo de auto, los mismos figuran entre el 15% hasta 34%.

Se estima que la pérdida de ventas en la industria de autos —al menos por un mes y medio— figura entre $416 millones a $516 millones mientras que la pérdida en contribuciones municipales se estima entre $2.1 millones a $2.6 millones. Según se alega, en términos de arbitrios, el estimado supera los $65 millones.

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Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que pidió a su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez, a que detenga cualquier proceso de evaluación de esta medida hasta tanto sea evaluado su contenido.

Mediante un escrito a través de sus redes, el presidente senatorial señaló que tanto la Resolución Conjunta del Senado 534 como la Resolución Conjunta del Senado 522, «deben reconsiderarse, ajustarlas y corregirlas de forma que no afecten a ningún sector de esa industria y de ninguna forma a los ciudadanos. Hasta que se aclare el asunto de ambas medidas, no serán aprobadas».

La Resolución Conjunta del Senado 522 establece una moratoria de 120 días para el pago sin intereses, recargos o penalidades, de los arbitrios sobre vehículos de motor en inventario que están afianzados, y debieron ser pagados durante el periodo del cierre de actividad comercial por la emergencia del COVID-19, o que deban pagarse 45 días después de la apertura.

Ambas medidas, tanto la RCS 522 como la RCS 534, son de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado y estuvieron en el calendario de sesión ordinaria de la Cámara de Representantes en la sesión del 11 de mayo 2020.

La RCS522 había sido ya aprobada por ambos cuerpos legislativos, mientras que la RCS534 se aprobó por el Senado pero quedó pendiente de trámite en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en la sesión legislativa del 14 de mayo ambas medidas fueron devueltas a su cuerpo de origen.

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