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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que radicó una demanda ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico con la intención de obligar al gobierno de Puerto Rico a entregar documentos relacionados con las adquisiciones y las negociaciones de los contratos para comprar pruebas de COVID-19 y otros suministros médicos durante el estado de emergencia.

La JSF señala que busca información sobre los contratos de cantidades multimillonarias suscritos con Apex General Contractors y 313 LLC para comprender los procesos y procedimientos que desembocaron en la firma y aprobación de los contratos.

«Las reglas que utiliza el gobierno para desembolsos de dinero deben ser claras y transparentes en todo momento, en especial durante la inmensa presión que supone una emergencia», afirmó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

«Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda», agregó.

La Ley PROMESA otorga a la junta de supervisión la autoridad para revisar y aprobar contratos gubernamentales para garantizar que promuevan una sana competencia del mercado y que sean congruentes con el Plan Fiscal Certificado.

Luego de la controversia suscitada con el contrato entre Whitefish Energy Holdings y el gobierno de Puerto Rico, tras el paso del huracán María, la Junta de Supervisión implementó una política abarcadora sobre revisión de contratos como parte de su mandato bajo la Ley PROMESA.

Aún cuando se accedió a flexibilizar temporeramente ciertos procedimientos de contratación como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la JSF señala que el gobierno tiene que cumplir con proporcionar una copia de cada contrato para que pueda revisarlo inmediatamente, luego de que se suscriba.

El contrato tiene que venir acompañado de una certificación de las contribuciones políticas del contratista a manera de protección contra actos delictivos.

El 16 de marzo de 2020, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una Orden Ejecutiva 2020-024 que estableció los procedimientos especiales de compras durante emergencias.

No obstante, a JSF sostiene que el gobierno suscribió contratos sin entregarlos a la Junta de Supervisión Fiscal para su revisión inmediata.

La junta de supervisión señala que lleva dos meses tratando de obtener los contratos de compra de las pruebas de COVID-19, así como la información y los documentos del gobierno referentes a las negociaciones y el proceso de compras.

Desde entonces, la junta ha recibido algunos de los contratos, pero no todos los documentos solicitados.

Las preguntas de la JSF que prevalecen son qué procedimientos y procesos llevaron a suscribir esos contratos. La Junta de Supervisión desea entender y conocer los detalles en estos documentos, para ofrecer recomendaciones conducentes a mejorar el proceso de contrataciones.

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