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Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que presentó una demanda contra el Gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para anular la Ley 10-2024 y así permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política.

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La demanda de 27 páginas fue presentada hoy ante la jueza que atiende las controversias relacionadas a la quiebra del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

La Junta de Supervisión ya había anticipado hace más de dos meses que, si el gobierno insistía, podrían ir al tribunal en contra de la Ley 10. Esta ley hizo enmiendas al programa de medición neta, que permite a algunas personas con paneles solares reclamar pagos del gobierno.

«Al traer esta acción la junta de Supervisión no busca terminar la medición neta como defensores de la Ley 10 han alegado. Tampoco la Junta de Supervisión busca imponer un cambio en particular al programa de medición neta. Por el contrario, esta acción busca solamente reinstalar la habilidad del Negociado de Energía que de forma independiente estudie, evalúe y haga cambios (si alguno) al programa de medición si son necesarios para que AEE opere efectivamente y sirva al pueblo de Puerto Rico, y remueva las peligrosas y corrosivas restricciones políticamente motivadas del Negociado que amenazan su progreso alcanzado en años recientes», dice la demanda.

El recurso que fue firmado por los licenciados Miguel E. Gierbolini. Martin J. Bienenstock y Guy Brenner describe la Ley Núm..  10 como «un regreso a las prácticas que son la raíz de los retos actuales de AEE», que llevaron a que la AEE operara con déficit desde inicios de este siglo, creando un sistema energético vulnerable, contaminante y deficiente.

En concreto, la demanda alega que en momentos en que el Negociado terminaba una reevaluación al programa de medición neta, el gobierno aprobó una ley que prohibía cambios al sistema como opera en la actualidad, y retrasaba cualquier estudio sobre el tema por lo menos hasta 2031 y a algunos clientes no se le podía revisar sus términos de medición neta hasta 2051.

«El gobierno falló en actuar de forma prudente y fiscalmente responsable al aprobar la Ley Núm. 10», sostiene la demanda.

En un comunicado de prensa, la Junta de Supervisión sostuvo que la intención de la demanda es que «el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política».

La independencia del Negociado de Energía es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico. La Ley Núm.  10 socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares.

El propósito de la acción de la Junta de Supervisión es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico, según el comunicado.

«El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas», indicó el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr. «Crear un Negociado de Energía independiente fue la decisión correcta».

«La energía renovable es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico, y la medición neta es una herramienta muy importante para hacer que los paneles solares en los techos sean más accesibles y asequibles. Sin embargo, determinar qué es lo que le conviene al interés público no debe dejarse en manos de intereses particulares», sostuvo Mujica.

«Dejemos que el Negociado de Energía haga su trabajo», concluye el comunicado.

Expresiones del gobierno

«El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico», manifestó el gobernador Pierluisi.