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La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (en adelante, Junta de Supervisión Fiscal) ordenó al gobierno y a la legislatura a enmendar o derogar la ley que crea un plan de mitigación para que las cooperativas recuperen unos $400 millones por las pérdidas que experimentó el sector con los bonos de Puerto Rico.

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La misiva fue firmada por el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr., y está dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero.

El pasado 10 de julio de 2024, el Gobernador de Puerto Rico convirtió en ley el Proyecto del Senado 644, conocido ahora como la Ley Núm. 99-2024 («Ley 99»).

Esta ley modifica la Ley 114-2001 con el objetivo de mitigar las pérdidas no operacionales que las cooperativas han sufrido como consecuencia del impago de los bonos del gobierno.

Sin embargo, la Junta de Supervisión señaló en la carta que la Ley 99 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y el Plan Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

Sobre la ley

La Ley Núm.. 99 de 2024 establece que COSSEC debe transferir a las cooperativas los fondos necesarios para compensar las pérdidas no operacionales.

Si, después de la mitigación, COSSEC certifica que sus recursos totales disponibles son insuficientes para mantener una posición neta del 2% de las acciones y depósitos asegurados, la ley ordena al Secretario de Hacienda que transfiera los recursos adicionales necesarios para cumplir con esta obligación.

«Es importante destacar que cualquier transferencia de fondos está sujeta a la aprobación o autorización de la JSF».

Según el documento, la JSF ha determinado que la Ley 99 viola tanto el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado como el Plan Fiscal de COSSEC.

Declaraciones

«La Junta de Supervisión está de acuerdo con esta evaluación. Tenga en cuenta que el 16 de agosto de 2024, la Junta de Supervisión adoptó una resolución en la que determinó que la Ley 99 perjudica o frustra los propósitos de PROMESA», expresa Mujica. «La Junta de Supervisión ordena al Gobierno que modifique o derogue la Ley 99 para eliminar las inconsistencias establecidas anteriormente, o que proporcione una explicación de las inconsistencias antes del 30 de agosto de 2024», añade la carta.

El Plan Fiscal de COSSEC exige que las cooperativas transiten hacia los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) para mejorar la transparencia y cerrar la brecha entre los estándares contables locales y federales. La Ley 99 extiende la fecha límite para esta transición de enero de 2028 a junio de 2028, y condiciona esta transición a la finalización de la mitigación.