La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la "Junta de Supervisión") establecida por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act («PROMESA» o la «Ley») sostuvo hoy una reunión con representantes estudiantiles de los once recintos regionales de la Universidad de Puerto Rico, además de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y el Conservatorio de Música de Puerto Rico, para discutir la situación fiscal del sistema universitario público.

Como una instrumentalidad territorial cubierta bajo PROMESA, originalmente se le requirió a la Universidad de Puerto Rico someter un plan fiscal a la Junta de Supervisión para el 31 de marzo de 2017. Subsiguientemente, la Universidad ha solicitado tiempo adicional para cumplir con este requisito, pero aún no ha entregado un plan a la Junta de Supervisión para ser certificado.

Durante la reunión, los estudiantes expresaron sus preocupaciones con respecto a los propuestos recortes presupuestarios que contempla el Plan Fiscal certificado a 10 años del Gobierno de Puerto Rico y el impacto que dichos recortes puedan tener en los estudiantes, la facultad y toda la UPR. También presentaron algunas iniciativas dirigidas a reducir costos y generar ingresos adicionales para la Universidad.

Los miembros de la Junta presentes en la reunión, incluidos el Chairman José B. Carrión, los miembros Ana J. Matosantos y David A. Skeel, así como la directora ejecutiva Natalie A. Jaresko, escucharon las preocupaciones y propuestas de los estudiantes y les alentaron a compartirlos con la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, organismo responsable de articular en plan fiscal de la UPR.

"La Junta apoya la Universidad de Puerto Rico y entiende el papel tan importante que desempeña en la Isla. También entendemos la magnitud del problema económico y presupuestario que enfrenta Puerto Rico y la necesidad de lograr el balance fiscal requerido por la ley. El Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado por la Junta requerirá la toma de decisiones difíciles pero necesarias por parte de los líderes, estudiantes y facultad de la Universidad", dijo Carrión.

Algunas de las medidas discutidas para lograr los ahorros necesarios a la vez que se mantienen el acceso y la calidad incluyen incrementar la eficiencia y efectividad de los servicios académicos y no-académicos, adoptar una política de matrícula basada en capacidad de pago, e incrementar el reclutamiento de estudiantes no-residentes. Actualmente, se estima que un 72 por ciento del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico proviene del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

"No cabe duda de la importancia que tiene proveer educación superior pública de calidad en la Isla, ni del rol central que ejerce la Universidad de Puerto Rico en ese sentido. Confiamos en que la Universidad de Puerto Rico tendrá un plan fiscal que esté a la altura de los retos que todos enfrentamos a la vez que impulse a la Universidad con fuerza, inteligencia y eficiencia plenamente hacia el futuro para el beneficio de todos", dijo Skeel.