Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera no tomará acción —por el momento— en cuanto al aumento salarial de la Judicatura, a pesar de que no prosperó la apelación en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, confirmando así el alza que fue autorizada mediante litigio.

En declaraciones escritas, la secretaria de prensa de la Junta de Supervisión, Sylvette Santiago, explicó que independientemente de la reciente opinión del Tribunal Supremo, hay que esperar a que se agoten los remedios procesales disponibles, porque solo deben intervenir ante un sentencia «final y firme».

«La Junta de Supervisión continúa en espera de que la determinación judicial advenga final y firme. Para que la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico advenga final y firme, deben primero transcurrir todos los términos para que las partes recurran contra dicha sentencia, incluyendo el término para solicitar reconsideración», sostuvo Santiago.

El viernes se supo que el Supremo declinó intervenir en el caso sobre el alza salarial bajo el argumento que la Camara de Representantes no había perfeccionado el recurso porque no había notificado adecuadamente a una de las partes del pleito.

Conforme al Reglamento del Tribunal Supremo, las partes afectadas por una decisión adversa del alto foro tienen un término de 10 días para pedir reconsideración a una decisión de esta curia. Si el Tribunal Supremo vuelve a expresarse en contra, la parte que haya perdido su reclamo tiene una segunda y última oportunidad para pedir reconsideración dentro del plazo de tres días desde el momento en que hayan sido notificados de la primera reconsideración denegada.

El presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández, negó en declaraciones escritas esta semana que no se haya perfeccionado la apelación y anticipó que trabajan en una reconsideración.

«El efecto inmediato de esta sentencia —sin la firma de ninguno de sus ponentes— es que el Poder Judicial —particularmente los propios jueces que emitieron este dictamen— se han legislado para sí mismos privilegios y beneficios en menoscabo de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que juraron defender, en un momento histórico donde la credibilidad de las instituciones públicas se encuentra en precario», sostuvo Hernández Montañez en declaraciones escritas.

«El llamado es a la prudencia. Nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho para que el alto foro judicial adjudique esta controversia en sus méritos. La Cámara de Representantes no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo. Confiamos en que el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente», agregó el también abogado.

Mientras, la Junta de Supervisión, que dentro de los poderes que tiene al amparo de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) es la que tiene la autoridad para desembolsar el aumento, se mantiene a la expectativa de lo que pase, indicó Santiago.

«La Junta de Supervisión continuará monitoreando la controversia hasta que se alcance una determinación final y hará la evaluación que corresponda», sostuvo Santiago.