El presidente de la Junta de Planificación (JP), Rubén Flores Marzán, sostuvo ayer que la pronta recuperación económica del país depende en gran parte de atender con prontitud la actualización y renovación tecnológica del Programa de Planificación Económica y Social de la agencia.

Al apoyar, en una audiencia pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2012-2013, el también Planificador sostuvo que así lo revela un informe que realizó la Phidelix Technologies que recomienda que el Programa requiere actualizar sus metodologías de análisis económico.

A preguntas del representante y presidente de la Comisión cameral, Antonio Silva Delgado, el funcionario indicó que la Junta está trabajando con prontitud integrar los sistemas de información interactivos y base de datos digital de las respectivas unidades y subprogramas. Agregó que ya se están recibiendo los informes y documentación electrónicamente.

De hecho, insistió en que se tiene que entrar en la competencia global para atraer empresas que generen desarrollo económico con capital, empleos y mejor calidad de vida.

«En la medida que nosotros tengamos un sistema de información en tiempo real podremos mejorar las circunstancias para tomar decisiones más asertivas. Tenemos que estar equipados para recopilar, procesar, analizar y difundir esa información para los que toman las decisiones a nivel de gobierno y del sector privado, estaremos en mejores condiciones para facilitar ese desarrollo», explicó.

Flores Marzán, adelantó que con estos instrumentos de medición también se podrían establecer las tendencias de las inversiones de acuerdo con los precios del petróleo abriendo los niveles de competencia para Puerto Rico.

Al mismo tiempo informó en cuanto al Plan de Ordenamiento territorial que se está terminando casi el 100% de los 78 municipios del país. Señaló que estos Ordenamientos conllevan varias jerarquías, una vez se aprueban, dándole la oportunidad a los municipios de llevar a cabo sus procesos de desarrollo dentro de las cinco fases correspondientes para concluirlos. Indicó que sólo hay cuatro municipios en la etapa inicial y estamos trabajando para culminarlo.

El titular de la Junta, apuntó que en el mismo nivel de progreso se encuentra el Plan de Uso de Terrenos correspondiente al desarrollo urbano a escala regional, donde se han identificado 11 regiones del país que pueden atemperar sus recursos, exportar servicios y atraer capital externo e interno para desarrollo económico.

Incluso, Flores Marzán sostuvo que antes de que se cerrara su oficina en Minillas, debido a la contaminación de asbesto, se habían programado conversatorios con el público en general y diferentes gremios para informarles sobre este trabajo y los beneficios para ellos. No obstante, aseguró que podrá terminar con los trabajos programados para el mes de octubre a pesar del retraso.

Al mismo tiempo, coincidió con el representante Silva Delgado en cuanto a que podrían disminuir en el futuro los fondos federales del país, debido a que el censo federal ha subestimado la población de Puerto Rico alegando una disminución de 500,000 residentes. Por último, el titular informó a la Comisión que terminará el año fiscal con un presupuesto balanceado y que podrá cumplir con las responsabilidades de la agencia con el presupuesto recomendado de $10,900,000, a pesar de la reducción en el mismo de $1,894,000. La partida federal asciende a $2,776,000.

Por otro lado, la Oficina del Inspector General de Permisos refleja un aumento de $883,000 para nómina y costos relacionados en el presupuesto de $5,039,000 para el nuevo periodo fiscal que comienza en julio.

Sin embargo, la inspectora general, Jennifer Mayo Mirabal, señaló que el aumento no es suficiente para cubrir los gastos de nómina proyectados para ese periodo fiscal.

La abogada mencionó que los costos anuales de nómina y beneficios marginales proyectados ascienden a $5,408,555.44. Apuntó que esta cantidad corresponde a puestos de carrera y confianza actualmente ocupados y no toma en consideración llenar los puestos vacantes existentes de los cuales varios son necesarios para cumplir el deber ministerial de la agencia.

«Nuestros inspectores atienden alrededor de 100 casos cuando lo preferible son 30 casos por inspector. Tenemos un total de 118 puestos diversos aprobados para cubrir nuestras ocho regiones, de estos hay 94 ocupados y 24 vacantes, de las cuales seis corresponden a inspectores. Esto significa que el presupuesto recomendado para la partida de nómina estaría en déficit por $1,492,555.44», sostuvo a preguntas del representante Silva Delgado.

El legislador le indicó a la funcionaria que examinará la información sometida a la Comisión.