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Por Daniel Rivera Vargas y Paola Arroyo Guzmán 

En momentos en que quedó pospuesta hasta agosto la discusión del proyecto que concedía aumentos salariales de hasta $58 mil a juezas y jueces del Tribunal General de Justicia, un informe de la comisión de lo jurídico de la Cámara de Representantes propone reducir la cantidad de miembros del Tribunal de Apelaciones.

Si la propuesta se concretiza, el total de juristas en el Tribunal de Apelaciones bajaría a 33 de 39. Colocaría, a su vez, a algunos de sus jueces a atender casos de foros de menor jerarquía.

Se trata del primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 687, que buscaba investigar la carga de trabajo de los jueces y considerar si debe aumentar o reducirse la cantidad de sus miembros.

Lee el informe aquí 

«En este momento de crisis fiscal y gerencial en la estructura gubernamental de Puerto Rico, las limitaciones presupuestarias, la quiebra del país y la presencia del Junta de Supervisión Fiscal, no está fuera de lo razonable considerar el que la Rama Judicial pueda y deba también hacer los ajustes necesarios para procurar ahorros provenientes de la reducción de su plantilla en donde no son necesarias», lee parte del informe de 50 páginas.

«El personal judicial en el Tribunal Apelativo presenta una carga de trabajo decreciente, frente a su contraparte de Instancia que necesita auxilio de recursos para atender el flujo de casos», sostiene el informe.

El mismo fue rendido en la sesión del pasado jueves, 22 de junio.

El trabajo fue realizado por una subcomisión dirigida por el vicepresidente de la Cámara, José «Conny» Varela. El documento incluye el endoso a la propuesta de una enmienda constitucional para implantar el concepto de Academia Judicial, para sustituir el actual sistema de nombramientos políticos en la judicatura y avalar un aumento salarial.

Cantidad de casos

Al recomendar reducir las plazas judiciales en el Tribunal de Apelaciones, el documento lo hace en parte porque la cantidad de casos presentados ante el Tribunal de Apelaciones ha descendido de 5,488 en 2014-2015 a 3,293 (40%) en el periodo 2021-2022, con un índice de resolución de sobre 100%, que no coincide con el movimiento de casos en el Supremo, donde la cifra se ha mantenido estable con el paso de los años.

«Apunta a una situación de exceso de recursos asignados (jueces) para atender un volumen cada vez menor de casos en apelación», sostuvo el informe. «El Tribunal (de Apelaciones) según ha quedado conformado tiene una cantidad de jueces que supera las necesidades para su carga de trabajo», mencionó.

Al mismo tiempo, el informe destaca que hacen falta jueces en el Tribunal de Primera Instancia e, incluso, se le exhorta a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez a pedirle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que nombre nuevos jueces municipales. «Definitivamente, a nivel de instancia, la carga de trabajo de casos civiles es considerable», reza el informe.

«Luego de una evaluación del movimiento de casos al nivel del Tribunal de Apelaciones y basado en los datos provistos por la OAT, se exige atender y atemperar la Ley 201-2003, a los fines de legislar una reducción de la cantidad de jueces del Tribunal de Apelaciones, la congelación de las plazas vacantes de ese nivel judicial y la reasignación de cierta cantidad de jueces para que auxilien en la carga judicial a nivel de Primera Instancia», lee el documento.

El documento interpreta que hay un problema de distribución de recursos en salas del Tribunal de Primera Instancia porque hay tribunales, como Aguadilla, donde a nivel civil hay 8,107 casos y por la vía penal hay 1,072.

La resolución planteaba que el número de jueces debe ser reevaluado por diversas razones, entre ellas la reducción poblacional, el alza en el uso de métodos alternos y la crisis fiscal del gobierno.

Se asegura que en salas donde antes se atendían «decenas de señalamientos, al presente atienden muy pocos asuntos a diario».

Los datos que surgieron en la investigación legislativa incluyen que la cantidad de casos que se trabajan en los tribunales ha disminuido en un 31.8% en una década, puesto que para el 2012-2013 se presentaron 308,800 casos y el pasado año fiscal fue 228,500.

Igualmente, llama la atención que se ha reflejado en los pasados tres años un aumento en la cantidad de mociones presentadas en los casos civiles, de 341,408 a 511,553, y esto se atribuye a la facilidad que permite el Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC) para presentar mociones por la vía electrónica.

Plazas judiciales

De la investigación se desprendió que más del 10% de las plazas judiciales están vacantes, porque de 386 plazas disponibles, al momento de obtener los datos a principios de 2023, la cifra de jueces activos era de 340 y las 46 vacantes se dividen en 15 municipales, 26 superiores, cuatro del Tribunal de Apelaciones y una en el Tribunal Supremo.

Surge del documento que la judicatura ha visto su presupuesto reducirse en $79 millones anuales, o un 23%, esto desde el 2014-2015 al presente.

Entre los pasos dados para reducir gastos judiciales se encuentra el cierre o traslado de 12 salas municipales y la negociación de los cánones de arrendamiento en 30 instalaciones judiciales.

El informe de 50 páginas resume parte del proceso de la medida y de las ponencias que recibió.

Resaltan la ponencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), que señaló que, además de debe mirar la cantidad de casos que maneja el juez o jueza, se debe observar la calidad de su trabajo. Además, apuntó que puede haber una merma de casos, pero el acceso a la justicia está cada vez más lejos para los sectores marginados.

También indicó que se debe evaluar las causas de la baja de casos.

«La lógica básica sugiere que una merma en radicaciones pudiese conllevar una reducción en el número de jueces y también en el número de salas operando. Sin embargo, esta visión simplista es peligrosa porque no identifica las raíces de esta merma en casos, ni la distribución por áreas de derecho tales como casos de familia, casos criminales, cobros de dinero, ejecuciones de hipotecas y otros», expresó el colegio en ponencia firmada por su presidente Manuel Qulichini.

También advirtió que las vacantes actuales causan una sobrecarga de trabajo en los jueces y juezas, que ante la presión por cumplir con la agenda de trabajo terminan laborando en sus días libres, afectando su calidad de vida y amenazando la calidad de la labor togada.

Salario justo

El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos G. Salgado Schwarz, por su parte, abogó por la consideración del Proyecto del Senado 1106, que fue pospuesto hasta la próxima sesión legislativa que comienza en agosto.

«Es una cuestión de justicia. Los jueces llevamos sobre 20 años sin aumentos de salario. Un juez superior, que acaba de entrar ahora mismo, gana lo mismo que un juez superior que pueda tener 24 años de experiencia en el Poder Judicial», destacó Salgado Schwarz.

Salgado Schwarz recordó que los aumentos salariales a jueces y juezas tienen que hacerse por mandato de ley.

El Proyecto del Senado 1106 tiene como propósito «establecer una compensación judicial adecuada para atraer candidatos calificados y retener juezas y jueces experimentados, así como fortalecer el principio de independencia judicial, que es básico para el funcionamiento óptimo del Poder Judicial en una democracia».

La jueza o juez presidente del Tribunal Supremo recibiría un sueldo anual de $183,000, mientras que las juezas y los jueces asociados recibirían un sueldo anual de $173,000.

Por su parte, las juezas y los jueces del Tribunal de Apelaciones serían compensados con un salario anual de $145,000.

El sueldo anual de las juezas y los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia sería de $120,000. El salario de las juezas y los jueces municipales sería $90,000.

La medida propone que, comenzando el 1 de julio de 2028, y subsiguientemente cada cinco años, los sueldos judiciales serán objeto de un ajuste incremental periódico.

El proyecto de ley señala que la judicatura puertorriqueña es la peor compensada entre todos los estados y territorios de Estados Unidos.

«Ciertamente estamos tratando de que sea atendido. Lo que queremos es que baje a votación, que no lo escodan ni lo engaveten, y que tampoco nos tengan de rehén», agregó.

«El Proyecto del Senado 1106 recoge el sentir de los jueces y juezas de Puerto Rico. Obviamente, en ese proyecto se sometieron unas cifras, a sabiendas de que esos números iban a ser modificados por la Junta de Supervisión Fiscal. Esos números no son los que finalmente autorizó a Junta. Esos números los tienen la Asamblea Legislativa. Existe un borrador de otro proyecto que cuenta con los números que la Junta autorizó», continuó el juez.