Las agencias gubernamentales ya tienen a su disposición el primer "Protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans, por razones de género", un documento instituido por el Comité PARE con el propósito de establecer una guía para atender estos casos criminales.

Lee aquí el "Protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans, por razones de género"

En la actualidad, las mujeres y las personas transgénero son objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana. La violencia de género, en sus múltiples manifestaciones es una forma de discriminación que frena arduamente que la mujer goce de derechos y libertades en igualdad de condiciones con el hombre.

Microjuris tuvo la oportunidad de dialogar con la analista Debora Upegui Hernández y la coordinadora Irma Lugo Nazario, ambas funcionarias del Observatorio de Equidad de Género y con la Oficial de Cumplimiento del Comité PARE, fiscal Ileana Espada, quienes conversaron sobre la importancia de otorgarle -a través de este nuevo protocolo- las herramientas necesarias a los funcionarios públicos para identificar los crímenes de mujeres y personas trans por razones de género.

"Lo más importante es que nombra las muertes de mujeres con el nombre que debe ser feminicidios, y además incluye la muerte de las mujeres trans. En la mayoría de los países donde se ha adoptado el protocolo latinoamericano, no todos incluyen la investigación de las personas trans como crímenes relacionados con el género, y generalmente no incluyen las muertes de las mujeres trans. Nosotras, desde el observatorio, tuvimos un rol de críticas, y de comentar y asegurarnos que se incluyeran los aspectos de suma importancia, como la necesidad de incluir, no solo a las mujeres trans, sino también a los hombres trans porque entendemos que son cuerpos feminizados, que a pesar de que ellos hayan asumido una identidad como hombre trans es bien factible que la sociedad en muchas ocasiones los perciba como cuerpos feminizados y actúen hacia ellos de manera discriminatoria", dijo Upegui-Hernández.

De acuerdo a Upegui-Hernández el documento recién publicado permitirá que durante una investigación criminal los funcionarios puedan identificar las señales de crímenes por razones de género pues tendrán ante sí las guías, normas y procesos para conducir de manera coordinada las pesquisas de estos casos.

"Antes del 2019 en Puerto Rico realmente no se hablaba del término de feminicidios. El término feminicidios se comienza a utilizar cuando el Proyecto Matria y Kilómetro Cero publicaron el primer estudio de feminicidios que se publicó en Puerto Rico. Antes de eso se hablaba de ‘muertes de mujeres’ por violencia doméstica, y la importancia de utilizar el término de feminicidio es que, no solo abarca la violencia dentro del contexto doméstico, sino que habla de la violencia basada en género. O sea, esto puede ocurrir dentro de la familia, pero también en el espacio público a manos de terceros o de extraños. La violencia de género no solo es la violencia doméstica sino que puede ser el acecho sexual, la violencia sexual, todas estas violencias que ocurren por el hecho de ser mujeres en el proceso de ejercer un poder machista, que entiende que tiene poder sobre el cuerpo de las mujeres", abundó la analista.

Cabe destacar que, Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el Negociado de la Policía, y el Instituto de Estadísticas y el Observatorio de Equidad de Género formaron parte de la creación del protocolo cuyo contendido complementan cualquier norma, guía o directrices internas de las agencias para atender las muertes violentas contras las mujeres y/o personas trans por razón de género.

Incluso, la creación del protocolo tiene como propósito dirigir y enmarcar las investigaciones de los casos de feminicidios y transfeminicidio conforme al estado de derecho, y no crea derechos sustantivos exigibles o adicionales a los dispuestos en las normas, legislación y reglas procesales aplicables. "Lo que establece el protocolo es que le da información a la Policía, y a las demás agencias, sobre cómo se define los feminicidios, como se define los transfeminicidios, cuáles son las situaciones que deben levantar la alerta", agregó la analista del Observatorio.

Lugo Nazario destacó, por su parte, que el protocolo permite que las agencias gubernamentales puedan investigar estos casos con mayor profundidad y le permite a Puerto Rico atemperarse con la jurisprudencia de otros gobiernos respecto a la investigación de este tipo de delitos pues permite una crear una relación interagencial.

"En Puerto Rico vemos que tienden a entender que violencia de género es sinónimo de violencia doméstica, cuando no es así. La violencia domestica es una manifestación de la violencia de género dentro de la violencia de género... Nuestra mirada dentro de los subcomités de la Orden Ejecutiva del Comité PARE ha sido de estadísticas e investigación, pero a la misma vez nosotras anteriormente hemos estado haciendo unos acercamientos a la Policía de Puerto Rico precisamente cuando explorábamos la página de la Policía los datos que veíamos eran muertes enfocadas en el área de violencia doméstica, y una de las categoría era de crimen pasional, y eso no se supone que se use", recordó Lugo Nazario.

Para Lugo Nazario el protocolo se atempera a una mirada de investigación internacionalizada porque reconoce como esto no es una situación solo de Puerto Rico, ni aislada, sino que es son problemas que comparten las mujeres porque "estamos en un sistema patriarcal".

"Pero, la violencia mayor se manifiesta hacia las mujeres. Es bien interesante porque mientras más se trata de educar sobre el tema, vamos a tener más herramientas para atender esta situación. También nos vamos dando cuenta de todo lo que nos falta. Eso es bien interesante porque nos damos cuenta cómo ha sido a nivel educativo los escollos para entender estas leyes. Esos contrastes están presentes. Por eso tenemos que continuar educando", destacó.

La fiscal Espada recordó en entrevista con Microjuris que el protocolo responde al mandato de la Ley 157-2020, que ordena el establecimiento de un sistema de compilación de estadísticas. Asimismo, complementa la Ley 140- 2021, que reconoce el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen asesinato en primer grado y responde a la Orden Ejecutiva 2021-013 del gobernador Pedro Pierluisi, quien declaró un estado de emergencia por violencia de género en el país.

"Todas las muertes son importantes, pero no todos los casos se investigan desde la misma óptica. Por eso es que hay una sombrilla bien grande que son los ‘crimines de odio’, y dentro de los crímenes de odio, están los crimines por violencia género, que es una de las manifestaciones. Por eso se llaman feminicidio y el transfeminicidio, que son crímenes que están dentro de esa sombrilla, pero que requieren una investigación especializada y un conocimiento de esos conceptos para poder conceptualizar, esclareces, hacer justicia, restaurar el daño a esa familia porque se reconoce cuál es la razón. Tenemos que humanizar el sistema porque le sirve a las personas", explicó la fiscal.

El protocolo deberá ser aplicado de manera sistemática en los siguientes casos:

1. Muertes violentas de mujeres o personas trans
2. Muerte de mujeres o personas trans sin causa determinada
3. Suicidio de mujeres o personas trans
4. Algunos accidentes de mujeres o personas trans, por ejemplo: simulación de choques

Espada reiteró que el protocolo, además, incorpora la perspectiva de género en las investigaciones y crea el Comité de Trabajo Multiagencial, que integrará al sector no gubernamental. De igual forma, les permite a los funcionarios investigar teniendo en cuenta las señales e circunstancias para el esclarecimiento de los feminicidios y transfeminicidios.  El protocolo busca también la prevención de estos delitos.

"Este protocolo utilizó como una de las guías el modelo del protocolo latinoamericano. Obviamente, se incluyeron otras prácticas de múltiples regiones", contextualizó la funcionaria.

La funcionaria adelantó que el Comité de Trabajo Multiagencial se estará reuniendo por primera vez el lunes, 15 de marzo de 2022. Estará presente el Departamento de Justicia, el Departamento de  Salud, Instituto de Ciencias Forenses, Negociado de la Policía de Puerto Rico, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Este comité tendrá la misión de evaluar la implementación del protocolo.

"Todas las agencias tienen maneras distintas de implementación. Por ejemplo, en la Policía tiene que desarrollar un currículo, eso se trabaja junto a la oficina del Monitor Federal de la Reforma Sostenible, es parte de lo que esta requerido. Entonces, Justicia lo trabaja con sus fiscales de una manera distinta, así como el Departamento de Salud y el Registro Demográfico. Esto va  a tener unos procesos que se tienen que discutir, y cada agencia va a ahora a empoderarse de esto para su implementación", indicó la fiscal.