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Por Valeria Alicea Guzmán

En un conversatorio organizado por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, expertos coincidieron en la necesidad de implementar la justicia restaurativa como método para la resolución de conflictos y la rehabilitación. 

La licenciada Rivera Lassén resaltó que existen diferentes modelos que no están basados en lo adversativo y punitivo.

«Desde los espacios legislativos se han hecho, en el pasado, varios acercamientos para tratar de cambiar algunas cosas. Los cambios tienen que ser sistémicos porque son estructurales. Por lo tanto, desde la legislatura el paso es bien lento porque los cambios sistémicos y estructurales se dan a veces más lento de lo que quisiéramos pero sobre todo porque el sistema se resiste», mencionó la abogada. 

Entre las legislaciones que han impulsado, Rivera Lassén resaltó la Ley 47-2022, que enmienda y añade incisos a la Ley de Menores de Puerto Rico y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores.

«Yo creo que a veces no podemos tener todo lo que quisiéramos pero poco a poco vamos avanzando y el asunto es que vayamos avanzando con grandes pasos fuertes para ir cambiando la estructura y que no sean cosméticos», agregó. 

La senadora mencionó que actividades como el Foro sobre nuevos acercamientos a la justicia penal en Puerto Rico: La justicia restaurativa, la justicia terapéutica y la abolición carcelaria son necesarias para acercarse a la meta. 

Una violencia sistémica

Durante la participación primer panel, la profesora Wanda Ramos Rosado explicó que la justicia restaurativa aspira a la restauración e inserción social a través de la aceptación de la responsabilidad, de forma voluntaria,  de la persona que delinque.

«Si bien es cierto que el ser humano tiene su grado de responsabilidad, siempre he dicho que es violencia atroz el cuerpo que aparece con 600 perforaciones de un AK-47, una decapitación en una escena de crimen, un desmembramiento en cualquier escenario, también convivimos con muchas violencias tan atroces como las enumeradas», afirmó.

Ramos Rosado indicó que el sistema violenta a través del abuso de poder, la falta de atención a las comunidades más necesitadas, la ausencia de servicios esenciales o el despilfarro de fondos públicos.

«Unido con estilos de crianza fallidos, falta de mantenimiento físico a los planteles escolares,  problema en los informes de trabajo social por falta de personal [....] Afectan a miles de seres humanos y todos los procesos sociales que atraviesan», comentó. 

Según el licenciado Francisco Borelli Irizarry, además de modificar la operatividad de los sistemas de justicia, este modelo busca transformar toda la sociedad incluyendo el aspecto educativo. 

El abogado destacó que para el 2014 unos 32 estados de los Estados Unidos habían integrado por vía de legislaciones la justicia restaurativa en sus procesos penales juveniles o de adultos. 

«Sin embargo, en Puerto Rico no existe dentro de las Reglas de Procedimiento Criminal normativa que establezca la obligación de los operadores del sistema penal de establecer un plan reparador o darle seguimiento mediante una vista judicial con enfoque sanador de daños. La referencia a la justicia restaurativa a las víctimas que expresa el Artículo 11 del Código Penal es interpretada oficialmente como un mandato a imponer una pena severa de cárcel cónsona con una política de castigo», sostuvo.  

Borelli Irizarry aseguró que las políticas implementadas durante los pasados años para desarticular el crimen, a través de penas severas de privación de la libertad o encarcelamiento, han causado más daños a la sociedad y a las comunidades de donde provienen las partes  directamente afectadas. 

Desde la academia

Precisamente, la profesora Edna Benítez Laborde, quien es la coordinadora del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas, a través de una reflexión de la activista y abolicionista Ruth Wilson Gilmor cuestionó la "necesidad de la cárcel".

«¿Por qué pretendemos resolver los problemas sociales con respuestas violentas repitiendo así las mismas conductas que ocasionaron el problema en su origen. Es una pregunta que nos invita a pensar sobre la manera en que entendemos la justicia o cómo se administra la justicia. Nos obliga a cuestionar el paradigma punitivo o retributivo cuyas prácticas se nutren de un sustrato de venganza y crueldad», expresó la licenciada Benítez Laborde. 

Para la abogada Benítez Laborde, la cárcel es una institución que genera la evasión. "El no pensar en el daño y en la imposibilidad de restauración". 

La Universidad de Puerto Rico (UPR) ofrece a las personas confinadas un bachillerato en Estudios Generales. La oferta académica incluye clases como lenguas, literatura, epistemología, filosofía, historia, matemáticas, entre otras. Por tanto, Benítez Laborde especificó que un currículo de artes liberales les brinda a estudiantes privados de libertad la adquisición de lenguaje, que es el instrumento con que se puede pensar los actos humanos. 

«Tenemos la creencia equivocada de que las personas que cometen delitos tienen una clara conciencia de sus actos y por lo menos desde mi experiencia desde la docencia, no sé desde los tribunales, la mayoría de los actos delictivos permanecen ininteligibles para las mismas personas que los comenten», confesó.

No obstante, la licenciada Benítez Laborde aclaró que a través de la justicia restaurativa no se trata de justificar el hecho delictivo, sino valorar todas las circunstancias que lo rodean. «La educación universitaria brinda oportunidades para esta reflexión y a nivel comunitario también». 

Un modelo que reconoce a la víctima y la comunidad

Por otro lado, el sociólogo Víctor Ivan García Toro reiteró que la justicia restauradora es transformadora si produce cambios a un nivel estructural apoyado en arreglos y cambios sociales, que son vitales para tomar en cuenta las necesidades básicas de todas las partes involucradas.

«Implica de por sí una serie de consideraciones respecto a la filosofía imperante en el sistema de justicia más abiertamente participativo y obviamente menos adversarial, punitivo y despersonalizante. Aboga por una visión reconciliadora y rehabilitadora que involucra tanto a las víctimas como al victimario», detalló García Toro. 

Asimismo, García Toro manifestó que la justicia terapéutica tiene un enfoque en la sanación y la reparación de los efectos adversos del proceso criminal. 

La también socióloga Lina Torres Rivera coincidió con García Toro y describió la justicia terapéutica como una respuesta sistémica al delito que enfatiza en la sanación de las heridas causadas o reveladas por él mismo en víctimas, personas ofensoras, comunidades y la sociedad en general. 

«Debemos considerar las ventajas de los mecanismos de la justicia informal, pero que sea respetuosa de los derechos humanos; la restitución o reparación del daño; los movimientos en defensa de los derechos de las víctimas; las conferencias de mediación y reconciliación entre víctima y ofensor u ofensora, en caso de ser posible; y, por supuesto, yo le añado la justicia social», expuso Torres Rivera.    

Además, la profesora Iris Camacho Meléndez advirtió que no se debe visualizar el derecho penal desde una perspectiva aislada o un comportamiento estanco. 

«Muchos de los conflictos que se atienden en los tribunales penales en Puerto Rico no necesariamente deberían atenderse desde una óptica penal. Muchos de esos conflictos podemos ver que son conflictos familiares y que son conflictos comunitarios que deberían tener un prisma no retributivo», apuntó la licenciada Camacho Meléndez.  

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