Por Daniel Rivera Vargas

Tras más de un año de trabajo, el comité del 6 de enero que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos divulgó el informe final de su pesquisa, producto de numerosas deposiciones, 11 vistas públicas y miles de piezas de evidencias, que incluye la recomendación al Departamento de Justicia federal de que presentes cargos criminales contra el expresidente Donald Trump.

“Comité del 6 de enero” recomienda cargos criminales contra Trump

Asimismo, el documento, de 845 páginas, hace 11 recomendaciones para fortalecer el sistema democrático y tratar de evitar futuros violentos actos como los del 6 de enero, que independientemente de lo que ocurra con Trump, ya ha generado numerosas acusaciones y condenas federales contra cientos de personas.

Algunos de los acusados son citados en el informe, testificando bajo juramento que actuaron pensando, como dijo Garret Miller, «que está siguiendo instrucciones del expresidente Trump y que él era mi presidente y mi comandante en jefe».

El informe menciona no solo a Trump como una figura clave en la conspiración, sino a otros como el abogado John Eastman y el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani.

También, alude a cómo desde mucho antes de las elecciones el entonces presidente planificaba declararse falsamente como ganador de los comicios, como declaró que hubo fraude sin que hubiera acabado el proceso electoral el día de las elecciones, que numerosos asesores republicanos no aceptaban su versión de fraude, y que incluso se buscaron electores falsos para tratar de detener la certificación de Joe Biden como nuevo presidente.

Varios congresistas se expresaron por escrito como parte del documento sobre lo que representó para ellos los ataques, lo que descubrieron en la investigación, y las implicaciones del informe.

«Este informe provee mayores detalles sobre el esfuerzo de múltiples pasos diseñado e impulsado por Donald Trump para revertir la elección de 2022 e impedir la transferencia de poder», dijo el congresista Bennie G. Thompson, presidente del comité.

La vicepresidenta del comité, Liz Cheney, quien resaltó que la mayoría de los testigos eran republicanos, comentó que más allá de la ilegalidad del plan, hubo fallas sencillamente morales, como cuando en medio del ataque, con agentes de ley y orden siendo agredidos, Trump sencillamente se quedó sentado en un comedor de la Casa Blanca, viendo la televisión, por horas.

«Este plan no era simple, era uno corrupto», expresa Cheney.

Las once recomendaciones del comité son las siguientes:

1. Ley del Conteo Electoral. Se urge al Senado que se apruebe el proyecto de la Cámara 8873 conocido como la Ley de Reforma Electoral Presidencial para reafirmar que el vicepresidente no tiene autoridad para rechazar los resultados electorales que reciba de un estado, permite demandas de candidatos presidenciales para asegurar que lleguen los resultados electorales, regula los poderes del Congreso y se prohíbe cambiar reglas electorales de forma retroactiva.

2. Rendición de cuentas. Recuerda las propuestas de acusaciones criminales contra Trump y otros funcionarios, exhorta a organismos éticos a evaluar las posibles ilegalidades de abogados, y que el Departamento de Justicia federal prohíba la participación de sus abogados de participar en actividades de campanas.

3. Extremismo violento. Agencias federales de inteligencia y seguridad deben revisar sus protocolos relacionados a compartir información sobre ataques a minorías e instituciones de gobierno, y diseñar una estrategia para combatir la amenaza de grupos extremistas, incluyendo nacionalistas blancos y grupos anti gobierno.

4. Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda. Deben ser descalificados para cualquier cargo público, federal o estatal futuro a toda persona asociadas a la insurrección del 6 de enero.

5. Evento Especial de Seguridad. La Sesión Conjunta del 6 de enero, donde el congreso valida los resultados electorales, debe ser considerada un Evento Especial de Seguridad, como lo es un Mensaje de Estado, lo que conlleva medidas adicionales de seguridad.

6. Enmendar leyes penales. Para que no sea cuestionable por fiscales, debe estar claro que el 18 usc 1512 (c) 2, y otras, incluye la Sesión Conjunta del 6 de enero.

7. Autoridad de la Cámara de Representantes para hacer cumplir requerimientos (subpoenas). Debe aclararse el alcance del 2 USC 288d y 28 USC 1365 porque el alcance actual no está claro.

8. Amenazas a Trabajadores Electorales. Deben aumentarse las penalidades para ciertas amenazas a personas involucradas en el proceso electoral.

9. Supervisión a la Policía del Capitolio. Se requiere más fondos para medidas criticas de seguridad, se debe mejorar su adiestramiento y sus protocolos.

10. Rol de los medios. Comités congresionales con jurisdicción deben evaluar políticas de empresas de medios que tengan el efecto de radicalizar a su audiencia, incluyendo provocar ataques al país.

11. Discutir la ley de insurrección. Los Comités congresionales correspondientes deben evaluar riesgos para futuras elecciones relacionados a este estatuto.

A continuación, los cargos criminales por los que el comité entiende el presidente Trump debe ser acusado

1. Título 18, sección 1512(c): OBSTRUCCIÓN DE UN PROCESO OFICIAL. Quien corruptamente— (1)altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad del objeto o su disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial; o (2)de otro modo obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado bajo este título o encarcelado no más de 20 años, o ambos.

2. Título 18, sección 371: CONSPIRACIÓN PARA DEFRAUDAR A ESTADOS UNIDOS. Si dos o más personas conspiran para cometer cualquier delito contra los Estados Unidos, o para defraudar a los Estados Unidos, o a cualquier organismo del mismo, de cualquier manera o con cualquier fin, y una o más de dichas personas realizan cualquier acto para llevar a cabo el objeto de la conspiración, cada una de ellas será multada en virtud de este título o encarcelada por un máximo de cinco años, o ambas cosas; [o] Si, no obstante, el delito cuya comisión es el objeto de la conspiración es sólo un delito menor, la pena por dicha conspiración no excederá la pena máxima prevista para dicho delito menor.

3. Título 18, sección 1001: CONSPIRACIÓN PARA HACER UNA DECLARACIÓN FALSA. Salvo que se disponga lo contrario en esta sección, quien, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de la rama ejecutiva, legislativa o judicial del Gobierno de los Estados Unidos, a sabiendas y voluntariamente: (1) falsifique, oculte o encubra mediante cualquier truco, plan o dispositivo un hecho material; (2) haga cualquier declaración o representación materialmente falsa, ficticia o fraudulenta; o (3) haga o utilice cualquier escrito o documento falso a sabiendas de que el mismo contiene cualquier declaración o anotación materialmente falsa, ficticia o fraudulenta.

4. Título 18, artículo 2383: INCITAR UNA INSURRECCIÓN. Quien incite, inicie, ayude o participe en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes, o brinde ayuda o consuelo para ello, será multado conforme a este título o encarcelado por no más de diez años, o ambas cosas; y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo bajo los Estados Unidos.

5. Título 18, artículos 372 y 2384: OTROS ESTATUTOS DE CONSPIRACIÓN. (Dependerían de lo que pueda conseguir el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su investigación) El 372 prohíbe una conspiración entre dos o más personas para impedir, por la fuerza, intimidación o amenaza, que cualquier persona acepte u ocupe cualquier cargo, fideicomiso o lugar de confianza bajo los Estados Unidos, mientras el 2384 de conspiración sediciosa prohíbe conspiración para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al Gobierno de la Estados Unidos… o oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza para impedir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos .

6. Título 18 artículos 1505 y 1512. OBSTRUCCIÓN. Bajo el 1505 cualquier persona con la intención de evadir, prevenir, evitar u obstruir el cumplimiento de una investigación que voluntariamente oculte, encubra, destruya, mutile o altere, o provea información falsa, puede ser condenado a 5 años de prisión, o 8 años si se trata de terrorismo, mientras que bajo el 1512 prohíbe intimidar testigos, con penas de entre 20 a 30 años