El Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland, emitió un memorando en el que se impone una moratoria a las ejecuciones federales mientras se revisan las políticas y procedimientos del Departamento de Justicia.

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«El Departamento de Justicia debe asegurarse de que todas las personas que participan en el sistema de justicia penal federal no solo gozan de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también reciben un trato justo y humano», dijo Garland en declaraciones escritas.

«Esa obligación tiene especial fuerza en los casos de pena capital», continuó.

El presidente Joe Biden se comprometió durante su campaña de 2020 a apoyar la legislación para poner fin a la pena capital.

Contexto

En los últimos dos años, el Departamento de Justicia realizó una serie de cambios en las políticas y procedimientos de los casos de pena capital y llevó a cabo las primeras ejecuciones federales en casi dos décadas entre julio de 2020 y enero de 2021.

Eso incluyó la adopción de un nuevo protocolo para administrar inyecciones letales en la Oficina Federal de Prisiones, utilizando el fármaco pentobarbital.

El memorando de Garland ordena al Fiscal General Adjunto que dirija una revisión múltiple de estos recientes cambios de política, incluyendo:

1. Una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal del Addendum al Protocolo Federal de Ejecución, adoptado en 2019, que evaluará el riesgo de dolor y sufrimiento asociado al uso del pentobarbital.
2. Una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal para considerar los cambios en la normativa del Departamento de Justicia realizados en noviembre de 2020, que ampliaron los métodos de ejecución permitidos más allá de la inyección letal, y autorizaron el uso de instalaciones y personal estatal en las ejecuciones federales.
3. Una revisión de las disposiciones del Manual de Justicia sobre casos de pena capital, incluidos los cambios de diciembre de 2020 y enero de 2021 para acelerar la ejecución de las sentencias de pena capital.

El memorando del Fiscal General exige que las revisiones incluyan consultas con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los componentes pertinentes del departamento, otros organismos federales y estatales, expertos médicos y abogados experimentados en casos de pena capital, entre otros.

No se programarán ejecuciones federales mientras las revisiones estén pendientes.