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El Senado de Puerto Rico dio paso al Proyecto del Senado 682, el cual impondría auditorías anuales a quienes se dediquen a cultivo, investigación, manufactura, laboratorios, transporte o dispensación de cannabis medicinal.

Además, el proyecto amplía el acceso de la industria a las cooperativas, al permitir que aumente la cantidad de instituciones de este tipo que pueden ser depositarias de fondos producto de las ventas de cannabis medicinal.

Lee aquí el proyecto de ley

La medida también provee para que los cursos de educación continua para las personas profesionales de la industria del cannabis se ofrezcan por internet.

El proyecto regularía la profesión del técnico de dispensario, requiriendo que las personas que se dediquen a esto tengan que tomar un examen de admisión ofrecido por la Oficina de Cannabis Medicinal.

Según la exposición de motivos de la medida, la Oficina de Cannabis Medicinal no cuenta con el presupuesto, materiales, equipo o personal suficiente para poder fiscalizar sobre 500 establecimientos que se espera estén operando para el año 2022.

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Se estima que, para poder fiscalizar que los establecimientos están en estricto cumplimiento, se necesita aproximadamente un inspector por cada 25 establecimientos en funciones. Al presente, existen sobre 250 establecimientos y solo cuatro inspectores.

La ley requeriría que todo establecimiento de cannabis se someta anualmente a una auditoría de cumplimiento efectuada por un auditor externo autorizado por la Oficina del Programa de Cannabis.

La propuesta legislativa requeriría, además, que los laboratorios de cannabis medicinal se sometan anualmente y de manera compulsoria a pruebas de proficiencia o competencia, ya sea por la Oficina de Cannabis medicinal o por una compañía autorizada por la Junta o dicha Oficina.

Reza la medida que, actualmente, ninguno de los tres laboratorios que operan en la isla se ha sometido a pruebas de competencia o proficiencia que garanticen que están cumpliendo con los requisitos estatutarios y reglamentarios.

La medida, que fue radicada por el senador Javier Aponte Dalmau, recibió de la Comisión de Salud del Senado un informe positivo con enmiendas.

Fue aprobada con enmiendas del informe y de sala, con 16 votos a favor y ocho en contra.