Por Daniel Rivera Vargas

El puertorriqueño Kevin Miguel Rivera Medina, expresidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, lamentó los últimos desarrollos relacionados con el caso del autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

«El que una persona sea castigada con la pena de muerte es una venganza y no es un acto de justicia. Además, condena a muerte a una persona y cierra muchas puertas porque esa persona pierde cualquier incentivo a cooperar con cualquier tipo de investigación o intento de aclarar la verdad», sostuvo Rivera Medina, quien actualmente es portavoz en Puerto Rico del Comité pro Derechos Humanos.

A finales de la semana pasada trascendió que el gobierno de Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con el presunto autor de los atentados del 9-11, Khalid Sheikh Mohammed, y otros coacusados. En este acuerdo, ellos admitían su culpa en 2,976 asesinatos a cambio de que el castigo no incluyera la pena de muerte.

Sin embargo, horas más tarde, y tras la aparición de oposición en varios sectores de Estados Unidos, el acuerdo fue revocado por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, un funcionario nombrado por la actual administración demócrata presidida por Joe Biden.

La revocación del acuerdo ocurrió en medio de numerosos llamados de sectores de la sociedad estadounidense en contra de eliminar la pena de muerte como una opción para los perpetradores del 11 de septiembre.

«El acuerdo de alegación de culpa absolutamente enviaba un mensaje erróneo a terroristas alrededor del mundo», indicó por ejemplo el senador republicano, Lindsey Graham en sus redes sociales.

Rivera Medina entiende que la decisión de las altas autoridades estadounidenses de dar marcha atrás a los acuerdos puede afectar lo que debería ser uno de los objetivos principales: esclarecer completamente los hechos del 11 de septiembre.

Hasta ahora, lo que ha trascendido principalmente es que el grupo terrorista Al-Qaida secuestró aviones llenos de pasajeros y los lanzó contra objetivos civiles y militares en Estados Unidos, como las Torres Gemelas en Nueva York y el Departamento de Defensa en Washington D.C., en el peor ataque terrorista en la historia del país.

«El propósito principal de las familias de las víctimas del 9/11 y de todo un pueblo, e incluso de las personas que fueron muchos de ellos ilegítimamente detenidas en Guantánamo, es conocer la verdad, toda la verdad de lo que allí ocurrió. Eso no se consigue con un asesinato adicional por parte del estado», manifestó Rivera Medina.

Además, el licenciado Rivera Medina, quien sigue siendo integrante del comité directivo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, compuesta por 185 organizaciones alrededor del planeta, señaló que lo ocurrido con estos acuerdos también envía un mensaje sobre la situación política y social en Estados Unidos.

«Aquí cada vez más los partidos demócrata y republicano están más cerca de sus posturas conservadoras sobre los derechos humanos y sistemas de justicia. Es una visión retrógrada, y que poco está ayudando a desarrollar el sistema de búsqueda de la verdad y rehabilitación y transformación social. En Estados Unidos lo que necesitan más allá del castigo de uno u otro es una profunda transformación social, ni el Partido Demócrata y mucho menos el Partido Republicano están ofreciendo esa oportunidad política a esa nación», sostuvo Rivera Medina.

En términos jurídicos, Rivera Medina entiende que lo más probable es que continúe la negociación con los tres acusados en esta etapa, y si no se consigue un nuevo acuerdo, se celebre un juicio.

Sin embargo, señaló que lo ocurrido en el caso del presunto terrorista Khalid Sheikh Mohammed podría atentar contra la actual política del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que otorga deferencia a las fiscalías de cada distrito para decidir si se llevará a juicio a un acusado con la posibilidad de que el castigo final sea la pena de muerte.

«Ciertamente esto es un paso en retroceso», indicó Rivera Medina.

Rivera Medina explicó que el sistema de juicios de pena de muerte tiene varias etapas, siendo una de las primeras identificar si el presunto delito es castigable con la pena de muerte, lo que automáticamente genera elegibilidad para la pena capital. Posteriormente, la fiscalía decide si, más allá de la elegibilidad, el caso debe procesarse como uno de pena de muerte.

Rivera Medina comentó que en este momento en Puerto Rico no hay ningún caso en el que la fiscalía de Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico haya procurado un juicio de pena de muerte contra un acusado puertorriqueño.

En Puerto Ruco hubo pena de muerte bajo el gobierno español y en los primeros anos del dominio estadounidense, pero fue prohibida la pena de muerte por ley estatal desde 1927, lo que fue ratificado luego en la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952. Pero, en virtud de la ley federal de Pena de Muerte de 1996, se permiten los juicios de pena de muerte en Puerto Rico.

Se han celebrado varios juicios, en varios ha habido veredicto de culpabilidad, pero en ninguno un jurado puertorriqueño ha impuesto la pena de muerte.