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El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, anunciaron que hoy apelarán ante el pleno del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston la decisión que anuló la Ley 41-2022, mejor conocida como la nueva Reforma Laboral del 2022.

Asimismo, Hernández Montañez y Torres García informaron que durante la sesión legislativa de hoy aprobarán el Proyecto de la Cámara 1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41-2022, pero esta vez estará acompañado de un informe de impacto fiscal, según requiere la Sección 204(a) de la Ley PROMESA, que será preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

«Nuestros abogados estarán presentando ante el Primer Circuito de Apelaciones una solicitud de reconsideración para que el pleno de los jueces que constituyen este tribunal («Petition for Rehearing en Banc») revoquen al panel de tres jueces que el 10 de agosto confirmó al Tribunal de Distrito de Puerto Rico para declarar nula la Ley 41-2022«, detalló Torres García sobre el remedio judicial solicitado.

La petición del cuerpo legislativo está basada en tres argumentos centrales:

1.  La decisión expande injustificadamente la autoridad y las prerrogativas de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (en adelante, Junta de Supervisión Fiscal), lo que menoscaba el derecho fundamental a un gobierno propio, a pesar de que la Ley Promesa limita el rol de esta entidad a principalmente garantizar el cumplimiento con el Plan Fiscal certificado.
2. Proporciona una interpretación excesivamente amplia sobre la Sección 204(a) para permitir que la Junta de Supervisión prospectivamente cuestione que una ley entre en vigor, basado en especulaciones y una visión filosófica sobre cuál debe ser la función del gobierno, sin datos económicos que validen la inconsistencia con el Plan Fiscal certificado.
3. La centralización injustificada en la jueza Laura Taylor Swain para intervenir como juzgadora exclusiva de los pleitos donde comparezca la JSF («judge-shopping»), aun cuando no exista relación alguna con la quiebra de las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico, «lo que crea una peligrosa percepción de parcialidad que lacera la operación del sistema de justicia».

«El recurso cita también al exjuez de ese foro Juan R. Torruella, quien anteriormente expuso que el remedio que nuestros abogados están solicitando debe concederse como excepción cuando la decisión bajo cuestionamiento afecta la vida de millones de personas y tiene un efecto adverso en la operación de las instituciones públicas. Ambas consideraciones se encuentran presentes en este caso», sostuvo el presidente cameral.

Por su parte, Torres García manifestó que, «en el escenario no anticipado de que este recurso no sea acogido, estamos listos para recurrir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para hacer valer los derechos de nuestra clase trabajadora hasta agotar todas las vías».

Contexto

La Junta de Supervisión Fiscal cuestionó la legitimidad de la medida ante el Tribunal de Título III, decisión que fue descrita como histórica porque es la primera vez que se decide sobre un caso que afectaría a la industria privada.

La Reforma Laboral buscaba restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a las y los trabajadores de la empresa privada que se habían perdido cuando se aprobó la Ley 4 del 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.

La Junta de Supervisión Fiscal inició el procedimiento el 1 de septiembre de 2022, alegando que el gobierno electo de Puerto Rico no podía implantar legalmente la Ley Núm. 41-2022 porque fue promulgada en violación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés) y que las políticas de reforma laboral plasmadas en la Ley 41 eran inconsistentes con el plan fiscal certificado

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