Durante la pasada semana, un grupo de activistas convocados por estudiantes de la Sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, encararon a funcionarios del gobierno de Puerto Rico, respecto a la situación de violación de derechos humanos en la isla.

La vista temática se celebró durante el 154° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sede de la Organización de Estados Americanos ante los comisionados Tracy Robinson, Rose Marie Belle-Antoine, Felipe González y Rosa María Ortiz.

La licenciada Ana Irma Rivera Lassén tuvo a su cargo presentar los temas que se expondrían, entre los cuales figuró una petición para la excarcelación inmediata del prisionero político Oscar López Rivera.

La doctora Lina Torres, del Programa de Apoyo a la Comunidad en materia de educación especial, adscrito al Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad del Sagrado Corazón, habló sobre el derecho a la educación inclusiva de niños y niñas con educación especial. Específicamente, habló sobre el caso Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación. Según Torres, los padres llevan esperando más de 13 años a que se cumpla la sentencia y aún permanece un patrón de represalias contra padres y madres que se han quejado por la falta de eficiencia que aún prevalece en los servicios a estudiantes de educación especial.

"Este incumplimiento histórico ha tenido impacto severo sobre estas familias en particular sobre las madres. Retrasos de meses y años tienen serias consecuencias sobre el desarrollo de niñas y niños", leyó Torres.

Por su parte, el estudiante Carlos Sepúlveda de la Clínica de Asistencia Legal Universidad de Puerto Rico habló sobre la situación de derechos humanos de la Comunidad LGBT en la isla, en donde a su juicio, las leyes de Puerto Rico reducen a las personas LGBT al estado de ciudadanos de segunda categoría.

"No existen estadísticas oficiales respecto a la demografía y las necesidades de esa comunidad, ni política pública dirigida a atender sus problemas. Durante los últimos años, decenas de personas identificadas con esta comunidad han sido asesinadas o víctimas de intentos de asesinato y agresiones. Autoridades fallan en las investigaciones y se niegan a catalogar estos delitos como crímenes de odio. La ley prohíbe matrimonios del mismo sexo y no reconoce los legítimamente contraídos en otras jurisdicciones", detalló Sepúlveda.

La licenciada Eva Prados, del Movimiento Amplio de Mujeres en Puerto Rico y la licenciada Yanira Reyes, del Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho (Inter-Mujeres) hablaron de los derechos de las mujeres y de los inmigrantes. Para Prados, Puerto Rico es un territorio hostil para las mujeres, pues existen patrones generalizados de violencia, discrimen en el empleo, pobreza, falta de acceso a la vivienda y trata humana.

"Por los pasados 25 años, 558 mujeres asesinadas en incidentes de violencia doméstica. En el año 2014, se reportaron 11 mujeres desaparecidas, y desde hace 2 años, se han reportado 2,000 agresiones sexuales anualmente. Las mujeres enfrentan muchas barreras de acceso a la justicia. La policía no protege a las mujeres maltratadas ni investiga sus denuncias. No existen protocolos y persisten problemas en el manejo de la evidencia", agregó.

Por su parte, la licenciada Yanira Reyes explicó que el racismo y la xenofobia son agravantes en todas las situaciones que sufren las mujeres en la isla. Por ejemplo, las mujeres dominicanas en su gran mayoría se ven sometidas a horarios excesivos, pocos salarios y ningún beneficio marginal. Dicha comunidad también es afectada por acciones policiales injustificadas así como registros e incautaciones ilegales.

Respecto al tema de la pena de muerte, Edgardo Román, de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, explicó que aún cuando esta fue abolida en Puerto Rico, Estados Unidos la impone por legislación federal y el estado funge como colaborador directo de dicha imposición refiriendo casos a las autoridades federales. Otros problemas particulares respecto a la pena de muerte es que aún cuando hay un gran por ciento de personas que no hablan inglés en Puerto Rico, los procesos en dichos casos son en ese idioma, haciendo dificultosa la defensa de dichas personas, y la situación de que Puerto Rico no puede negar la extradición de ningún acusado a otra jurisdicción aunque sea candidato a la pena de muerte. Puerto Rico es la séptima jurisdicción de Estados Unidos con más casos de pena de muerte aún cuando su Constitución la prohíbe.

Por último, expuso el profesor Mohamed Mattar, director ejecutivo de The Protection Project, quien habló sobre la trata de niños y niñas en Puerto Rico. Según el profesor, en la isla la trata humana se manifiesta a través de la prostitución, el tráfico de órganos y otras actividades ilegales. A pesar de tener conocimiento, la respuesta del gobierno es débil, falta coordinación entre las autoridades para atacarlo, y no existe legislación anti-tráfico extensiva que se ajuste a los estándares internacionales.

El licenciado Osvaldo Burgos tuvo a su cargo el petitorio hacia la Comisión, el gobierno de Estados Unidos y el de Puerto Rico. El grupo peticionó a la Comisión que realizara una visita a Puerto Rico y que incluyera a la isla en su agenda de trabajo para "evitar que las violaciones a derechos humanos sigan siendo invisibles ante la comunidad internacional". Además, se peticionó la inmediata excarcelación de Oscar López Rivera, pronta atención a los reclamos de niños y niñas de educación especial y que se adopten medidas necesarias para evitar que se continúe incumpliendo con los requisitos que establece la ley federal y estatal en esa materia. Además, solicitaron que se desista del maltrato y represalias contra las familias que han presentado quejas y que se le elimine la impunidad que protege a los funcionarios que persiguen a padres y estudiantes.

Por otra parte, la petición incluyó que se abandonara la aplicación de la pena de muerte o que se instale una moratoria para que no se pueda implantar, que se provea entrenamiento para tratar con el problema de la trata de personas y para implementar la ley federal, que se cumpla con respetar la dignidad de las personas LGBTT y se les trate igual ante la ley, que se adopte un plan para atender los problemas relacionadas al pleno disfrute de los derechos de las mujeres, especialmente a grupos de mujeres con mayor vulnerabilidad y se implemente la perspectiva de género. En el tema de los inmigrantes, el grupo peticionó que el gobierno trabajara en una política publica para lograr la integración plena de la comunidad inmigrante en la vida publica y un programa de sensibilización hacia esa comunidad de manera que se respete y se proteja sus derechos fundamentales.

La representación del gobierno estuvo a cargo del Secretario de Estado, David Bernier, y el Secretario de Justicia, César Miranda. Miranda detalló la legislación que ha otorgado protecciones a la comunidad LGBTT, entre ellas la Ley 22 de 2013 que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, la vivienda y otras instancias públicas y privadas. También mencionó las Ordenes Ejecutivas 8 y 9 de 2013 y la Ley 97 de 2013 que garantiza que inmigrantes residentes en Puerto Rico puedan acceder al sistema público de enseñanza, obtener su licencia de conducir y recibir atención médica.

"Nuestra comparecencia aquí ha servido como oportunidad para dar a conocer los avances históricos que hemos logrado en nuestra administración al reconocer los derechos elementales de nuestros inmigrantes, de miembros de la comunidad LGBTT, de las mujeres y niños. Tengo que decir con toda satisfacción que, en términos generales, nuestro gobierno ha sido sensible a todos los planteamientos expuestos por diversos sectores de la sociedad civil. Hemos tomado acciones afirmativas de avanzada, dentro de lo que permite nuestro estado de derecho, y estoy seguro de que todavía nos queda espacio para continuar haciendo justicia en el terreno de los derechos civiles y humanos en nuestro país", agregó Miranda.

Sin embargo, Miranda fue claro y directo en cuanto a que el gobierno de Puerto Rico se ha unido al coro de voces que solicitan la excarcelación de Oscar López Rivera, quien por causa de una sentencia por conspiración sediciosa lleva encarcelado más de 34 años.

"Para hablar de libertades individuales, sin sonrojarnos, todos tenemos que exigir la liberación de Oscar López Rivera. Este hombre lleva 34 años encarcelado por hechos no vinculados a actos de violencia. Reitero el pedido que ha hecho el gobernador, el liderato político y el pueblo de Puerto Rico: libertad para Oscar López Rivera. No debe esperar más. Y ustedes que hoy nos escuchan deben ser parte de esa iniciativa", declaró el Secretario de Justicia ante la Comisión.

No obstante, la delegación del gobierno de Puerto Rico no contestó todos los temas que presentó la representación de la sociedad civil y tampoco contestaron algunos de los cuestionamientos de miembros de la Comisión. Los comisionados solicitaron que las partes presentaran posteriormente informes sobre dichos cuestionamientos para la consideración de la Comisión. Algunos de las preguntas o cuestionamientos que estos hicieron a las partes fueron:

Comisionado Felipe Calderón
Si la detención que se realiza a inmigrantes tiene características penales regulares, puesto que ese tipo de detención se utiliza como último recurso en Estados Unidos.

Comisionada Tracy Robinson
Solicitó que Estados Unidos comparta información sobre Puerto Rico a través de los cuestionarios y otras solicitudes de información que realiza la Comisión. Robinson reconoció la importancia histórica de la visita de la delegación puertorriqueña ante la comisión. Asimismo reconoció los avances en política pública sobre las mujeres y la comunidad LGBTT que el estado mencionó, pero exhortó al gobierno a que evaluara si en su aplicación dicha política pública está siendo efectiva.

Comisionada Rosa María Ortiz
Ortiz notó que existe una diferencia entre lo que dice la legislación y lo que la práctica demuestra. Como Relatora de los Derechos de la Niñez, esta abordó el tema de la ineficiencia de servicios a niños de educación especial. La comisionada preguntó el por qué el gobierno prioriza la judicialización de los casos y el pago multas por el incumplimiento de los derechos de los niños y no se utilizan esos recursos para brindar los servicios adecuados y a su vez, promover la utilización eficiente de los recursos del estado.

Sobre el tema de la violencia en las escuelas, esta cuestionó si los participación tienen los niños tienen alguna participación directa para encarar el problema y ser parte de la solución. Además preguntó si existen mecanismos que ayuden participación de los niños en los programas que pretenden abordar este problema. Esta también preguntó si la legislación puertorriqueña contempla a los menores de 18 años como víctimas o victimarios en esas situaciones. Por último, preguntó sobre qué impedimentos existen para que se libere al prisionero político Oscar López Rivera.

En entrevista con el periódico El Nuevo Día, la profesora Annette Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, expresó que la meta, luego de haber presentado los informes ante la Comisión, es que esta incluya a la isla en los informes periódicos de ese organismo regional.

"Una de las cosas que pedimos es que cuando se hagan diagnósticos generales sobre las Américas se incluya una sección sobre Puerto Rico. Sería una forma de hacernos visible", indicó.

Martínez Orabona resaltó que es importante que el gobierno de Puerto Rico haya comparecido y establecido un diálogo con la sociedad civil, pues su participación aporta al récord oficial. La profesora prevé que eventualmente Puerto Rico tenga mayor participación en las audiencias temáticas.

La CIDH es un organismo internacional que supervisa la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro continente. Tiene facultad para emitir decisiones y pronunciamientos sobre la violación estatal de derechos humanos en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

por Zoán T. Dávila Roldán