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Por Daniel Rivera Vargas

Hermann Ferré, el abogado que representó a José Luis Vaello-Madero ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, repasó la decisión emitida por el alto foro judicial y sus implicaciones, tanto para la Isla como para su cliente.

En entrevista telefónica con Microjuris, el abogado criado en Ponce, quien también pasó parte de su edad temprana en Carolina, lamentó que el alto foro emitiera una opinión 8-1 y breve sobre la controversia, básicamente confirmando los precedentes de Califano y Harris, y sin tocar el tema de si se debía aplicar un escrutinio estricto al analizar la aplicabilidad derechos a ciudadanos americanos carentes de poder político como los residentes de Puerto Rico.

"La corte obviamente no aceptó el argumento, pero no explicó por qué", dijo Ferré.

En este caso, el ciudadano Vaello-Madero se defendía de una imputación federal que recibió indebidamente $28,081 del Seguro Social Complementaria (SSI, por sus siglas en inglés) porque esta ayuda federal no está disponible para residentes de Puerto Rico.

El imputado comenzó a recibirla cuando vivía en Nueva York, pero no se supone que la recibiera desde que se mudó a Puerto Rico.

El caso fue resuelto a favor de que los residentes de la isla recibieron esta ayuda por el tribunal de distrito en Puerto Rico, y por el Tribunal de Apelaciones, pero el gobierno federal insistió ante el Tribunal Supremo federal, en un caso que tenía de trasfondo los casos insulares, una serie de decisiones con origen discriminatorio, pero que resuelven que el Congreso tiene gran discreción para decidir en la Isla siempre que tenga una base racional.

Sobre la opinión del juez Neil Gorsuch, quien se oponía a los casos insulares por su trasfondo racista, establecía que como nadie pidió que revocaran los casos insulares que se unía a la mayoría, Ferré dijo que "eso no es correcto", y que su argumento de que se aplicará un escrutinio estricto al considerar si debía excluirse a los residentes de Puerto Rico como beneficiarios de ayudas como el SSI precisamente era contrario a los casos insulares.

El problema ahora respecto a los casos insulares es que, aun si un futuro caso revoca esta doctrina, ya fue reiterado que el Congreso puede dar un trato diferente a Puerto Rico del que reciben otras jurisdicciones, por lo que aun sin los casos insulares, los residentes de Puerto Rico pueden ser tratados de forma diferente a los que viven en los estados, advirtió el letrado.

Ferré es socio de Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, un bufete nacido en Nueva York hace casi 200 años con cerca de 20 oficinas alrededor del mundo, según el portal de la firma legal. Aunque ya tenía experiencia ante paneles de hasta tres jueces y de árbitros, era la primera vez de Ferré ante el Supremo federal. Dijo que se preparó como otros abogados y abogadas que antes lo han hecho, que incluyó participar de un programa de adiestramiento de la Universidad de Georgetown diseñado para personas que van a litigar ante la Suprema Corte, y que estaba preparado para atender preguntas de diversos temas, desde la historia de Puerto Rico, a la posibilidad de recibir de diversos programas, entre otros.

"Fue exactamente lo que me esperaba, me hicieron un sinnúmero de preguntas, esperaba preguntas de diferentes ángulos", dijo Ferré.

El letrado tuvo su primera experiencia ante el Supremo federal en un caso en que no ganaría un solo centavo: se trata de un caso pro-bono, que es cuando el tribunal asigna a un abogado a representar a una persona que no puede pagarle. Ferré dijo que sabía que el caso "podía tener ramificaciones" cuando ganaron ante el juez Gustavo A. Gelpí, y se imaginaba que si no era su caso sería alguno de los otros que ya comenzaba a debatirse en el Tribunal federal, como Martínez Pena, donde son más ciudadanos reclamando acceso a numerosos programas.

"Si el gobierno no apelaba nuestro caso, lo haría con alguno de los otros", sostuvo Ferré.

Más allá de lo que el caso representaba para Puerto Rico, solo en SSI se estima que 300,000 personas se podían beneficiar de un fallo favorable a la posición de la isla, y la posibilidad de que una nueva doctrina permitiera que otras ayudas federales llegaran a Puerto Rico, este es el caso de un hombre a quien se le cobran $28,000. Ferré habló de lo que puede representar la opinión del Supremo para su cliente, José Luis Vaello-Madero.

"Vaello es una persona pobre, discapacitada, con necesidades, no tiene $28,000 para pagar, él vive cheque a cheque, y pensar que alguien como el Vaello-Madero puede pagar $28,00 es irreal. Pero, siendo esto así, el caso regresará después de un tiempo a la corte de distrito, estaremos en proceso de ver qué haremos, pero primero tenemos que ver si el gobierno insistiera en el cobro de los $28,00. Aquí el gobierno podría decidir no exigir la sentencia de $28,000", dijo Ferré.