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Por Daniel Rivera Vargas

Miles de personas puertorriqueñas se podrían haber afectado con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el plan de condonación de deuda de la administración Biden, según la abogada Jessica Méndez Colberg.

El programa beneficiaba a ciudadanos que generaran $125,000 en ingresos por individuo, a quienes les perdonaba hasta $20,000 en las deudas de sus préstamos si anteriormente tuvieron beca Pell y hasta $10,000 si no habían tenido esta ayuda.

Tildan decisión del Supremo como “nefasta”, “triste” y “preocupante”

Méndez Colberg dijo no tener cifras específicas de cuantos se hubieran beneficiado en Puerto Rico, pero ciertamente en el archipiélago la mayoría de los residentes cualifica en el renglón de ingresos.

«Sin duda muchas personas calificaron para la ayuda», sostuvo.

Méndez Colberg lamentó la decisión de Biden v. Nebraska que se emitió el último día del pasado término del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

«Pienso que el impacto es sustancial», dijo Méndez Colberg.

Explicó que la controversia es si el secretario de Educación, el puertorriqueño Miguel Cardona, tiene la autoridad en ley para establecer un plan de cancelación de deuda de «esta magnitud» porque se menciona que a nivel de todo Estados Unidos se trata de 30 millones de personas.

«Este plan de cancelación o condonación de deuda se aprueba por virtud del Heroes Act de 2003 (como respuesta a los ataques de septiembre 11 de 2001) que es una ley de emergencia que le permite al secretario de educación medidas de alivio que se puedan ver afectadas por, en este caso, una emergencia nacional como el COVID», dijo Méndez Colberg.

El alto foro, con el voto de todos los jueces nombrados por presidentes republicanos, incluyendo los tres nombrados por Donald Trump, entendió que esa facultad del Heroes Act debía aplicarse para cosas sencillas y no para una condonación de deudas tan enorme como la que se proponía y que al secretario Cardona «se le fue la mano» con el perdón de préstamos según Méndez Colberg.

De igual forma, lo interpreta como una «camisa de fuerza" a los funcionarios en la tarea de ayudar a personas en una emergencia como COVID, en la cual mucha gente perdió su empleo.

«No estoy de acuerdo con la decisión», dijo Méndez Colberg.

Entre los puntos controversiales, además de la óptica limitada al Heroes Act, se encuentra la carencia de legitimación activa del Supremo para intervenir porque de seis estados que radicaron demanda, todos republicanos, se resolvió que había «standing» en uno solo, Misuri.

Sin embargo, lo hacían a través de una corporación estatal que no compareció a la demanda a pesar de que podía hacerlo por lo que, si alguien sufrió daño, no era el estado, sino una corporación que era un ente jurídicamente diferente por lo que el estado estaba participando por el daño de un tercero.

«Si Misuri no tiene «standing», y menos los otros estados, (el tribunal) no debía entrar en los méritos de la controversia», afirmó.

La decisión no es la primera ocasión en que la actual composición del Tribunal Supremo federal falla en contra del ejercicio de poderes de una agencia administrativa.

Por ejemplo, en el último día del pasado término se resolvió en contra de ciertas facultades de la agencia de protección ambiental (EPA), lo que Méndez Colberg describió como «tendencia peligrosa» y reflejo de «el impacto de los nombramientos judiciales de Trump».

Mencionó también que el trato a esta condonación de préstamos a individuos, que era solo de hasta $30,000, fue tratada de forma diferente a la condonación a préstamos a empresas en la pandemia, que eran de hasta $70,000. «El mismo presidente Biden lo dijo: «es una hipocresía de parte de los republicanos».

Asimismo, la abogada exhortó a la ciudadanía a estar pendiente a lo que viene: los préstamos estudiantiles que no se han estado pagando desde el 2020 se comenzarán a pagar desde octubre próximo, y se trata de un pago mensual promedio de $300.

Pero, hay que ver qué tipo de ayuda adicional otorga la administración Biden porque, por ejemplo, ya el presidente ha dicho que su política será no referir deudas de estos préstamos a agencias de cobro o de crédito.

Además, el presidente ha expresado que buscará establecer un plan para reducir el pago mensual de estos préstamos estudiantiles federales.

Aclaró que sigue vigente el programa de perdón de la deuda a servidores públicos y empleados de organizaciones no gubernamentales.