El gobierno de Donald Trump ha traído consigo cambios radicales en la política pública federal. Según un artículo publicado por el New York Times, se han suspendido, retrasado o revertido más de 90 regulaciones de agencias federales desde que dicho gobierno tomó posesión.

Asimismo, se espera que se eliminen al menos una docena más de reglamentos en las próximas semanas, lo que se convertiría en el cambio regulatorio más significativo en las últimas décadas. A partir de dichos cambios, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones como Verizon y AT&T no tendrán que llevar a cabo medidas razonables para asegurar que los números de Seguro Social de sus clientes, su historial de búsquedas y otra información personal no sea divulgada. De igual forma, los bancos de Wall Street como JPMorgan Chase y Goldman Sachs no serán castigados por no recoger dinero extra de los clientes para cubrir pérdidas potenciales de ciertos tipos de operaciones de alto riesgo, que ayudaron a desencadenar la crisis financiera de 2008. Además, ya no se utilizarán los datos de la Administración del Seguro Social para tratar de bloquear a las personas con problemas de salud mental de comprar armas de mano, ni tampoco a los cazadores que usen balas basadas en plomo, que puedan envenenar accidentalmente vida silvestre en 150 millones de acres de tierras federales.

Según el reportaje, muchos de estos cambios se produjeron luego de la presión que hicieran cabilderos corporativos y ejecutivos de asociaciones comerciales, que ven una oportunidad potencialmente histórica para reducir los costos de cumplimiento y aumentar sus beneficios. Además argumentan que el eliminar estas regulaciones, propenderá al crecimiento económico. Lo cierto es que a partir de la derogación de ciertas reglas, muchas industrias reguladas están enviando solicitudes específicas a la administración de Trump para que se considere la eliminación de otras disposiciones, incluyendo un reciente pedido de 17 fabricantes de automóviles para rescindir un acuerdo que aumenta los estándares de kilometraje para sus flotas, y otro de la industria farmacéutica para revertir una nueva regla que aumenta el escrutinio sobre la comercialización de los medicamentos recetados para usos no aprobados.

Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, escribió en un memorándum la semana pasada que «[d]espués de un embate regulador de ocho años que llenó de cargas sin precedentes a las empresas y a la economía, el alivio está por llegar».

Sin embargo, decenas de grupos de interés público -ambientalistas, sindicatos y guardianes de los consumidores- han evaluado la posible amenaza que podría significar este retroceso, para el bienestar de los estadounidenses.

«Este cambio en la política reguladora federal ya tiene implicaciones para decenas de miles de ciudadanos en todo el país. Los estadounidenses no votaron para estar expuestos a más riesgos de salud, seguridad, a exponer a su medioambiente ni sus finanzas», se señaló mediante una carta firmada por líderes de 137 grupos sin fines de lucro en la Casa Blanca la semana pasada.

Hace casi dos años, la Administración del Seguro Social se movió por primera vez para establecer un nuevo sistema que automáticamente pasaría al Departamento de Justicia información sobre ciudadanos que están recibiendo beneficios federales basados ??en una enfermedad mental incapacitante, para su inclusión en una base de datos utilizada para verificar los antecedentes de personas que quieren portar armas.  Según el propósito de la disposición, esto evitaría que estas personas -unos 75,000 al año- compraran armas a menos que buscaran una exención del Departamento de Justicia.

Grupos como la Asociación Nacional de Rifles, la ACLU y la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales se opuso a la disposición, que se había programado para entrar en vigor en enero. Argumentaron que la presunción de que estas personas tenían una tendencia hacia la violencia era injusta, pues una amplia gama de personas con discapacidades mentales, incluyendo condiciones como la bulimia y el trastorno obsesivo compulsivo, no tienen dicha tendencia. El presidente de Estados Unidos firmó legislación revocando esa regla bajo la Ley de Revisión del Congreso, que otorga al Congreso una ventana limitada para revocar las decisiones de las agencias reguladoras.