Mediante un recurso de 24 páginas, la administración Pierluisi cuestionó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos si el Congreso tiene el poder bajo la cláusula de comercio para criminalizar las peleas de gallos en Puerto Rico.

La posición del gobierno de Puerto Rico ante las autoridades federales, mediante un recurso de amigo de la corte, es la misma del grupo de galleros que encabeza Ángel Manuel Ortiz Díaz: que el Congreso se ha extralimitado al prohibir los tradicionales combates entre aves.

«La Constitución (de Estados Unidos) creó un gobierno federal con poderes enumerados, en que los poderes delegados son ‘pocos y definidos’ mientras que los de los estados son ‘numerosos e indefinidos'», reza parte del recurso presentado por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, el procurador general Fernando Figueroa Santiago y el abogado de récord, Carlos Ligo-Fiol.

El gobierno plantea que las peleas de gallos son eventos locales que se alega generan unos $65 millones anuales. De hecho, el primer planteamiento del gobierno a favor de los gallos es el económico. Se argumenta que la isla fue azotada por los huracanes Irma y María en el 2017, por un terremoto en el 2019, y se impuso una ley de reorganización fiscal tras 10 años de recesión económica con la Ley PROMESA, por lo que el cierre de la industria de los gallos mediante la ley 12616 de 2018 representa «otro golpe económico» para la Isla.

Se explica que la oposición del gobierno es a base de dos fundamentos constitucionales. El primero es que prohíbe completamente una actividad económica puramente local. En ningún otro estado se practican las peleas de gallos, y la ley estatal es clara que solo se pueden usar animales locales, por lo que la sección 12616 del «Agriculture Improvement Act of 2018» representa una extralimitación en el ejercicio de la cláusula de comercio. El segundo fundamento es que ello no estaría permitido aún bajo la cláusula territorial.

El recurso detalla que las peleas de gallos existen hace siglos, no solo en Puerto Rico sino en diversas partes de Estados Unidos. Con el pasar de los años y con el activismo constante de sectores pro-animales se han ido prohibiendo las peleas de gallos desde 1820 -cuando Pennsylvania se convirtió en el primer estado en vedar estos combates- hasta Luisiana en el 2008, convirtiéndose en el último estado en prohibir estos eventos.

En su análisis, el gobierno estatal repasa las distintas leyes federales concernientes a los gallos hasta que finalmente entra en las disposiciones estatales. Aquí resalta que la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley Núm. 154-2008) tiene numerosas prohibiciones que benefician a especies como los gallos, convirtiendo en ofensas penales los actos de maltrato de animal como el abandono, la tortura y la negligencia.

Con respecto al alcance de la cláusula de comercio federal, el gobierno cita una decisión federal de 1824, Gibbons v. Ogden, para plantear que la definición de comercio «no tiene la intención de que incluya el comercio, que es completamente interno, que se realiza entre hombres en un estado, o de diferentes partes en el mismo estado, pero no se extiende a otros estados».

El gobierno local recalca que las peleas de gallos no involucran otros estados y que es algo exclusivamente local. Distingue otro caso sobre comercio estatal de California -sobre cultivos de marihuana- y plantea que el Congreso no hizo vistas ni hay evidencia de análisis que llevará a la repentina prohibición a las peleas de gallos en la isla mediante el «Agriculture Improvement Act of 2018».

«En López (una decisión del Supremo de 1995), la corte indica que la Constitución requiere mantener la distinción entre lo que es verdaderamente nacional y lo que es verdaderamente local. La sección 12616 borra esa distinción al absolutamente prohibir una actividad que es estrictamente regulada por la ley de Puerto Rico y que no afecta el comercio interestatal. Por tanto, el estatuto excede la autoridad del Congreso bajo la Cláusula de Comercio y debe ser declarada inconstitucional», sostuvo el gobierno en su recurso.

También se plantea que el estatuto trata a Puerto Rico de forma discriminatoria por la forma en que se le impone esta prohibición a la Isla sin su consentimiento, mientras que a los estados se les permitió que prohibieran las peleas de gallos a nivel estatal antes de restringirlas a nivel federal. Incluso se cita a United States v. Vaello-Madero, el caso que busca que Puerto Rico reciba trato igual a los estados en programas federales.

Lo que dijo el gobernador

Hoy temprano, en un comunicado de prensa, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó la presentación del recurso de amigo de la corte en defensa de lo que también es un sector económico que, según el mandatario, genera unos 20,000 empleos.

«La industria de peleas de gallos, la cual genera empleos y produce actividad económica en Puerto Rico, forma parte de nuestra cultura e historia. Voy a continuar haciendo valer el compromiso, plasmado en nuestra plataforma de gobierno, de dar la lucha en todos los foros necesarios a favor de la validez de las peleas de gallos en Puerto Rico», sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

La administración Pierluisi planteará ante el Supremo federal que, si bien el Congreso tiene el poder plenario sobre los territorios, ese poder está limitado por la cláusula de comercio interestatal para regular únicamente aquellas actividades que afectan el comercio nacional y no tiene el poder para regular industrias puramente locales, como lo son las peleas de gallos. En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico plantea que se violó la cláusula de comercio interestatal y que el Congreso actuó de forma discriminatoria bajo la cláusula de territorios.

El recurso original de un grupo de aficionados a los gallos fue presentado el pasado 11 de junio ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como un certiorari, por lo que se trata de un recurso de naturaleza discrecional, por lo que es incierto si el caso será atendido por el alto foro judicial estadounidense, que apenas ve el 1% de los casos que llegan ante su consideración.

En entrevista con Microjuris.com el pasado 16 de junio, el abogado Félix M. Román Carrasquillo, quien lleva el caso junto a Rafael A. Ojeda Diez, indicó que es un asunto cultural, y que esto está reconocido a nivel nacional e internacional. «Como está el Morro, los gallos están reconocidos como algo cultural en el departamento del interior y en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), esto no es algo de la manga», indicó el letrado.