por el Lcdo. Olvin Valentín
publicado originalmente en el diario Metro

En mi juramentación como abogado el pasado martes, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta, hizo una breve mención sobre las organizaciones sin fines de lucro. En su discurso, exhortó a los nuevos abogados y abogadas a involucrarse con estas entidades, particularmente en las relacionadas con el acceso a la justicia.

De hecho, en Puerto Rico existen varias organizaciones sin fines de lucro cuya misión es asegurar que todo ciudadano, independientemente de su capacidad económica o estatus social, tenga acceso a nuestro sistema de justicia y a los mecanismos del derecho que protegen su vida, propiedad y dignidad.

Conozco de muchas organizaciones en esta categoría. Algunas ofrecen representación legal a personas que no tienen recursos para pagar un abogado o abogada. Otras contribuyen mediante investigación jurídica y orientan a las personas sobre sus derechos. Y algunas velan porque se le garanticen los derechos de los confinados o acusados. Por otro lado, también hay entidades que atienden poblaciones específicas y sus servicios inciden con los procesos legales y judiciales, como es el caso de las que trabajan con personas que han sido víctimas de violencia doméstica, casos de delincuencia juvenil, violaciones a los derechos del consumidor, entre muchos otros asuntos. Finalmente, también hay varias organizaciones o firmas privadas que cuentan con programas pro bono, ofreciendo servicios legales sin costo.

El Código de Ética Profesional de los Abogados comienza enfatizando la obligación fundamental de «luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesional legal»; y como es de esperarse, ahí estarán las organizaciones sin fines de lucro para asegurarse de que así sea.

El impacto del tercer sector en la administración de la justicia es tan importante que en el 2013 se creó el Fondo para el Acceso a la Justicia. Mediante este fondo se proveerán recursos a las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen representación legal gratuita en casos de naturaleza civil, asuntos de menores y de sustancias controladas. Esta iniciativa legislativa, es un gran logo para nuestro tercer sector, especialmente para aquellas organizaciones dedicadas al trabajo social de índole legal.

Concluyendo, y regresando al mensaje de la jueza presidenta Fiol Matta, esa breve mención en una importante ceremonia del más alto foro judicial del País, es una confirmación más del gran valor que tiene el tercer sector y sus muchas aportaciones a nuestra sociedad.