Por Daniel Rivera Vargas

Activistas de derechos humanos elogiaron la reciente acción de Francia de elevar a rango constitucional el derecho al aborto, pero expresaron suspicacia de que ese paso se pueda dar en Puerto Rico.

El lunes, el Congreso francés consagró el aborto como libertad garantizada en la Constitución francesa, lo que fue descrito por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, como una «histórica votación».

Según Callamard, en declaraciones escritas, esta acción del congreso francés convierte a Francia en el primer país que consagra el aborto en su Constitución y tiene una importancia enorme dado el retroceso de este derecho esencial en el mundo.

«Proteger la libertad para acceder a un aborto proporciona un importante bastión frente a estos movimientos antiderechos cada vez más ruidosos», explicó Callamard.

El comportamiento de los franceses contrasta con los acontecimientos en otros lugares, como en Estados Unidos, según señala Callamard. Esto podría hacer referencia a la reciente eliminación de la protección federal al aborto, a pesar de que existía un precedente con medio siglo de existencia.

Además, en semanas recientes, una corte en Alabama dictaminó que los embriones congelados deben ser considerados como personas.

«Estados Unidos ha mostrado lo devastador, peligroso y retrógrado que es socavar el aborto como derecho. En Europa, hay aún países como Polonia y Andorra, donde el acceso al aborto está muy restringido y quienes luchan por este derecho afrontan el enjuiciamiento. La votación de hoy en Francia debe sentar las bases para una mayor protección del acceso al aborto en otros lugares», sostuvo Callamard.

En entrevistas por separado con Microjuris las abogadas Amárilis Pagán Jiménez y Mayté Bayolo Alonso coincidieron en elogiar la decisión tomada por el gobierno francés y destacaron cómo este envía un mensaje optimista al resto del mundo.

«Este es el tipo de cosa que nos genera esperanza a las mujeres del resto del planeta. Vivimos en un mundo donde el derecho al aborto está en constante amenaza. Hay países donde todavía es un delito el aborto, y aún en países donde se ha reconocido está todo el tiempo bajo asedio de un sector que no se rinde. Puerto Rico es un claro ejemplo», sostuvo Pagán Jiménez, quien al momento de la entrevista acababa de escuchar un mensaje desde el Congreso de Francia sobre el histórico paso de esa legislatura.

Afirmó que en Puerto Rico, en tiempos recientes, se han presentado decenas de proyectos legislativos que buscan restringir de manera explícita el derecho al aborto, así como otros que intentan socavarlo de manera indirecta. Estos incluyen propuestas para imponer regulaciones excesivas a las clínicas de aborto, reducir el número de semanas permitidas para practicar un aborto, legislar por encima del criterio médico, entre otras medidas señaladas por la abogada.

Estas iniciativas «afortunadamente no han avanzado hasta el momento» debido a la vigilancia y activismo de grupos a favor de los derechos de la mujer, añadió.

Cuando se le preguntó sobre su opinión de que, aunque hasta ahora estos ataques al aborto no han progresado, esto no garantiza que puedan prevalecer en el futuro, Pagán Jiménez destacó la importancia del paso dado por Francia.

Al elevar el aborto a la categoría de derecho en la Constitución, queda mucho más protegido ante posibles intentos futuros de legislación en contra por parte de «un legislador creativo».

«En Puerto Rico, estamos a expensas de lo que decida el Tribunal Supremo de Estados Unidos o por legislación federal, y es algo que no tenemos control como país o territorio. Pero, de lo que sí debemos tener control, es sobre una enmienda constitucional (en la Constitución de Puerto Rico) aunque entiendo que Puerto Rico no está listo en este momento para esta discusión, es mi opinión», sostuvo Pagán Jiménez.

«Es un debate, a mi juicio, muy polarizado y que lamentablemente más que los argumentos científicos nos fundamentamos en argumentos basados estrictamente en principios religiosos, con todo lo que eso implica, y muchas veces son argumentos totalmente irrazonables y misóginos», agregó.

Asimismo, la exdirectora ejecutiva de Proyecto Matria hizo un llamado a la ciudadanía a que, al estar en año eleccionario, se esté pendiente a las propuestas específicas de los partidos políticos respecto a este tema.

Por su parte, la licenciada Bayolo Alonso indicó que como ha ocurrido históricamente, Francia da un paso de avanzada en el tema de los derechos que debe ser emulado por otros países.

«Me da alegría. Pienso que el mundo debería estar moviéndose hacia ese camino», sostuvo.

La acción de Francia contrasta con lo que pasa en otros países, como Estados Unidos, donde «nos estamos aproximando al oscurantismo» con situaciones como la revocación de Roe v. Wade o el caso de Alabama, y otras movidas en contra de la equidad como los intentos de acortar derechos a ciertas comunidades por parte del gobierno estatal de la Florida, indicó la abogada.

Análisis de la decisión sobre los embriones congelados de Alabama

La Constitución estadounidense fue diseñada en pro de la defensa de los derechos, planteó Bayolo Alonso. «En la Constitución, dijeron los mismos «framers» (creadores) ‘tenemos que darle derechos a los individuos frente a los estados porque si no el estado los puede aplastar'».

No solo en Estados Unidos existen corrientes que buscan reducir derechos; en países de América Latina como Argentina y El Salvador, también se observan «corrientes orientadas a limitar derechos, sacrificando aquellos derechos individuales que esencialmente son colectivos», señaló.

Bayolo Alonos destacó que aunque las noticias se centren en el aborto, en realidad, las terminaciones de embarazo son un servicio médico esencial. Por lo tanto, cuando se habla coloquialmente de «perder un bebé», de que el embarazo «no llegó a término» o de un «raspe», en esencia se está haciendo referencia a un aborto, aclaró.

En cuanto a la situación en Puerto Rico, Bayolo Alonso afirmó que este «servicio médico esencial» no está restringido, pero tampoco está protegido de manera explícita por una ley.

«Los legisladores podrían si gustaran extender esta protección. Lo que pasa es que yo creo que en el marco histórico que nos encontramos... las enmiendas que se harían podrían ser peligrosas en términos de que vaya a meter lo que se llama ‘una píldora venenosa’ en la legislación», concluyó.