A pocos días de abandonar el cargo de gobernador, Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 218, que persigue fiscalizar a los administradores de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés).

La medida, conocida ahora como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, crea la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia, la cual estará adscrita al Departamento de Salud.

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Esta legislación también fiscaliza uno de los componentes dentro de la cadena de servicios de salud que, hasta el momento de firmada, no contaba con regulación alguna.

Luego de firmada la ley, Rosselló Nevares expresó que existía una necesidad de proteger al paciente y la prestación de servicios de salud, por lo que entendió pertinente que se regulase con efectividad a los PBM, y agregó que los aumentos injustificados a los medicamentos eran inaceptables, por lo cual se requería regular cada eslabón de la cadena de producción y dispensa de medicamentos de manera efectiva para asegurar así obtener los precios más accesibles para los ciudadanos.

Dicho proyecto establecía que la oficina creada bajo esta ley debe hacerse responsable de requerir el licenciamiento para toda PBM que desee operar en Puerto Rico, atender reclamaciones de reembolso y garantizar que cumplan con los pagos a las farmacias. Además, la oficina tiene la labor de prohibir que los PBM alteren unilateralmente las prescripciones de los pacientes; de garantizar que el proceso de aprobación de medicamentos no exceda 72 horas; y de multar cualquier violación a esta ley.

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Dicha ley permite que la Administración de Seguros de Salud (ASES) pueda reglamentar y establecer procedimientos para aquellos PBM que haya contratado con el fin de ofrecer servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Esta medida, que también dispone que la Oficina del Procurador del Paciente tenga jurisdicción para atender querellas relacionadas con manejadores de beneficios de farmacia, administradores de servicios de farmacias, y cualquier entidad similar que contrate servicios con las farmacias, fue radicada por el senador José Luis Dalmau Santiago el día 10 de enero de 2017 (había sido también radicada el cuatrenio pasado), y contó con los siguientes senadores como co-autores a dicha medida; José A. Vargas Vidot, Ángel R. Martínez Santiago, Rossana López León, y Migdalia Padilla Alvelo.