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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría continuar revocando precedentes o establecer una excepción al actual derecho federal vigente si accede a la petición de un estado para restringir aún más las opciones de las mujeres que buscan someterse a un aborto.

Esto resultaría en una disminución de las posibilidades de ejercer lo que durante medio siglo se consideró un derecho federal, según explicó socióloga, abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,  Esther Vicente.

«Como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó los casos Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey el servicio de salud requerido por una persona gestante que desea o tiene que terminar un embarazo ha quedado despedazado con diversas opciones dependiendo del lugar donde viva quien lo necesita», planteó Vicente.

En una de sus primeras decisiones del 2024, el Tribunal Supremo federal accedió el viernes por la tarde a la solicitud de Idaho para suspender temporalmente una sentencia de un tribunal federal de distrito. Dicha sentencia obligaba a las salas de urgencias del estado a realizar abortos en casos de emergencia a mujeres embarazadas.

En entrevista con Microjuris, la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico sostuvo que este caso trata de un tema relacionado al federalismo, es decir a las relaciones entre los estados y el gobierno de Estados Unidos, y que refleja la tensión que existe al presente en ese país entre el Gobierno federal de una administración demócrata y los estados de ultraconservadores republicanos en torno a múltiples asuntos, pero en particular el derecho al aborto.

Según la información filtrada, los jueces también han decidido emitir un pronunciamiento sobre si la ley federal Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) tiene primacía sobre una ley de Idaho que penaliza la mayoría de los abortos en el estado. Este conflicto surge, en parte, porque la ley federal requiere que los hospitales que reciben fondos de Medicare proporcionen el «tratamiento estabilizador necesario» a las mujeres embarazadas en situaciones de emergencia.

En términos procesales, el juez de distrito B. Lynn Winmill le dio la razón a la Administración Biden y prohibió a Idaho aplicar su ley en la medida en que entrará en conflicto con la EMTALA, pero el pleno del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de EE.UU. se negó a suspender la sentencia de Winmill mientras atendían el recurso de Idaho.

Según se supo, haciendo hincapié en que EMTALA no menciona el aborto, Idaho y su legislatura argumentaron ante el Supremo federal que EMTALA se promulgó simplemente para garantizar que las salas de urgencias de los hospitales atendieran a pacientes pobres o sin seguro, no para imponer una norma federal de atención a los pacientes.

Vicente sostuvo que la Administración Biden ha utilizado la ley federal sobre atención de emergencias médicas en hospitales que reciben fondos federales para requerir que se atiendan emergencias relacionadas al aborto.

La Emergency Medical Treatment and Labor Act, como muchas otras leyes aprobadas por el Congreso en el ejercicio de su poder de gastar (spending power), crea un programa con dineros del Gobierno federal, lo hace disponible a los estados, pero puede imponer condiciones dependiendo del asunto atendido por la legislación.

Esta es una práctica que el Congreso ha utilizado, por ejemplo, para requerir cumplimiento con medidas dirigidas a prevenir e intervenir con la violencia de género, el maltrato de la niñez, promover la protección del medioambiente y los derechos de las personas afrodescendientes, entre muchas otras.

«El Tribunal Supremo ha resuelto que esta práctica es constitucional y no infringe las normas sobre federalismo siempre y cuando las condiciones no sean ambiguas, sean claras y específicas, tengan el objetivo de promover el bienestar general, están relacionadas a un interés del Gobierno de Estados Unidos en proyectos o programas nacionales y no infrinjan otras disposiciones constitucionales», aseguró.

Por tanto, continuó explicando la también Coordinadora del Instituto de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho, si el estado no quiere cumplir con las condiciones impuestas por el Congreso, basta con que no solicite el financiamiento federal para el programa o servicio de que se trate.

«Resta por ver sí ante el caso presentado por Idaho cuestionando la paralización de su ley que dejaba sin efecto la medida protectora de la salud de las personas gestantes establecida por el Gobierno federal, la Corte Roberts revoca previas decisiones o crea una excepción para continuar fortaleciendo a los estados ultraconservadores y restringiendo los derechos fundamentales».?