Por Daniel Rivera Vargas

Un abogado que ha estado vinculado a casos de pena de muerte explicó a Microjuris.com el proceso federal en un caso de pena capital, esto luego que la Fiscalía del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico presentó el certificado de aviso pena de muerte para el exboxeador Félix Verdejo.

El abogado Juan Matos de Juan—quien llevó ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el caso In re Quester Serling, que obliga a que se asignen abogados especialistas en pena de muerte desde las primeras etapas de un posible caso de pena capital— contó a Microjuris que se trata de casos emocionalmente drenantes, costosos, y «horriblemente complejos».

«En un caso de pena de muerte el gobierno de la nación, en teoría más poderosa del mundo, decide que quiere matar a tu cliente y lo único que hay entre la pena de muerte y tu cliente eres tú... Tú estás peleando contra ese monstruo que no va a escatimar en recursos», explicó el abogado.

Recordó que toda persona acusada, por terrible que sea los hechos que se le imputan, es un ser humano, que además tiene seres queridos, como pudieran ser madres, padres, hijas, hijos, y su representación legal de una forma casi natural tiene algún tipo de relación y conexión emocional con esas personas.

«Literalmente, tú tienes la vida de una persona en tus manos... Estás pidiendo que no ejecuten tu cliente», dijo Matos de Juan, quien ha tenido ocho casos en los que se han considerado como de pena de muerte, aunque finalmente no se han «certificado» como casos de pena capital.

«Cosas que normalmente tú no investigarías, litigarías o atacarías, o verías en un caso regular, en un caso de pena de muerte tú buscas de todo, porque no sabes qué va a provocar que no busquen la pena de muerte. Son horriblemente complejos», contó.

El proceso

Matos de Juan explicó los diversos pasos de este proceso, que incluye abogados o abogadas con un mayor peritaje, una evaluación desde Washington DC, expertos que usualmente no se usan en caso penales, entre otros.

Primero, el protocolo del distrito requiere que la fiscalía le notifique al juez o jueza que el caso es elegible para pena de muerte, que es lo que presentó anoche el jefe de la fiscalía en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Entonces, esta notificación lleva al juez del caso a referirle el caso a la Oficina del Defensor Público Federal, porque una persona acusada elegible a pena de muerte tiene derecho a, al menos, dos abogados o abogadas: primero, un abogado que tenga experiencia en casos de asesinatos, y segundo, un abogado especialista o learned que tenga experiencia en casos de pena de muerte.

Como en Puerto Rico son pocas las personas con ese peritaje, muchas veces se traen abogados o abogadas de Estados Unidos para asistir a la abogada o abogado con experiencia en casos de asesinatos.

La jueza o el juez, aún en esta etepa temprana del caso, debe asignarle a la persona acusada diversos expertos que le puedan ayudar, como por ejemplo un experto en temas de mitigación. Se trata de una defensa costosa y que es sufragada por el Estado.

«El proceso de mitigación es buscar razones que yo le voy a dar primero a Justicia para que no autoricen la pena de muerte, y si fuera autorizada, pues son razones para yo darle al jurado para que no autoricen la pena de muerte al cliente. Se someten al jurado. Por ejemplo, en el caso de la Tómbola (Alexis Candelario Santana fue acusado de varias muertes en un tiroteo en Toa Baja), se encontró que el sistema educativo puertorriqueño le falló al acusado, porque siendo estudiante de educación especial, no le proveyó los servicios que necesitaba. En un caso normal, eso no es un factor, pero sí el uno de pena de muerte fue uno de los factores determinantes para que el jurado no ordenara la pena capital», explicó .

Por otra parte, la fiscalía federal en Puerto Rico comienza un proceso paralelo que comienza con un comité interno, que usualmente incluye al fiscal del caso, al fiscal del distrito, a su first assistant, o la mano derecha del fiscal, y al jefe de la división criminal.

Estas personas preparan una recomendación escrita de si debe, o no, buscarse la pena de muerte en este caso, y se le somete al secretario de Justicia de Estados Unidos, que en este caso es Merrick B. Garland.

Esta recomendación es atendida en Washington DC por un comité de casos de pena de muerte, que evalúa los puntos a favor y en contra, y emite una recomendación que es evaluada por el subsecretario de Justicia y el jefe a nivel de Estados Unidos de la división de criminal, que a su vez le someten su recomendación al secretario de Justicia.

Él decide entonces si instruye a la fiscalía federal local a buscar la pena de muerte contra la persona acusada.

Una vez certificado desde Washingto DC el caso de pena de muerte, el juicio se divide en dos etapas, indicó Matos.

Lo primero es el juicio regular. Tras el desfile de prueba, un jurado determina si la persona acusada es culpable o no. En caso de ser halladas cupables, en la fase de sentencia, el jurado es convocado en una fecha separada y tras evaluar agravantes o mitigantes, expresan concretamente si condenan a la persona acusada a la pena de muerte.

En el caso de Verdejo, se le denunció por secuestrar, golpear, drogar, lanzar por un puente amarrada de un bloque y disparar contra Keishla Rodríguez Ortiz, con quien sostenía una relación y quien estaba embarazada del exboxeador olímpico, según la denuncia de un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que alega contar con un testigo presencial de crimen.

Al momento, Verdejo está detenido y sin fianza.

Matos de Juan dijo que no le queda clara la posición en casos de pena de muerte del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el actual gobierno.

El presidente Joe Biden se posicionó en contra la pena de muerte durante su campaña eleccionaria.

Su secretario de Justicia fue el fiscal federal en el caso por el bombazo de Oklahoma City, en el que murieron 168 personas y donde el goberno de Estados Unidos ejecutó a Timothy McVeigh.

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