La Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 942 (PC 942) y la Resolución de la Cámara 364 (RC 364).

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El PC 942 busca eliminar de la Ley de Condominios los requisitos para ser agente administrador, entre los que se encuentran la obtención de unas pólizas de seguro y certificado negativo de antecedentes penales.

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Por su parte, la RC 364 ordenó a la Comisión de Vivienda a evaluar la aplicabilidad, alcance y efectividad de la Ley de Condominios, con el fin de tomar las medidas administrativas y legislativas necesarias, incluyendo la posibilidad de enmiendas a la ley.

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A la vista compareció Alfredo Martínez Álvarez, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), quien indicó que reconoce la intención de la medida para simplificar las exigencias aplicables a los administradores de los condominios, pero recomendó que deben adoptarse remedios alternos que sean distintos a lo propuesto en la actual legislación.

Martínez Álvarez destacó que la enmienda a la Ley de Condominios tendría el efecto de eliminar los distintos seguros o requisitos aplicables a los agentes administradores, dejando la ley desprovista de las exigencias.

«Se eliminarían de las exigencias de ley, la certificación de póliza del Fondo del Seguro del Estado y las certificaciones negativas de antecedentes penales. Ello tendría un efecto nocivo sobre los propios condominios y sus titulares porque privará a estos de protecciones», agregó el Presidente de la ACPR.

«La legislación que se adopte finalmente no debe liberalizar o flexibilizar las exigencias o requisitos de la [Ley de Condominios] porque los titulares merecen y necesitan una salvaguardas y protecciones básicas mediante las cuales los administradores respondan cuando se generan pérdidas o se causan ciertos daños a los titulares», puntualizó Martínez Álvarez.

Por su parte, Mary Ortega, directora ejecutiva de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso expuso que «ante la mala administración, malversación y robo de dinero» que han sufrido los condominios, presentaron a la legislatura y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la propuesta de crear un registro de Administradores de Condominios.

«Era importante que la nueva Ley de Condominios incluyera la obligación a los Agentes Administradores de tener pólizas de seguros para administrar condominios», explicó Ortega.

Actualmente, según Ortega, las pólizas representan un costo anual aproximado de $2,300 al Agente Administrador por todos los condominios que trabaje. «Si los condominios quieren tener mejores garantías ante una situación de negligencia, malversación o robo, es necesario requerir pólizas que aseguren este riesgo», añadió.

De otro lado, Jay Morales Rosado, presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios y Urbanizaciones (AACU) confirmó que actualmente hay personas que no tienen el conocimiento ni cuentan con los requisitos para ser administradores de Condominios.

«Estas personas buscan de condominios vulnerables, cuyos miembros de Junta de Directores tienen un conocimiento básico o ninguno de lo que envuelve la administración del Condominio», aseguró Morales Rosado.

Se estima que en Puerto Rico hay más de 3,000 condominios, lo que equivale a más de 500 mil residentes. Sin embargo, no hay estadísticas que lo confirmen, debido a que el DACO no ha recopilado la información.

La Comisión de Vivienda es presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero.