Los resultados de un estudio sobre el traslado de personas sin hogar y usuarias de drogas de Puerto Rico a Estados Unidos revelaron que hubo violaciones a sus derechos, incluyendo posible trata humana.

De acuerdo con los hallazgos del estudio, las personas que aceptaron mudarse a Estados Unidos reconocieron que carecían de tratamiento efectivo en Puerto Rico y sufrían de marginación social.

El estudio Vulnerabilidad en personas con desórdenes de adicción en Puerto Rico: su relación con la trata de personas fue realizado por la catedrática de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Carmen Albizu-García, y el catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR, Oscar Miranda Miller.

La investigación respondió a información diseminada por la prensa en Estados Unidos y Puerto Rico sobre el traslado de personas sin hogar a diversas ciudades estadounidenses.

El estudio se financió con fondos otorgados por la Open Society Foundations.

La doctora Albizu-García y el profesor Miranda Miller reconocieron la necesidad de documentar la naturaleza y los efectos de estas operaciones y determinar si en estos traslados, mediaba la trata humana.

Los resultados

Los testimonios y experiencias de las personas entrevistadas comenzaron a recopilarse a partir de 2018.

De estos testimonios y diversas fuentes de información se desprende que estas personas se sienten vulnerables por la falta de servicios y se arriesgan a ser víctimas de engaño y a ser sometidas a esquemas en los que se sospecha participan entidades públicas, religiosas y no gubernamentales.

De acuerdo con los profesores Albizu-García y Miranda Miller, existen factores estructurales que propiciaron este fenómeno y requieren acciones gubernamentales para remediarlos.

En el estudio vincula estos traslados a los resultados de una política de drogas que estigmatiza a la persona con trastorno de uso, particularmente de opioides, privándole de oportunidades suficientes de tratamiento efectivo.

La presentación del estudio fue parte del seminario de la Escuela de Derecho de la UPR y se publicó en la página de Facebook de la Escuela.

El futuro del informe

El informe final del estudio con recomendaciones concretas fue referido a legisladores, alcaldes, ejecutivos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para que evalúen medidas de política pública a establecerse con urgencia para poner fin a esta práctica.

Ambos profesores urgieron a la Legislatura a retomar las investigaciones de R. del S. 95 del 7 de febrero de 2017 para hacer enmiendas a la vigente ley de salud mental y otras identificadas en el estudio y así prevenir la vulnerabilización de estas personas.

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