A finales del pasado mes de marzo, el gobernador de Utah firmó una ley que resucita el pelotón de fusilamiento como método de ejecución. El estado había derogado la ley que permitía este método en el año 2004, pero ahora se ha traído como método alterno en el caso de que se agoten las inyecciones letales, método principal en la actualidad.

Actualmente Utah es el único estado que autoriza la ejecución por medio de pelotón de fusilamiento, según reportara el periódico The Guardian.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Utah expresó que el proyecto de ley provoca que el estado entre en un atrasamiento, mientras que los proponentes argumentan que la ejecución por pelotón de fusilamiento es una forma de ejecución más humana.

Por su parte,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la ley firmada el 23 de marzo por el Gobernador de Utah, Gary Herbert, que autoriza las ejecuciones de personas sentenciadas a pena de muerte con pelotón de fusilamiento. La ley autoriza dichas ejecuciones cuando los fármacos necesarios para la inyección letal no están disponibles.

En los últimos años, la mayoría de las ejecuciones en los Estados Unidos se han llevado a cabo a través de la inyección letal. Bajo esta nueva legislación, Utah es el único Estado que autoriza el pelotón de fusilamiento como alternativa cuando las drogas para la inyección letal no estén disponibles. Utah había autorizado previamente el pelotón de fusilamiento como uno de varios métodos que un condenado podía elegir. La última persona que eligió ese método fue ejecutada en 2010.

Fuentes como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte han informado de que la muerte por fusilamiento puede causar una muerte inhumana, lenta y dolorosa. A este respecto, la Comisión recuerda a los Estados Unidos su obligación internacional de no exponer a las personas bajo su jurisdicción a un castigo cruel e inusual.

La Comisión Interamericana desde hace décadas abordó la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en el campo de los derechos humanos. Aunque la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han abolido la pena capital, una minoría considerable mantiene la pena. En este sentido, la Comisión toma nota que Estados Unidos es actualmente el único país del hemisferio occidental que está llevando a cabo ejecuciones.

La Comisión reiteró la recomendación en su informe La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición, publicado en 2012, que los Estados apliquen una moratoria de las ejecuciones como paso hacia la abolición gradual de esta pena. La Comisión considera que la adopción de esta ley es retroceso.

En los Estados Unidos dieciocho estados y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte (Alaska, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin) y algunos estados tienen una moratoria impuesta por los gobernadores o tribunales. La Comisión alentó, mediante un comunicado de prensa, al Estado de Utah para seguir el camino de la abolición o la moratoria sobre la pena de muerte.