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En el Calendario de Órdenes Especiales del Senado se encontraba el Proyecto del Senado 412, que enmienda la Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para sustituir las penas basadas en grados por penas fijas en delitos graves; y para otros fines relacionados, pero el mismo fue devuelto a la Comisión de lo Jurídico y a la Comisión de Asuntos de las Mujeres, luego de retirarse un informe positivo conjunto que se había sometido con enmiendas. 

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Este proyecto de ley busca atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 54 al sistema de penas fijas reincorporado en nuestro ordenamiento jurídico tras la aprobación del Código Penal de 2012. Previo a su aprobación, la Ley Núm. 480- 2004 enmendó los Artículos 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 y 3.5 de este estatuto, a los fines de sustituir las penas fijas allí contenidas por el sistema de grados incorporado en aquel entonces por el derogado Código Penal de 2004.

Con las enmiendas, cualquier violación a sabiendas de una orden de protección expedida será castigada como delito grave con pena de reclusión por un término fijo de cinco años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de tres años.

En cuanto los delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza, tendría una pena de reclusión por un término fijo de 12 meses, excepto que de mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir a un término no menor de nueve meses y de mediar circunstancias agravantes podrá aumentarse hasta 18 meses.

La modalidad agravada de maltrato tendría una pena de reclusión por un término fijo de tres años.

En cuanto al delito de maltrato mediante restricción de la libertad, este sería castigado con pena de reclusión por un término fijo de tres años. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá aumentarse hasta un máximo de cinco años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá reducirse hasta un mínimo de dos años.

El delito de agresión sexual conyugal, en todas sus modalidades, tendría una pena de reclusión fija de 25 años.

La medida fue presentada por petición de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y su Procuradora, Lcda. Lersy Boria Vizcarrondo, y fue radicada por el senador Ramón Ruiz Nieves.