Por Valeria Alicea Guzmán 

Imagina que es tu primer día como estudiante en la escuela de Derecho,  que llegas al salón de clases, te sientas y luego de unos minutos el profesor pregunta: ¿Quiénes estudiaron en escuela pública? Alzas la mano. Te percatas que aproximadamente hay 40 estudiantes y solo tres personas mantienen la mano arriba.

Esta experiencia es parte de los recuerdos que relató la licenciada María Rosario Santos en entrevista con Microjuris . Para la abogada, las y los egresados del sistema público de enseñanza se enfrentan a un choque social, cultural y académico mientras cursan sus estudios en derecho. 

«Una dice: ‘Yo estoy aquí con personas que no son igual a mí’. El background de una es diferente a los compañeros que una se encuentra allí. A veces una dice: ‘Wao, ¿cómo voy a competir aquí?, ¿qué voy a hacer?’ Empiezas a ver que el estilo de vida, la forma de relacionarse de esas personas y las metas que tienen en la vida son diferentes a las que una tiene», expresó la egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Luego de ingresar al cuerpo editorial de la revista jurídica de la Facultad y de tomar las clases de investigación, la licenciada deseaba investigar sobre un tema que le identificara y tuviese un impacto en la sociedad.

Rosario Santos, quien es hija de un maestro de escuela pública y natural de Cidra, comunicó que sintió la inquietud y el deseo de investigar a fondo por qué son minoría las y los estudiantes de escuela pública que acceden a las escuelas de derecho. 

«Ya yo había tomado la clase de Constitucional. En Constitucional, muchos casos son en inglés. Eso para mí fue un reto bien grande. Si sé un poco de inglés, pero no soy completamente bilingüe. Estudiar todos esos casos en inglés y el libro en inglés eso para mí fue un reto. Ahí yo dije: Mira, hay una ventaja de las personas que estudian en colegios privados, que tienen un dominio en inglés evidentemente mayor, que personas que estudiamos en escuela pública desde mi realidad", recordó.  

La abogada supo que ese sería el ángulo de su investigación y decidió buscar las leyes y los reglamentos que estuvieran relacionados con la responsabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico sobre la enseñanza del inglés.

Resaltó que deseaba analizar cómo la agencia, a través de la historia, ha incumplido con su misión de ofrecer y enseñar efectivamente el inglés.

«Estamos 12 años tomando inglés desde kinder o primer grado y no salimos preparados para decir ‘somos bilingües’. En algo se está fallando. ¿Será el currículo, será en la forma en que se está trabajando el asunto del inglés en el país o también por problemas más estructurales como los señalamientos de corrupción y como los recursos que el estado destina para la educación no se reflejan en el salón de clases?», cuestionó.  

Tras dedicar horas a la investigación y el análisis durante el verano de 2019, la entonces estudiante redactó el artículo La brecha entre la política pública y la educación en los salones de clases: el inglés como principal barrera que enfrentan los egresados de las escuelas públicas del Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas graduadas. Este escrito es parte del Volumen 78 de la Revista Jurídica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR). 

Según Rosario Santos, nunca se ha desarrollado una forma efectiva de atender cómo pueden implementar la enseñanza del inglés en la Isla.

«Creo que el Departamento de Educación, a pesar de haber tenido muchos intentos a través de la historia de cambiar currículo o los horarios de clases, no han logrado traer una metodología que se adapte a la realidad social de los estudiantes puertorriqueños para aprender el inglés».

Un límite en el campo laboral

Las barreras no se limitan al ámbito académico. La licenciada señaló que, en muchas ocasiones, cuando las y los egresados de escuela pública se insertan campo laboral, el inglés funge como un obstáculo.

La licenciada recalcó que tienden a minimizar o dudar del potencial de las y los estudiantes. «Eso es una concepción social bien fuerte de que si no sabes inglés no vas a progresar, no vas a encontrar oportunidades».

Comentó que siendo abogada laboró unos meses como paralegal porque sentía la limitación de solicitar a los grandes bufetes por el requisito de tener completo dominio del inglés. Cuando solicitaba, en la entrevista le preguntaban cuál era el nivel de domino del idioma . Explicó que les decía que no era bilingüe, pero que lo dominaba y que lo sabía escribir.

«Yo sabía que no me iban a llamar porque se notaba en el demeanor de las personas que me estaban entrevistando, pero yo tampoco podía mentir. Iban a tener unas expectativas diferentes a mi realidad», agregó.  

Rosario Santos labora en la práctica privada, pero sostuvo que «no tenía muchas opciones». Compartió que emprender una oficina propia, para una persona que venga de escuela pública y que sus padres no son abogados, también es difícil. 

«Tenemos que tener en cuenta que no contamos con un capital de inversión para comenzar nuestra propia oficina, aunque quizás no nos quede opción porque no conseguimos trabajo en los grandes bufetes», aseguró. 

Urge más apoyo al estudiantado

La carrera de un estudiante que viene de escuela pública y otro que viene de escuela privada no empieza en la misma línea. Para la licenciada, es necesario que las facultades estén conscientes de que la línea de salida de un estudiante que viene de escuela pública comienza más atrás. «Deberían ofrecer herramientas para equiparar más esa linea de salida».

«Las universidades y las facultades de derecho deberían considerar ofrecer cursos de inglés. Por ejemplo, de vocabulario jurídico en inglés para fortalecer esas destrezas o en redacción en inglés. Cursos sobre cómo redactar cartas y memorandos de derecho en inglés. […] También entiendo que deberían incluir en sus programas ayudas para estudiantes que no dominan el inglés ya sean tutorías o materiales», recomendó.  

Aunque reconoció que el inglés es muy necesario, indicó que no se debería subestimar la capacidad de estudiantes y profesionales del derecho  por tener limitaciones con el idioma. 

«Debería ser una meta de todos nosotros mejorar en el inglés. [...] Pero pienso que los patronos y grandes bufetes deberían ser más flexibles y no utilizar el inglés como requisito principal para determinar la capacidad de una persona», añadió.

Por otro lado, Rosario Santos mencionó que el trasfondo social y cultural contribuye al carácter, a la misión y visión que tiene esa persona de la vida y como profesional. 

«El estudiante que viene de escuela pública sabe que se viven necesidades en nuestro país. […] Siempre van a procurar y velar por lo diverso que es nuestra sociedad y de cómo esas diferencias de clases sociales en nuestro país, que a veces se piensa que no están marcadas, influyen en el acceso a la justicia», concluyó.