• Descarga el Acuerdo Para la Reforma Sustentable de la Policía de Puerto Rico (PDF)

El gobernador Alejandro García Padilla firmó junto al secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, un acuerdo conjunto que permitirá encausar una reforma sostenible en la Policía de Puerto Rico, profesionalizar la uniformada y promover que se establezcan controles internos sobre el tratamiento a civiles.

El contrato, que también fue firmado por el secretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, se da en respuesta a la demanda contra el Gobierno de Puerto Rico y su departamento de la Policía por alegadas violaciones de derechos civiles durante operativos ocurridos en los pasados años.

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"Este acuerdo, se presenta para garantizar que la ciudadanía estará libre de ser víctima de fuerza excesiva, registros e incautaciones ilegales, o discriminación sistemática por parte de la Policía", expresó García Padilla.

Las provisiones principales del acuerdo están diseñadas para crear, promover y asegurar:

• Un mejor reclutamiento, contratación y profesionalización de la Policía
• Controles internos de responsabilidad
• Controles internos en los procedimientos de registros, arrestos e incautaciones
• Protección de la igualdad y políticas anti discrimen
• Responsabilidad y procedimientos en la supervisión
• Compromiso con la comunidad y el acceso a información pública

Para la puesta en marcha del acuerdo, el Gobierno de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico seleccionarán a un Asesor de Cumplimiento Técnico (TCA), por sus siglas en inglés, que tendrá a su cargo la tarea de asegurarse del cumplimiento del arreglo. El TCA será responsable de realizar periódicamente informes sobre el desarrollo del acuerdo e informar a las partes y al tribunal.

"Al final, la meta es que cuando las medidas requeridas estén implementadas en su totalidad, el país cuente con un cuerpo policiaco que además de velar por la seguridad de todos, garantice los derechos civiles individuales y cuente con la confianza de la gente", dijo el gobernador.

Sánchez Betances explicó que para atender el costo de implementar el acuerdo en todas sus fases, se dispone un proceso flexible "para asistir a la Policía de Puerto Rico en el cumplimiento de los complejos desafíos que se le plantean y asegurar la sostenibilidad de las reforma».

El acuerdo se da luego de una investigación que duró 5 años en la que el Departamento de Justicia Federal encontró fallas en las prácticas usadas por la uniformada a la hora de hacer sus intervenciones.

Tras la firma del acuerdo, el documento será presentado ante el juez Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico para su aprobación final. Una vez aprobado las partes podrán comenzar su implementación.