Por Daniel Rivera Vargas

La decisión judicial sobre la exclusión de algunos candidatos de los nuevos partidos políticos enfrenta varios escenarios, desde el cuestionamiento sobre si la acción judicial surgió en un momento meramente académico, hasta la casi segura intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la posibilidad de que se convierta en un intento por eliminar completamente al partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de la papeleta electoral, según un profesor de derecho.

Múltiples personas candidatas de MVC y Proyecto Dignidad quedan descalificadas por no cumplir con endosos

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Andrés Córdova Phelps, explicó que una asamblea celebrada por el MVC luego de que pasara la fecha para recogido de endosos permitiría plantear que la decisión del juez Anthony Cuevas Ramos es académica porque en ese mecanismo alterno se ocuparon las posiciones en controversia en el pleito judicial.

«Eso creo que fue lo que trataron de hacer en la asamblea de Morovis. Cuando nombraron esos puestos, me imagino que ese es uno de los planteamientos que llegará ante el Tribunal de Apelaciones», sostuvo el jurista quien también preside la Junta del Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Contexto del caso

Tras una demanda presentada por candidatos del Partido Popular Democrático (PPD), el juez Cuevas Ramos determinó que algunos candidatos del MVC y otros tres candidatos de Proyecto Dignidad no podían postularse en las próximas elecciones porque no cumplieron con el requisito legal de recoger ciertos endosos.

«El juez ciertamente no pensó que era académico, que había que cumplir con la ley electoral«, afirmó Córdova Phelps.

Señaló, además, que aunque la decisión del juez Cuevas Ramos puede ser apelada, este podría ser uno de esos casos en los que el Tribunal Supremo de Puerto Rico considere apropiado el mecanismo de la certificación. En lugar de permitir la intervención de jueces del Tribunal de Apelaciones, los propios jueces del Supremo podrían solicitar que se eleve el expediente del caso para su revisión y resuelvan la controversia.

«El interés público en este caso lo amerita. Necesitamos certeza en los procesos electorales y esto es de un alto interés público. Hay una controversia genuina», mencionó Córdova Phelps.

Abundó que hay un asunto que deberá ser atendido, ya sea por el Tribunal de Apelaciones o por el Supremo. El caso ante el juez Cuevas Ramos se centró principalmente en cuestiones legales, y será necesario presentar pruebas en una vista judicial para esclarecer ciertos hechos que permitan al tribunal resolver si el reglamento electoral en disputa viola el Código Electoral de Puerto Rico de 2020.

Igualmente, hay una posibilidad de que la polémica se desarrolle en un reclamo para descalificar a todo el partido para las próximas elecciones generales, aunque es incierto si eso va a ocurrir o si puede proceder, sostuvo el profesor de Derecho.

Reconoció que el debate puede surgir de unas disposiciones del Código Electoral que disponen que un partido debe tener en su papeleta un grupo de candidatos, pero el profesor reconoció que se necesitaría una interpretación judicial para dilucidar el alcance para 2024 del incumplimiento con ese estatuto.

El artículo 6.1 (1) (a) 1. A y B del Código Electoral dispone que un partido debe tener, entre otras posiciones, un candidato a la gobernación, uno a la comisaria residente y candidatos a los puestos legislativos por acumulación.

Conforme con esa disposición, el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la estratega política llamada Alianza, han nominado a candidatos a algunos puestos electivos pero le pedirán a sus electores que no voten por ellos, sino por los del otro partido, esto para aspirar al triunfo en las próximas elecciones si lograran repetir los votos que cada franquicia obtuvo en 2020.

Sin embargo, con la decisión del juez Cuevas Ramos, ahora en teoría el MVC no cuenta con su candidata a comisionado residente, o sea Ana Irma Rivera Lassén, y a sus candidatos a legisladores por acumulación, Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl, Myrna Conti y Edwin Marrero. Bajo el Código Electoral un partido tiene que tener candidatos para estas posiciones, y bajo la decision judicial del juez Cuevas Ramos el MVC pierde a sus candidatos para esos puestos.

Futuro del MVC de cara a las elecciones

¿Podría quedar fuera de la papeleta el MVC para esta elección?, se le preguntó al profesor.

«Es un problema de tiempo. Ellos van a acudir al apelativo y luego al Supremo; hay que esperar a que sea final y firme para entonces ver si se va a evaluar si el partido queda o no inscrito para este ciclo electoral o el siguiente. Al problema de la inscripción del partido le falta madurez, hay que esperar a que el proceso continúe», sostuvo Córdova Phelps.

La posibilidad de perder la franquicia no le aplica a Proyecto Dignidad, comentó Córdova Phelps, porque sus tres aspirantes sacados de la papeleta aspiraban a puestos por Distrito, por lo que no caen dentro de los que son indispensables para mantener la franquicia bajo el Código Electoral.

En el caso del Proyecto Dignidad, los candidatos afectados por la decisión judicial son Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Alamo y Wilfredo Pérez Torres.

Claro, esto requeriría que alguien hiciera ese planteamiento de forma independiente al caso actual porque no es parte de la actual controversia judicial, por lo que tendría que celebrarse un nuevo juicio, agregó el profesor.

«El derecho es rogado. Alguien tiene que alegar que el partido no esté inscrito en este ciclo», agregó.

Pero, «hay lenguaje en el Código Electoral que dice que (la descalificación) es para el próximo ciclo electoral», añadió el profesor.

Explicó también que el art. 6.1 del Código Electoral, en su quinto párrafo, dice que «cuando en una Elección General un Partido Político pierda su franquicia electoral», por lo que esto parece sugerir que la pérdida de la franquicia es después de la elección general.

«La pregunta, claro, es por qué certificar un partido que ya se sabe que incumplió con la ley antes de la celebración de la próxima Elección General. Esta sería la controversia a dilucidar», mencionó el profesor, quien también preside el Comité Asesor de Puerto Rico para la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.

Reacciona MVC

«La CEE confirmó que estos aspirantes no tenían que recoger endosos, así no solo se lo dijeron al MVC y sus candidaturas, sino que también a la prensa del país pues se acogieron al método alterno de selección. Este método fue avalado por todos los integrantes del MVC y entregado a la CEE. En el mismo se identificaban todas las normas y fechas que regirían el proceso. La CEE avaló y facilitó todo el proceso que estas candidaturas llevaron a cabo».

«Quienes firmamos esta declaración solicitamos que la CEE, como ente protector de nuestros derechos electorales, intervenga y detenga este atentado contra la democracia», agregaron.

MVC informó que estarán apelando la decisión judicial y estarán convocando manifestaciones bajo el lema la «Jornada en Defensa de la Democracia». 

«Desde hace tiempo sabemos que esto dejó de ser un asunto jurídico y se convirtió en un asunto político. Aquellos y aquellas que se ven amenazados y amenazadas por las posibilidades de este movimiento de cambio están dispuestos a hacer cualquier cosa para tratar de detenerlo y la voluntad de electoral no la van a cambiar», expresó a la prensa por su parte Manuel Natal, coordinador general del partido de MVC.

La senadora del MVC, Rivera Lassen, expresó durante el inicio de la Jornada en Defensa de la Democracia «nos están tratando de sacar de la papeleta por decretos judiciales y que no sea el pueblo de Puerto Rico el que decida quién esté o quién no esté…».

«Estamos aquí volviéndole a decir a Puerto Rico que el Movimiento Victoria Ciudadana está vivo. Yo voy a estar en esa papeleta. Vamos a estar en las elecciones», agregó.  

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