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Por Daniel Rivera Vargas

El próximo gobernador o gobernadora tendrá la oportunidad de llenar tres nuevas vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que representa una de las ocasiones en las que más vacantes en el alto tribunal estarán disponibles para nominación por un mismo gobernador.

Actualmente, el Tribunal Supremo está compuesto por ocho integrantes, ya que el puesto del noveno juez le pertenecía a la jueza asociada y exsecretaria de Justicia Anabelle Rodríguez.

Sin embargo, en el marco del gobierno compartido actual, el saliente gobernador Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), no logró que ningún candidato recibiera el consejo y consentimiento del Senado, que está controlado por el Partido Popular Democrático (PPD).

Rodríguez tuvo que retirarse del cargo debido a la disposición constitucional que establece una edad de retiro obligatoria para los jueces a los 70 años. La cantidad de vacantes en el Tribunal Supremo aumentará a tres porque dos jueces asociados actuales llegarán a los 70 años durante el próximo cuatrienio: Mildred Pabón Charneco en 2027 y Edgardo Rivera García, quien cumplirá 70 años el 3 de enero de 2025.

Se trata de nombramientos que pueden marcar, o transformar el alto foro, por mucho tiempo reconocieron figuras como los profesores de Derecho Yanira Reyes Gil y Luis A. Zambrana González, entrevistados por separado.

«Puede tener un efecto por décadas. Ciertamente es bien importante esta decisión. (El nuevo gobernador) nombrará a tres personas. Eso no se veía esto desde que cambiaron la constitución del tribunal (2009) cuando nombraron a seis jueces y eso cambió la dinámica del tribunal, por eso me parece que estamos en un momento trascendental y que por esa razón debería ser una decisión bien pensada, pensando en futuro», mencionó Reyes Gil.

«La importancia de estos tres nombramientos el próximo cuatrienio es trascendental. Tres jueces con una visión distinta de la función del Tribunal Supremo y del Derecho pueden reorientar la labor constitucional de revisión judicial», indicó por su parte Zambrana.

Reyes Gil, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, señaló que uno de los asuntos importantes que debe considerar el próximo gobernador o gobernadora es la participación de las mujeres en el tribunal.

Una vez que se retire Pabón Charneco, la única mujer en el alto foro local será la jueza presidenta Maite Oronoz. En contraste, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que, al igual que el de Puerto Rico, cuenta con nueve asientos, cuatro de los nueve integrantes son mujeres.

Según el Censo de 2020, en Puerto Rico viven más mujeres que hombres.

«Esto es un elemento que el próximo gobernador o gobernadora debe considerar, no solo porque sea una mujer sino porque hay muchos planteamientos que se llevan al tribunal con elementos de género, así que debe ser un tribunal que tenga más paridad en estos temas», manifestó la profesora.

Deben ser jueces, sostuvo Reyes Gil, «que sean conscientes de las repercusiones sociales de las decisiones que toman... por ejemplo, en el asunto de género se han dado decisiones recientes donde la mayoría del tribunal se ha centrado en un análisis muy rígido del derecho, sin considerar otros asuntos como la violencia que sufren las majees, la pobreza, la precariedad, y que podrían lleva al tribunal a una interpretación más holística de las controversias y los problemas».

Más allá del género, los nuevos nominados al Tribunal Supremo de Puerto Rico deberían tener una probada capacidad de análisis en diversas materias y áreas del derecho. Idealmente, deberían contar con un balance de experiencias en distintas áreas, como la práctica criminal, civil, constitucional, o incluso el derecho internacional.

«Es importante comenzar a mirar al derecho internacional como fuente de derecho importante en la toma de decisiones», sostuvo la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

«Me parece que con mucha frecuencia las decisiones sobre las personas escogidas se toman por razones ajenas a la profesión o a las necesidades de la comunidad, muchas veces por asuntos ideológicos o afinidades políticas con el gobernante. Es obvio que, en un sistema como el nuestro, donde no existe una carrera judicial y dado que el proceso de selección recae en el Ejecutivo, aunque este requiere el consentimiento del Senado, hay un elemento político importante. Sin embargo, eso no es impedimento para que un gobernador o gobernadora con amplio criterio y respeto a nuestro sistema de justicia pueda romper esos lineamientos políticos y hacer nombramientos que contribuyan al derecho, más allá de las líneas partidistas y con diversas visiones», añadió Reyes Gil.

Mientras, Zambrana González, catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, sostuvo que estos nuevos nombramientos pueden implicar cambios importantes.

«Sin ánimo de nostalgia ni de regresar al pasado, lo que sería un grave error, durante más de 15 años hemos visto un deterioro significativo en las garantías tanto procesales como sustantivas de amplios sectores de la sociedad, como son las personas acusadas, las privadas de libertad, los trabajadores, los pacientes de salud mental, la comunidad sorda, el movimiento ecologista o el estudiantil», indicó Zambrana.

El profesor entiende que la visión de una mayoría actual de jueces «no se enmarca dentro del garantismo jurídico, sino que peligrosamente se inserta en un sucedáneo criollo de textualismo u originalismo» que tiende a justificar normas considerablemente conservadoras.

La Universidad de Cornell define el originalismo como la teoría de interpretar textos legales como la constitución según se entendía al momento de adoptarse.

«Tres jueces o juezas nuevas podrían cambiar este rumbo y entender correctamente la Constitución como un cuerpo normativo vivo, al servicio de las necesidades actuales. Según mi experiencia, quienes hemos representado a personas de sectores vulnerables, como acusadas o privadas de libertad, no deberíamos temer acudir ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, desde hace más de una década sabemos que nos exponemos a que el foro ignore anónimamente el recurso, o que establezca una jurisprudencia en detrimento del sector más vulnerable. Esto debe cambiar urgentemente», dijo Zambrana, cuyos cursos incluyen derecho penal.

Sobre el perfil de los potenciales jueces o juezas nominados, Zambrana González mencionó que debe dirigirse a la máxima materialización de la «independencia judicial» y con valores que muevan a la compasión y la prudencia

«Sin desestimar los importantes problemas estructurales que existen en el sistema de nombramientos, sería deseable que los candidatos evaluados hayan demostrado en sus carreras ciertas virtudes éticas que los conviertan en las personas óptimas para tan importante cargo, más allá de consideraciones político-partidistas. La primera virtud es la humildad, que implica reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda para entender las complejas controversias apelativas que llegan ante el Tribunal Supremo. La humildad también contribuye a llegar a resultados más legítimos, pues están más cercanos a la realidad social. La segunda es la prudencia, que significa actuar de manera templada, justa y adecuada. No es prudente negociar votos en un tribunal colegiado; es prudente tener un ánimo de escucha y deliberación para llegar al resultado más correcto y, sobre todo, justo. La tercera es la justicia, como virtud que se materializa en la equidad, implicando la decisión más justa en el caso concreto», sostuvo Zambrana González.

Esa búsqueda de justicia debe estar guiada por principios fundamentales del derecho, como la proporcionalidad, la igualdad, la subsidiariedad y la jerarquía.

Otro elemento que, según Zambrana González, debe formar parte del perfil del nuevo juez es la compasión, es decir, la capacidad de empatizar y percibir el dolor del otro.

«Los jueces no son máquinas que aplican el derecho positivo de forma automática, ni tampoco son neutrales ante el ordenamiento jurídico. Son funcionarios públicos que se deben a aquellos que tocan a sus puertas en busca de amparo ante situaciones de vulnerabilidad o desamparo», afirmó el catedrático.

«Más allá de la vasta preparación académica, que siempre es importante, un juez humano y compasivo aspira a cuidar a los demás y estar cercano al sufrimiento del otro. Esperemos que ese ánimo de fraternidad sea el que prevalezca en algún momento en el Tribunal Supremo; en estos momentos estamos lamentablemente muy lejos de ello», añadió el profesor.