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Por Paola Arroyo Guzmán

Wyoming fue el primer estado de Estados Unidos en permitir que las mujeres votaran y, recientemente, se convirtió en la primera jurisdicción en penalizar las pastillas abortivas.

La catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Dra. Esther Vicente, lamentó la aprobación de esta medida y advirtió que esto podría traer repercusiones a nivel local al ser un prototipo para que legisladores y legisladoras conservadoras impulsen legislación similar en Puerto Rico.

«Esa legislación es parte del proceso de los sectores superconservadores de Estados Unidos que, como sabemos, que sus asambleas están controladas por ese sector. Es parte del retroceso que estamos viendo y el ataque a los derechos de las mujeres en muchos sentidos, y de otros sectores», dijo.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, firmó un proyecto de ley que prohíbe la mifepristona, comúnmente conocida como la píldora abortiva. De igual forma, aprobó la legislación para prohibir los abortos en el estado, excluyendo los casos de violación, incesto o cuándo la vida de la madre está en peligro.

Vicente, de igual forma, recordó que desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó Roe v. Wade, el histórico caso que por casi 50 años garantizó un derecho federal al aborto, estados como Texas y Carolina del Sur, han tratado de prohibir el derecho al aborto.

Recientemente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, determinó que no existe un derecho constitucional federal al aborto y que los estados y territorios tienen libertad para legislar al respecto.

«Es parte de ese movimiento conservador que ha ido ganado espacio en Estados Unidos de la mano de varios sectores religiosos», sostuvo.  Todas las formas de aborto son ilegales en doce estados, incluyendo lo que se realizan con fármacos.

«Cada estado pueden impulsar la legislación que entiendan que su ciudadanía quiera. Estas medidas son muy perjudiciales para las mujeres, y al derecho a la intimidad».

Impacto en Puerto Rico

Este tipo de medidas no tendrían que suponer un impacto para Puerto Rico, comenzó diciendo la profesora. «Sin embargo, aquí hay un sector conservador que, durante las últimas elecciones, lograron escaños en la Asamblea Legislativa».

Rememoró que tres legisladores presentaron recientemente un proyecto de ley que, entre otras cosas, impone penas de cárcel de hasta 25 años a las mujeres que enfrentadas a un embarazo no deseado.

El Proyecto de la Cámara 1644, que pretendía cambiar las condiciones que hoy día el derecho en Puerto Rico reconoce como válidas para la terminación de un embarazo, fue retirado posteriormente.

«El intento se dio contra una pared de un movimiento en defensa de los derechos de las mujeres, y reproductivos como tal. Un movimiento muy activo, y al cual se le ha unido muchas personas jóvenes activas contestando los planteamientos de los conservadores… Ahora hay mucho apoyo».

En Puerto Rico se ha suscitado un debate sobre el sentido y alcance del aborto, y se han presentado proyectos diversos que pretenden prohibirlo, con excepciones con motivos médicos, mientras que otros quieren que el aborto sea legal, libre e irrestricto.

 ¿Cuál es el estado de derecho actual sobre el aborto en Puerto Rico?

Pueblo v. Duarte es un caso del 1980 que implica la radicación de cargos criminales contra un médico que practicó un aborto.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la sentencia y avaló el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El tribunal interpretó de manera amplia el concepto de salud que aparece en el Código Penal de Puerto Rico, para que incluyese la salud física y la mental.