Por Paola Arroyo Guzmán

Luego que dos legisladoras presentaron un referido al Departamento de Justicia contra cuatro clínicas de aborto, Microjuris conversó con el licenciado Frank Torres Viada para conversar sobre el cómo, qué y por qué de la acción.

El abogado puntualizó que la Asamblea Legislativa no tiene el poder del desacato. Ese poder le corresponde a los tribunales. «Si eso hubiera sido así, las corporaciones asistirían al proceso».

«Dentro de sus ponencias podían negarse a contestar preguntas para no autoincriminarse. También podían alegar el derecho a la privacidad de terceros».

El proceso

Torres Viada explicó que el referido debe contener en detalle los hechos producto de la investigación que ha juicio de la Legislatura puedan constituir un delito.

Debe tener también una expresión sobre cuáles son los delitos y la prueba que sustente el referido.

Ahora que llegó al Departamento de Justicia, «se debe enviar a la correspondiente comisión y se le asigna un fiscal o una fiscal. Ese fiscal examina el referido, la prueba y puede determinar si hay delito o no», explicó.

Como parte de la investigación, la fiscalía podrá citar testigos, tomar declaraciones juradas o archivar el referido.

«Y si de esa investigación interna del Departamento de Justicia, ampliando lo que haya hecho la Legislatura previamente, surge la posibilidad de algún delito, entonces, los fiscales deciden si se presentan denuncias o no».

Si se presentan denuncias, podría iniciar un proceso penal.

Contexto

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que la agencia investiga a las clínicas de aborto que operan en Puerto Rico, tras el referido remitido del 18 de mayo de 2023 de las legisladoras Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz.

De acuerdo con Rodríguez Veve y Burgos Muñiz, el referido está sustentado por evidencia testifical y documental que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado ha recopilado como parte de los procesos legislativos relacionados con el Proyecto del Senado 495.

«Los hechos expuestos en el referido constituyen evidencia de que 118 menores de 15 años o menos se sometieron a terminaciones de embarazo en las clínicas privadas de aborto de Puerto Rico en los últimos cinco años. De su faz, el estado de embarazo de estas menores constituye, en lo menos, sospecha de agresión sexual y pudiera culminar en la determinación de la comisión del delito de agresión sexual», sostiene el documento.