Por Juan José Jiménez Lizardi

La columna publicada a continuación se da a base de un acuerdo de colaboración entre Microjuris y los y las jóvenes que participan en la iniciativa #EsMiTurno de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA). MPA es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes activos en iniciativas de cambio social para Puerto Rico.

En los pasados meses, hay quienes han celebrado la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) como un logro: el comienzo de una ‘Nueva Era’, proclama la administración del gobierno actual. Para muches, sin embargo, lo que se aproxima luego de este acuerdo no tiene nada de nuevo. Se trata, al contrario, de un incremento de la precariedad colectiva que hace años conocemos. Continúa la desmantelación de las instituciones públicas y la lenta desintegración de la fibra social del país.

La aprobación del PAD se dio luego de un periodo extenso de organización comunitaria, durante el cual los y las puertorriqueñas nos movilizamos para evitar un acuerdo que perjudicará aún más al pueblo. Cabe destacar el trabajo indispensable y las victorias que obtuvieron Construyamos Otro Acuerdo, la Colectiva Feminista, entre otras organizaciones, al concertar la lucha contra el pago de una deuda que a la ciudadanía no le corresponde asumir. Pero, al final, quien salió ganando con la aprobación del PAD no fue el pueblo.

De estos hechos se desprende una mezcla de frustración e impotencia colectiva que no se debe minimizar. Mientras que el proceso de reestructuración de la deuda se presenta como uno justo y cuasi-democrático, la balanza se inclina en favor de los acreedores. Los organismos con mayor influencia en el manejo de esta crisis fiscal, la Junta de Control Fiscal y las cortes federales, no aparentan ser neutrales con la negociación. En un contexto como este, donde los poderes políticos, económicos, y legales dominantes niegan nuestro derecho a vivir plenamente, ¿cómo podremos proteger nuestros recursos? ¿Será posible hacerlo?

Para la juventud del archipiélago, la frustración por la aprobación del PAD puede ser aún mayor. No cabe duda que el Plan cimentó unos compromisos largo-placitas que tendrán graves impactos para la juventud: recortes en fondos para la educación pública, menos oportunidades de obtener empleos dignos y estables, menos atención al efecto de la crisis ambiental en el país, entre otros. Ciertamente, todas las generaciones del país se verán afectadas por la austeridad que se avecina. Pero para quienes tienen toda una vida por delante en la isla, este Plan pinta un cuadro catastrófico, sobre todo cuando tantos y tantas economistas respetadas reconocen que bajo el acuerdo actual no le tomará más de dos décadas al Ggobierno recaer en déficit.

Ante este escenario, podría parecer que se nos cerraron las avenidas de lucha, que la juventud no tiene más opción que conformarse con décadas de empobrecimiento. Pero no es así. Por más presente que esté el sentimiento de impotencia, no podemos olvidar que la batalla continúa. Más aún, nos toca perseverar en la creatividad y ser un ente clave en cada ruta que busque alterar la balanza actual del poder político.

¿Cuáles son estas avenidas de cambio? En cuanto a la deuda pública, la juventud debe apoyar a toda costa los esfuerzos de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público. Aunque el PAD ya ha sido aprobado, una auditoría comprensiva y ciudadana aún sirve el doble propósito de (1) entender qué porción del monto total, y bajo qué mecanismos, se aprobaron ilegítimamente, y (2) familiarizarnos lo más posible con el tecnicismo de este tema, a la vez que fortalecemos las herramientas necesarias para defendernos con mayor éxito en el próximo debate contra acreedores. En esta mirada al futuro –donde la juventud será protagonista– no podemos dejar de tomar nota de otros países, Ecuador y Argentina, por ejemplo, que han luchado contra deudas externas.

Tampoco estamos condenados a aceptar las injusticias que el PAD perpetúa. Para cada una de las instituciones sociales que se verán afectadas (la educación pública y de calidad, la seguridad para mujeres y comunidades marginalizadas, la protección del medio ambiente, entre otras) existe un ecosistema de organizaciones (el Instituto Nueva Escuela, Taller Salud, Casa Pueblo, respectivamente) en defensa de los bienes públicos mediante abogacía comunitaria y legislativa. La juventud debe insertarse en estas iniciativas, colaborando con quienes ya llevan años de luchas, y asumir posiciones de liderazgo para construir un Estado que priorice el bien común por encima de intereses privados. Aquí también, como en la deuda pública, una mirada internacional será clave, aprendiendo de países como Chile que actualmente apuestan a una transformación profunda hacia una sociedad feminista, ecológica y más justa. Queda claro, entonces, que más allá del PAD y sus ataduras, hay un mundo de alternativas a perseguir.

Sobre el autor: Juan José Jiménez Lizardi es estudiante de derecho de la Universidad de Yale.

Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las de Microjuris.com.