Por Daniel Rivera Vargas

Un abogado penal con experiencia en el ámbito legal de Nueva York analizó las debilidades y fortalezas del primer juicio penal contra el expresidente Donald J. Trump.

Este juicio está programado para iniciar el 25 de marzo, momento en el cual el estado de Nueva York lo enjuiciará por fraude en relación con los pagos secretos a una actriz porno.

Leonardo Aldridge, abogado litigante con experiencia en la Oficina del Defensor Público Federal en Puerto Rico y Brooklyn, Nueva York, señaló que el caso próximo a iniciarse en Nueva York constituye uno de los cuatro procesos legales que enfrenta el expresidente por presunta comisión de delitos.

El caso en el estado de Nueva York versa sobre la presunta ocultación de pagos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con el objetivo de evitar que revelara detalles de su supuesta relación con el exmandatario.

Por otro lado, el caso en el estado de Georgia se relaciona con la supuesta interferencia de Trump en el pasado proceso electoral.

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Asimismo, el proceso en el tribunal federal de Washington aborda cuestiones relacionados al anterior y el caso en Florida se centra en el presunto mal manejo de documentos clasificados, al tener expedientes de seguridad nacional almacenados en su residencia.

«El procesamiento penal en Nueva York parecería ser, de los cuatro casos criminales que tiene el expresidente Trump, el menos fuerte», comenzó diciendo Aldridge. «Y digo esto porque algunas de las teorías legales que esboza la fiscalía de Nueva York son noveles, o no han sido utilizadas anteriormente, así que hay un elemento real de riesgo que no está tan presente como en los otros tres procesamientos penales donde se dirimen conductas criminales, a mi juicio, más fáciles de probar», aseguró el abogado.

Aldridge aclaró que los 34 cargos criminales en Nueva York están relacionados con la acusación estatal de falsificación de documentos comerciales en una modalidad grave.

Esto implica la necesidad de demostrar la intención de dos elementos: primero, que Trump tenía la intención de cometer fraude, y segundo, que se trataba de un fraude concebido para cometer otro delito. En este caso, la interferencia en el proceso electoral de 2016.

Según señaló Aldridge, estos casos generalmente se presentan en una modalidad menos grave, donde no es necesario probar estos elementos.

«Irónicamente, aunque es el menos fuerte en términos legales, podría ser el más importante. Número uno, es el primero, y eso va […] a poner a prueba la estámina de Trump, el discurso, su campaña política en un proceso que se vislumbra largo. Número uno. Número dos: existe la posibilidad real de que sea convicto y eso podría cambiar el panorama político. Hay quien simpatiza con Trump, pero quizá piensa que una convicción criminal ya es una línea muy fuerte para cruzar», sostuvo el letrado.

Además, tanto el caso de Nueva York como el de Georgia presentan un elemento adicional desfavorable para el empresario y exestrella de programas de telerrealidad. Según Aldridge, «este proceso es muy serio, ya que se lleva a cabo en una jurisdicción donde, en caso de que el expresidente Trump sea declarado culpable, no podría otorgarse un perdón si llegara a ocupar nuevamente la presidencia. No estaría disponible la opción de clemencia ejecutiva, a diferencia de los procesos federales».

También es relevante considerar la fecha en la que se ha programado el juicio: en marzo, que está muy próximo y podría afectar las actividades proselitistas, así como las implicaciones sociales y legales de una eventual sentencia de prisión, según explicó el también analista.

«Si sale culpable existe la posibilidad real de que salga condenado a prisión, con todo lo que eso conlleva para el sistema penal y para la convivencia en un lugar tan políticamente polarizado como lo está en Estados Unidos en este momento», sostuvo.

Sin embargo, en ninguno de los casos, la condena de cárcel le prohíbe postularse, afirmó Aldridge.

A palabras del abogado, esta es una situación que ya ha ocurrido en el pasado. Un ejemplo es el caso del socialista Eugene Debs, quien, según la Universidad de Cambridge, se postuló para la presidencia de Estados Unidos en 1920, mientras estaba encarcelado.

Consultado sobre el posible impacto de una condena relacionada con insurrección, dado que la tercera sección de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos sugiere que este acto constituye un obstáculo para que un oficial aspire a un cargo electivo, Aldridge señaló que este tema está actualmente bajo la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esto se debe a la decisión en un caso civil del estado de Colorado que buscaba excluir a Trump de la boleta primaria.

Aldridge también planteó la posibilidad de que Trump sea declarado culpable, pero que no reciba una condena de prisión. Dado que no cuenta con antecedentes penales, al igual que en Puerto Rico, es posible que un convicto por delito en Nueva York pueda beneficiarse de una sentencia que no implique tiempo en la cárcel.

Señaló que la realidad es que el procesamiento en Nueva York estaba programado para más adelante, ya que el fiscal neoyorquino tenía la intención de ser deferente con sus homólogos federales para que el primer juicio se centrara en la interferencia electoral relacionada con la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Sin embargo, debido a retrasos por cuestiones apelativas, el fiscal solicitó y el tribunal autorizó que el juicio comience el próximo mes.

«Lo que está en juego (en el caso federal del 6 de enero) era más importante: la democracia como tal y la transferencia de poder», dijo Aldridge.