La Gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el Proyecto del Senado 1401 de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz que proponía añadir un nuevo Artículo 2A a la Ley 137-2014, según enmendada, a los fines de aclarar el alcance de las facultades del Departamento de Vivienda en cuanto a la transferencia de los fondos federales del «Community Development Block Grant Program» (CDBG), a los municipios.

Mediante la aprobación de la Ley 137-2014 se facultó a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a distribuir entre todos los municipios catalogados como «non-entitlements» los fondos federales del CDBG que administra el Gobierno de Puerto Rico. Dicha facultad fue transferida a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) mediante la Ley 10-2017. El 27 de julio de 2018, y por virtud de la Ley 162-2018, dicha facultad fue transferida al Departamento de la Vivienda.

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Al finalizar la pasada Sexta Sesión Ordinaria, el presidente del Senado y a su vez autor de esta medida, Rivera Schatz, expresó luego que dicho cuerpo legislativo concurrió con las enmiendas realizadas por la Cámara de Representantes, que estas leyes citadas tenían como propósito que los fondos fueran administrados por las entidades mejor capacitadas para ello. Sin embargo, los efectos del huracán María sobre las operaciones del Gobierno de Puerto Rico, así como los trámites burocráticos para viabilizar las transferencias de facultades, provocaron una dilación en los trámites administrativos para realizar las transferencias de los fondos otorgados a más de cincuenta municipios.

Como consecuencia, los ayuntamientos aún no han recibido más de cuatro millones de dólares ($4,000,000) en fondos para reembolsar los gastos válidamente incurridos en proyectos en los cuales suscribieron acuerdos con OCAM y/u ODSEC.

La referida dilación ha provocado que muchos de los contratos entre los municipios beneficiados y la OCAM o la ODSEC hayan vencido, lo cual ha complicado la transferencia de fondos del Departamento a los ayuntamientos, toda vez que la agencia carece de un contrato vigente contra el cual realizar cada desembolso.

En ese contexto, la medida establece la autoridad legal del Departamento de la Vivienda para culminar las transferencias de fondos previamente acordadas por OCAM u ODSEC con los municipios, independientemente en la etapa de los trámites administrativos o contractuales en los que se encontraban dichas transferencias al momento de la aprobación de la Ley 162-2018. Ello incluye los fondos correspondientes a CDBG y sus variantes, «Disaster Recovery Enhancement Fund» (DREF) y «Neighborhood Stabilization Program 1 & 3» (NSP 1&3), entre otros.

Sin embargo, la gobernadora Vázquez Garced aclaró que los alcaldes deberán presentar toda la evidencia del uso de ese dinero.

Este proyecto que fue radicado y referido a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado el día 10 de octubre de 2019, fue aprobado por dicho cuerpo el mismo día sin enmiendas, y eventualmente pasó a la Cámara de Representantes el 21 de octubre, a donde fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Una vez aprobado por su cuerpo hermano y habiendo Senado concurrido con sus enmiendas, se envió a Fortaleza el día 5 de diciembre de 2019, siendo firmado el día 9 de enero de 2020.

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Foto: CHRISTOPHER E ZIMMER / Shutterstock.com