El Senado concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara  de Representantes sobre el Proyecto del Senado 1221,  el cual enmienda la Ley 40-2017 conocida como «Ley para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico» con el propósito de definir el término «uso comercial beneficioso», y modificar el término «cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón».

El proyecto, de la autoría del senador Larry Seilhamer Rodríguez, y suscrito por los co-autores Luis A. Berdiel Rivera y la ex-senadora, Zoé Laboy Alvarado, se aprobó en el Senado de Puerto Rico el pasado 23 de mayo con enmiendas. Mientras, que la Cámara de Representantes lo aprobó el pasado 14 de noviembre 2019, último día de aprobación de medidas en esta Quinta Sesión Legislativa con enmiendas de informe y de sala. El Senado concurrió con las enmiendas propuestas en su Sesión del 18 de noviembre de 2019.

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Según destaca el texto de la medida, la Ley 40, supra, estableció como política pública la prohibición del depósito y disposición de cenizas de carbón en todas las vías, terrenos, incluyendo vertederos, sistemas de relleno sanitario y cuerpos de agua dentro del territorio del Gobierno de Puerto Rico.  Además, prohibió almacenar cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón dentro del territorio de Puerto Rico por un período mayor de 180 días.

En su Artículo 3, la legislación dispuso que la prohibición y periodo no aplica a: 1) el almacenamiento controlado en tanques y silos, para la manufactura de cemento, hormigón y/o concreto previo a su uso, y 2) cualquier otro uso comercial beneficioso, según establecido por las agencias reguladoras estatales y federales concernientes.  Por tanto, la agencia reguladora debía establecer dicho "uso comercial beneficioso" dentro del término dispuesto en la citada ley.

Señala además que el reciente borrador del reglamento «Estándares para el uso Beneficioso de los Residuos de Combustión de Carbón» propuesto por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, define el «uso comercial beneficioso», y permite varios usos de las cenizas, tanto "encapsuladas» como «no-encapsuladas». Principalmente, el uso beneficioso «no encapsulado» generó gran preocupación y oposición por parte de la ciudadanía debido a que contempla su utilización como «material secundario en forma suelta y no adherida, y que involucra la colocación de éste sobre el terreno. Esto incluye uso de RCC y sus derivados en proyectos de construcción como relleno estructural, modificación y/o estabilización del terreno; agregado en bases o sub-bases de carreteras y pavimentación, entre otros.» Además, la reglamentación permite que se depositen sobre el terreno hasta 12,400 toneladas de cenizas no encapsuladas sin notificación pública.

Los autores destacan que recientemente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Calidad Ambiental emitieron una multa de $160,000 contra la empresa AES por exceder los parámetros establecidos en la emisión de tóxicos y por no presentar los planes de muestreo de agua y resultados analíticos de los estudios requeridos en órdenes anteriores. En adición, la agencia requirió que AES establezca anualmente un itinerario de muestreo de aguas subterráneas, la entrega de informes sobre la contaminación que ha provocado la empresa y un plan de acciones correctivas.

A este escenario, arguye el texto del Proyecto, se añade un reciente estudio del Environmental Integrity Project y Earthjustice que establece que sobre el 90% de las carboneras que operan en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, contaminan el agua subterránea en sus alrededores con una o más sustancias halladas en las cenizas o residuos de la combustión.

La cogeneradora AES Puerto Rico es una de las 242 plantas en Estados Unidos, evaluadas en el informe, que contaminan las aguas subterráneas en niveles que no son seguros para la ciudadanía o el ambiente.  En la Isla se identificaron boro, litio, molibdeno, selenio y sulfato que superan los niveles de seguridad en el agua.

La pieza legislativa arguye que las comunidades aledañas a la empresa AES y vecinas de Guayama continúan denunciando que su salud y calidad de vida se ha deteriorado. Por lo cual, se proponen estas enmiendas adicionales a la Ley 40-2017. Entre otras enmiendas, el texto aclara que «Se prohíbe la disposición de cenizas de carbón «fly ash» o residuos de combustión de carbón en todas las vías, terrenos, incluyendo vertederos, sistemas de relleno sanitario y cuerpos de agua dentro del territorio del Gobierno de Puerto Rico.  Esta prohibición incluye el uso de residuos de combustión de carbón no encapsulados, independientemente de que el mismo se pueda considerar como uso beneficioso.»

De otra parte, el legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, sostuvo que a su juicio aún falta la completa prohibición, para acabar así con la energía con carbón en el país, y que se proponía a continuar radicando medidas y promoviendo el que eso se logre.

La representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier también abogó por el cierre de la carbonera en el municipio de Guayama.

Líderes del Campamento contra las Cenizas, del barrio Tallaboa Encarnación de Peñuelas y del Comité de Diálogo Ambiental de Salinas, se encontraban presentes en las gradas de la Cámara al momento de ser aprobada y demostraron satisfacción con la aprobación de la medida.

La medida contó con un primer informe rendido por la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de la Cámara el día 4 de septiembre de 2019, un segundo informe rendido el 19 de septiembre, y un tercer informe aprobado el 6 de noviembre.

El Proyecto fue aprobado en Senado con el voto A Favor de todos los senadores presentes, mientras, en la Cámara de Representantes recibió 45 votos A Favor, el voto En Contra del José «Pichy» Torres Zamora y la abstención del Rep. Manuel O. Claudio Rodríguez.

Puedes ver cómo votaron todos en Cámara y Senado aquí:

Votación Cámara

Votación Senado

El proyecto de ley pasaría ahora a la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se comprometió con firmar la medida.

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